El Partido Popular utiliza la mayoría absoluta para legislar a favor de los intereses privados y contra los derechos de los ciudadanos. Actúan como la carcoma: destruyen desde dentro.
La Sanidad Pública gallega está siendo atacada desde el propio poder. Hay una percepción generalizada de que el sistema público está en riesgo por las decisiones políticas que adopta el Partido Popular, que utiliza la mayoría absoluta para legislar a favor de los intereses privados y contra los derechos de los ciudadanos. Actúan como la carcoma: destruyen desde dentro. Pero en el PP son expertos en decir una cosa y hacer la contraria. Así sucede con el Decreto de tiempos máximos de espera, aprobado por la Xunta en septiembre de 2017, que establece un límite temporal para la atención sanitaria hospitalaria (60 días para intervenciones quirúrgicas y 45 para consultas externas y pruebas diagnósticas). Estos límites son totalmente inalcanzables en el momento actual, dada la situación catastrófica de las listas de espera.
El gobierno publicitó esta norma como un avance para la sanidad pública y una garantía para los pacientes. Pero no es así sino todo el contrario. Por si hubiese alguna duda la Instrucción 1/2018 desarrolla el procedimiento de derivación a centros privados desde los servicios de admision del Sergas y dice textualmente (página 5): “Si el paciente no manifiesta su decision en el plazo de siete días o rechaza el centro alternativo ofertado, perderá la garantía prevista para este proceso. En cuyo caso se cerrará el expediente garantizado en el centro prescriptor con el motivo ´rechace oferta de resolución en otro centro`. La condición del expediente garantizado será la de expediente cerrado y pérdida de la garantía”. Esto quiere decir que aquellos pacientes que no acepten la derivación a un centro privado perderán el derecho a ser atendidos en el plazo establecido en el Decreto. Serán castigados a esperar sin límite. No se trata, por lo tanto, de garantizar el derecho de atención a los ciudadanos; este Decreto y la Instrucción que lo desarrolla son un mecanismo impúdico para garantizar el negocio de los centros privados que serán los receptores masivos de derivaciones, al tiempo que los pacientes que rechacen esta derivación quedarán privados de todo derecho.
Del mismo modo, estos últimos días (sin hacer caso del clamor de miles de personas que se manifestaron en Santiago el primer domingo de febrero convocados por SOS Sanidade Pública) el PP llevó al Parlamento la contrarreforma de la Ley de Salud de Galicia. El nuevo texto modifica sustancialmente la ley de 2008 (impulsada por el gobierno progresista de PSdeG y BNG), reduce las áreas sanitarias de once a siete y, además, establece medidas que protegen los intereses de la sanidad privada y de las multinacionales tecnológicas.
Se trata de un paso más, muy importante, en el desmantelamiento de los servicios públicos -después de anulación de las gerencias de Atención Primaria y de la creación de las estructuras de gestión integrada-, y en la perspectiva de imponer las Áreas de Gestión Clínica que fueron retrasadas en su momento por la negativa de los profesionales a aceptar la imposición. Esa medida, que el gobierno del PP tiene proyectado aplicar, significaría la privatización del núcleo duro de la sanidad pública: la propia actividad asistencial.
El nuevo texto de la Ley de Salud, que inicia ahora el trámite parlamentario, establece, entre otras medidas, la posibilidad de firmar contratos y convenios con entidades públicas y privadas para desarrollar productos o tecnologías sanitarias. De esa forma ponen los presupuestos, los centros públicos e incluso a los enfermos, al servicio de los intereses de las empresas privadas que dirigirán y controlarán las líneas de investigación e incluso podrán tener acceso a los datos de los usuarios. En este gobierno están actuando como liquidadores de los servicios públicos. Hay que detener esta actividad destructora, que podrá tener muy severas consecuencias en un próximo futuro.
