domingo 29.03.2020
FADSP | DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La crisis de los refugiados, un grave problema de salud

Más de 10.000 niños desaparecidos, muertos o separados de sus padres y madres, con todas las secuelas psíquicas que esta situación supone para su salud presente y futura.

La crisis de los refugiados, un grave problema de salud

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos mostrar nuestra enorme preocupación por la situación de decenas de miles de refugiados ubicados en campos de concentración en los que,  pese a las terribles condiciones meteorológicas del invierno, viven en tiendas de campaña o simplemente a la intemperie. Esta situación pone en riesgo la salud física y psíquica de estos colectivos en una situación que recuerda la catástrofe crisis humanitaria de Ruanda o el Congo, que tantas lágrimas desencadenó en la opinión pública,  o al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial,  cuyo aniversario se celebró recientemente.

La explicación de semejante drama humanitario tiene su origen en las políticas neoliberales de reparto de los recursos del mundo a favor de los países desarrollados (agravadas por la crisis financiera y especulativa) que genera refugiados económicos; los intereses geoestratégicos de las grandes potencias que explican las guerras en Afganistán,  Irak o Siria apoyadas por USA, Francia y sus aliados árabes (Arabia Saudita, los Emiratos  y Turquía) que genera refugiados políticos;  y el cambio climático y sus secuelas de destrucción de recursos agrícolas, que genera refugiados medioambientales. Todo esto condena a la miseria  a millones de personas que buscan seguridad, porvenir y refugio en los países europeos.

La respuesta desde los países de la Unión Europea a este flujo migratorio se centra en levantar barreras físicas mediante muros, alambradas, ejércitos y policías, o en abolir la legislación Comunitaria o de las Naciones Unidas en materia de asilo y derechos humanos. Podemos decir que los gobiernos de la Unión Europea están en guerra contra los inmigrantes y los pobres en general.

Las consecuencias de esta actitud de los gobiernos de la Unión Europea para la salud personal y comunitaria  son terribles:

-          Más de 25.000 muertos ahogados en el mar (3.700 en el pasado año 2015 y 400 en los dos primeros meses de este año)

-          Más de 10.000 niños desaparecidos, muertos o separados de sus padres y madres, con todas las secuelas psíquicas que esta situación supone para su salud presente y futura.

-          Miles de personas mayores enfermas expuestas a condiciones infames y sin más tratamiento sanitario que el que prestan ONGs como en los países tercermundistas, dada la inhibición de los gobiernos y sus sistemas sanitarios

-          Agresiones sexuales a mujeres, mientras en nuestros países celebrábamos ayer o el día de la mujer trabajadora con centenares de artículos y apoyos gubernamentales.

-          El crecimiento de la xenofobia y el racismo (auspiciado por gobiernos de países como Polonia, Hungría, Austria o la misma Dinamarca) que suponen un grave trastorno mental y social que pagaremos a medio y largo plazo. La política del gobierno español de dar respuesta a los refugiados con la  creación de Centros de Internamiento (CIES) vulneran derechos humanos elementales, alambradas y concertinas y son un caldo de cultivo para estas actitudes (hace poco se cumplía el aniversario de la muerte de 15 inmigrantes en aguas del Tarajal).

Resulta inadmisible que de los 4,6 millones de refugiados de las guerras de Irak y Siria (propiciadas por intereses norteamericanos y europeos), 3,7 estén en países pobres como Jordania, Líbanos o Turquía  y tan solo 900.000 en países desarrollados de la UE cuyos gobiernos regatean e incumplen  las cuotas de 160.000 que se comprometieron a recibir, levantando 260 kilómetros de cemento y alambradas y aprobando leyes que vulneran los acuerdos internacionales sobre refugiados denunciados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados que pone en cuestión el acuerdo de los países de la UE de expulsar a todos los migrantes a Turquía,  algo prohibido por la Convención Europea de Derechos Humanos. Tanto Amnistía Internacional como Acnur recuerdan que Turquía no es un país seguro.

Habría que recordar que el lugar de destinar fondos para apoyar el desarrollo económico a de estos países o para dar acogida de los refugiados, la Unión Europea esta gastando ingentes recursos para beneficiar a empresas privadas que veden satélites, helicópteros, drones de vigilancia o buques, con los que se pretenden impedir el paso a  las pateras o barcos cochambrosos atestados de refugiados. El consorcio de periodistas The Mugrants´ file calcula en 13.000 millones de euros destinados a la lucha contra la inmigración ilegal. Uno de los principales beneficiarios de estos fondos es la Organización Europea para la Seguridad,lobby  de presión que representa los intereses de cuarenta sociedades privadas relacionadas con el negocio de la seguridad  mediante la Colaboración Público Privada (como en el caso de los hospitales de Valencia, Madrid o Galicia)

El futuro de la Unión Europea y sus valores de democracia y respeto a los derechos humanos  está en peligro si no hay un cambio de rumbo e esta política.

El Estado del Bienestar que garantizaba la Salud de la población de la ciudadanía europea puede tener los días contados por la deriva xenófoba y racista que se ha adueñando de los gobiernos europeos, incluidos algunos etiquetados de socialdemócratas como Francia o Italia o en coalición como Alemania.

Los profesionales sanitarios y la población tenemos la responsabilidad de cambiar esta situación que pone en riesgo no solo la Unión Europea, la democracia y los derechos sociales que tanto esfuerzo costó levantar a nuestros padres.

La crisis de los refugiados, un grave problema de salud
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