lunes. 07.10.2024
31

Ante las nuevas elecciones generales del próximo 20 de diciembre conviene hacer un análisis de lo que ha supuesto para la Sanidad Pública la política sanitaria del PP que, hay que recordarlo, se había comprometido precisamente a respetar la Sanidad Pública en la campaña electoral, promesa que se incumplió de manera amplia y reiterada y que la privatización de la Sanidad Pública ha sido el eje de la política sanitaria que solo ha retrocedido ante las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública, de profesionales y de ciudadanos, que se han extendido prácticamente a todos los puntos de la geografía de este país, y que aún se mantienen.

Las principales agresiones contra la Sanidad Pública pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Recortes presupuestarios

Los recortes presupuestarios han sido brutales, y no son fácilmente cuantificables por la falta de transparencia de las administraciones públicas, pero pueden estimarse entre 13 y 20.000 millones € desde 2009, que fue el año de mayor presupuesto público para Sanidad. Así, pese a que la crisis económica hizo descender el PIB, el porcentaje de gasto sanitario público sobre el PIB no ha parado de descender, desde el 6,7% en 2009 hasta el 5,8% en 2015, y aun mas porque aunque en 2015 y 2016 esta previsto un aumento del PIB las previsiones del gobierno enviadas a la UE siguen previendo una disminución del mismo hasta el 5,6% en 2016.

El modelo de financiación y las diferencias en los recorte del gasto sanitario público están incrementando las desigualdades sanitarias territoriales añadiendo mas problemas a la Sanidad Pública. En 2015 la diferencia en presupuesto por habitante entre la mayor presupuesto (País Vasco) con 1.548 euros y la que menos (Andalucía) con 1.004 es de 544 euros. Globalmente la diferencias entre las que más presupuestan y las que menos se han incrementado en un 5,1% desde el año 2010. La intensidad de los recortes también ha variado según las CCAA así la disminución de gasto sanitario promedio en las CCAA, según datos oficiales, alcanzaba en 2013 (respecto a 2009) el – 20,9% con casos extremos como el de Castilla la Mancha (-28,5%).

Estos recortes han supuesto cierres de plantas hospitalarias, cierres de quirófanos, consultas, puntos de atención continuada, etc, la no cobertura de las jubilaciones, bajas y suplencias, el deterioro condiciones de trabajo: mas horas, menos retribución, mas carga de trabajo, mas precariedad, y el aumento la presión asistencial: deterioro calidad, aumento  estrés, errores y accidentes laborales. A la vez un aumento de las listas de espera que han sido sistemáticamente maquilladas y ocultadas por una política oficial más preocupada en el “marketing” y la “imagen” que en la resolución de los problemas. En resumen se ha producido una perdida de la capacidad del sistema sanitario público para atender a las necesidades de salud de la población.

2. El RDL 16/2012

EL RDL introdujo el Copago farmacéutico para los pensionistas y puso fin de la Universalidad de la asistencia al vincular el derecho a la asistencia sanitaria con el aseguramiento y por ello excluir de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles, jóvenes o parados de larga duración  (la retirada de la tarjeta sanitaria a estos colectivos impide el acceso a la asistencia en centros de salud y hospitales y a medicamentos subvencionados por la sanidad pública).

El RDL ha tenido una repercusión muy negativa para el colectivo de inmigrantes no regularizados que han visto empeorada su salud y han sufrido muertes por desatención. Aparte de las consideraciones humanitarias y de la vulneración de derechos humanos, no se ha logrado un ahorro significativo; no están evaluadas las repercusiones sobre las personas con estancias superiores a 90 días en el extranjero; las  modificaciones en la cartera de servicios han tenido un impacto económico irrelevante y en cambio plantean serios problemas de discriminación; los copagos y retiradas de la financiación pública de medicamentos han trasladado gasto sanitario público a gasto privado (bolsillos de los pacientes) generando desigualdades y creando entre los pensionistas grupos significativos que no retiran los medicamentos prescritos con los resultados que tendrá sobre su salud (el 14,76% según  datos de la FADSP)

El texto se encontró desde el principio con una fuerte oposición de todos los grupos de la oposición (salvo Ciudadanos) y de una parte relevante del sector sanitario, que consiguieron que algunos apartados del mismo como la fragmentación de la Cartera de Servicio en tres (dos de ellas de copago como el transporte sanitario no urgente o productos ortoprotésicos o dietoterápicos)  no fueran desarrollados.

