viernes. 19.04.2024
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Esta corriente se sostiene en un argumentario basado en varias falacias: la supuesta insostenibilidad del actual sistema sanitario, la necesidad de introducir medidas de copago en el acceso a los servicios, y la afirmación (errónea) de que la gestión de la sanidad privada es mejor y más eficiente que la pública

Hoy casi nadie discute las excelencias de nuestro sistema sanitario, ni se cuestionan sus buenos resultados. Sin embargo hay una salmodia, repetida hasta la extenuación por los defensores de la privatizacion, que reclama “mejoras y modernización” en la gestión y flexibilización de las organizaciones sanitarias, para superar la supuesta rigidez del sistema y aumentar su eficiencia. En las últimas dos décadas los centros de pensamiento ultraliberal en sanidad (Idis, Bamberg, Sedisa, PwC) elaboran argumentarios  para reclamar la “reforma” del sistema como elemento necesario para garantizar su sostenibilidad.

Pero, debajo de estos embustes, el lobo esconde sus colmillos: lo que en realidad buscan es el desprestigio y el desmantelamiento de los centros públicos y de su actual organizacion (eficaz, eficiente y de calidad, aunque tenga zonas de sombra), para provocar una situación de desorden y descontrol  que permita crear espacios de negocio a las empresas afines a expensas de los presupuestos sanitarios (que representan el cuarenta por ciento del dinero de las CCAA).

Tal como recordamos en el libroLa salud como negocio se pueden definir dos posiciones básicas en relación a la política sanitaria y la gestión de los servicios sanitarios públicos: una corriente progresista que entiende la salud como un derecho y la Sanidad pública como uno de los pilares esenciales del Estado de bienestar, y un pensamiento neoliberal que considera la sanidad como un negocio y defiende que cada cual accederá a los servicios sanitarios que pueda costear. Esta corriente se sostiene en un argumentario elemental basado en varias falacias: la supuesta insostenibilidad del actual sistema sanitario, la utilidad de separar la financiación de la prestación de los servicios, la necesidad de introducir medidas de copago en el acceso a los servicios, y la afirmación (errónea) de que la gestión de la sanidad privada es mejor y más eficiente que la pública.

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Pero la realidad es que en política se sostiene aquello que se quiere sustentar, y nuestra sanidad está, realmente, subfinanciada. El gobierno, en vez de intentar una mayor recaudación –con una fiscalidad progresiva y persiguiendo el fraude-, decide aplicar recortes severos que afectan a las capas más débiles de la población. Las externalizaciones y privatizaciones realizadas por los gobiernos autonómicos no mejoran la calidad de los servicios pero sí producen un encarecimiento de los mismos. El objetivo final de las empresas es repartir beneficios al cierre del ejercicio; para realizar la misma actividad utilizan menos trabajadores, con retribuciones más bajas y empleo más precario. La calidad del servicio siempre se resiente.

Los partidarios del copago defienden su aplicación en diversas áreas de la actividad sanitaria por su capacidad recaudatoria y por considerar que tiene un efecto disuasorio, que podría reducir la utilizacion inadecuada de los servicios. La realidad demuestra que no consiguen ninguno de estos objetivos, y que solo sirven para castigar, aún más, las depauperadas economías familiares.

Finalmente debemos recordar que las experiencias privatizadoras realizadas (Reino Unido, Valencia, Madrid) demuestran que no hay mejoría en la calidad de la atención ni en la gestión de los servicios. Al contrario, las privatizaciones supusieron un enorme aumento del gasto sanitario que llevó a las comunidades citadas a la bancarrota. Hay numerosos estudios que refuerzan la evidencia de que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta eficiencia del sector privado se basa, según Vicenç Navarro, en medidas como el ahorro en personal -tienen menos personal y con menor cualificación-, hecho que claramente daña la calidad de la atención médica.

Sanidad publica o privatizaciones: ¿qué beneficia más a la sociedad?