En el momento en que se esta debatiendo de nuevo la financiación de las CCAA, conviene hacer una reflexión especifica sobre la financiación sanitaria por dos motivos, porque es una de las partidas mas importantes de los presupuestos de las CCAA alcanzando entre un 35 y un 45% de los presupuestos totales de estas (de hecho es el que mas frecuentemente se invoca cuando se trata el tema de la financiación) y porque tiene unas características que hacen que merezca un tratamiento diferenciada.
Hemos pasado de 70.000 millones de euros de gasto sanitario liquidado en 2009 a unos presupuestos de 52.800 millones en 2014
Lo primero que debe estar claro es que existe una crónica insuficiencia financiera del sistema sanitario público, que se ha visto agravada con los recortes presupuestarios desde 2009 (hemos pasado de 70.000 millones € de gasto sanitario liquidado en 2009 a unos presupuestos de 52.800 millones en 2014), como es obvio los recortes han hecho mella en una situación preexistente que tampoco era buena como se puede comprobar con las deudas de las CCAA a los proveedores.
El siguiente hecho a tener en cuenta es que el modelo actual de financiación de las CCAA (con excepción de Navarra y País Vasco), vigente con pequeñas modificaciones desde 2001, produce unas tremendas desigualdades en los presupuestos sanitarios porque la financiación autonómica se produce en bloque (se recibe dinero para todas las competencias transferidas) y es cada una de las CCAA la que decide el destino final del dinero. Los hechos demuestran que existe una gran variación en los presupuestos per capita destinados a sanidad por cada una de ellas (en torno a los 500 € por habitante y año entre la que mas destina y la que menos), diferencia que se ha mantenido pese a los recortes lo que supone que aunque todas han recortado lo han venido haciendo en proporción similar, porque un teórico efecto de los recortes podría haber sido una disminución de las diferencias que no se ha producido.
El resultado es que con unas diferencias tan importantes en la financiación los servicios prestados finalmente no pueden tener la misma calidad y de ello deriva un efecto de inequidad en el acceso a las prestaciones sanitarias (en calidad y cantidad) según la comunidad autónoma en la que residan.
Otro efecto colateral es el que tiene que ver con las denegaciones de asistencia a ciudadanos con residencia en otra distinta a aquella en la que acuden a los dispositivos sanitarios públicos, practica no por ilegal, ya que contraviene las normativas vigentes, no es menos frecuente y provoca continuos problemas y todo ello porque el Sistema Nacional de Salud carece de un fondo de compensación de estas actividades asistenciales.
Ahora precisamente porque esta en debate la financiación de las CCAA es un buen momento para solucionar el problema de una vez por todas. En esta solución deberían de considerarse las siguientes cuestiones.
- Financiación suficiente para la Sanidad. Es un tema complejo porque definir con exactitud cuales son las necesidades financieras del sistema sanitario es complicado, habría que partir de un Plan Integrado de Salud (por cierto que se probo hacerlo en la Ley General de Sanidad en 1986 sin que hasta ahora se haya avanzado al respecto) que definiera necesidades y objetivos de salud y los fondos precisos para conseguirlos
- Financiación finalista. Si se quiere garantizar la eliminación o al menos la disminución significativa de las desigualdades en los sistemas sanitarios es preciso garantizar una financiación similar, no estrictamente igual porque hay motivos diferenciadores (pirámide de población, dispersión, accesibilidad, nivel socioeconómico, prevalencia de enfermedades, etc) que deben de contemplarse. Hay una experiencia en el Reino Unido, la formula RAWP que aunque pensada para ámbitos territoriales mas reducidos, demostró ser de una gran utilidad y bastante flexible porque incorporaba sistemas de evaluación y modificación.
- El establecimiento de un potente sistema de compensación que asuma los costes de la asistencia recibida en una comunidad autónoma distinta a la de la residencia habitual. Un mecanismo que debe ser controlado por el Consejo Interterritorial del SNS y que debe ser potente por la gran cantidad de información a evaluar, lo que no esta claro es si va a precisar una gran dotación económica, por supuesto que siempre mayor que la que disponen hoy los fondos de cohesión, porque los desplazamientos de población se producen prácticamente en todas direcciones y con cargas financieras muy distintas (hay comunidades autónomas que tienen mucha sobrecarga en atención primaria, otras en atención de problemas altamente especializados, etc).
En resumen, estamos ante una buena oportunidad para resolver de manera definitiva un problema antiguo que hasta ahora ha ido parcheándose de mala manera y que la crisis hace inevitable afrontar. La financiación finalista es la clave de cualquier solución porque si no se pone en marcha la sanidad seguirá siendo la excusa de todas las CCAA para conseguir una financiación que ellas mismas se encargan de despilfarrar en otras cosas, de ahí provienen los rechazos de las CCAA a este sistema, olvidando que es el único con capacidad para garantizar la protección de la salud para todas las personas en todo el territorio del país.