En resumen, el RDL, aunque no se esta aplicando en una gran parte de su contenido, ha producido un gran daño a la salud de muchas personas y produce discriminación y desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias, y sigue en vigor, persistiendo como una “espada de Damocles” sobre el derecho de las personas a la atención sanitaria, por eso entendemos que es urgente su derogación y que es la única salida coherente en la situación actual

3. Las privatizaciones

Las privatizaciones sanitarias no están relacionadas directamente con la crisis (en Cataluña vienen desde antes de la democracia y el primer hospital por concesión administrativa fue el de Alzira en 1995), pero estos últimos cuatro años han tenido un incremento significativo, si bien una parte de ellas no han podido llevarse adelante por el gran rechazo social y profesional que han producido.

A partir de los años 90 se inicio una gran ofensiva privatizadora en algunas CCAA, especialmente en Valencia con la puesta en funcionamiento del “modelo Alzira” que luego se extendió a Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre con la construcción de 7 hospitales por el modelo PFI ( la diferencia con las concesiones administrativas del llamado modelo Alzira es que en este empresas privadas construyen los hospitales y los gestionan totalmente  recibiendo contrapartidas económicas durante 20 o 30 años, y en el modelo PFI las empresas privadas solo gestionan lo que se considera no sanitario) y que ha tenido presencia en varias CCAA mas (Baleares, Castilla y León, Galicia). Estas privatizaciones demostraron ser mucho más caras que la alternativa pública (sobrecostes de entre 7 y  hasta 10 veces), tener menos personal, y tener peor calidad asistencial.

A pesar de ello durante esta legislatura ha habido varios intentos de avanzar en las privatizaciones sanitarias, si bien en general han tenido serios obstáculos para lograrlo. En Castilla La Mancha se intento privatizar 4 hospitales comárcales y otros 2 en Extremadura, asimismo en Madrid se quiso convertir 6 hospitales PFI en concesiones administrativas y privatizar 27 centros de salud, y construir un hospital PFI en Alcañiz, en todos estos casos no se consiguieron los propósitos de los gobiernos del PP. No obstante en este periodo se ha adjudicado un contrato PFI para el hospital de Toledo, que esta todavía pendiente de concretar porque el nuevo gobierno había prometido paralizarlo y se ha abierto en nuevo hospital de Vigo (con el modelo PFI) en medio de una gran contestación social y profesional.

No obstante se están buscando otras vías de privatización que pasen mas desapercibidas ente la opinión pública, entre ellas las derivaciones sistemáticas a centros privados de pruebas diagnosticas, consultas e intervenciones quirúrgicas, y las denominadas unidades de gestión clínica o los contratos de gestión. También conviene tener en cuenta que aspectos muy importantes del  sistema sanitario como la investigación, la informática, o la formación se encuentran fuertemente privatizados.

4. Una desastrosa política de personal

Estos tremendos recortes han tenido grandes repercusiones sobre el funcionamiento del sistema sanitario y se han trasladado sobre todo a las partidas destinadas a las retribuciones de personal (Los datos de FUNCAS señalan que la disminución del gasto sanitario ha supuesto solo un 0,87% menos que la del gasto sanitario total), de manera que en 2015 el sistema sanitario público tenia en torno a unos 55.000 trabajadores menos (una vez mas chocamos con la falta de transparencia de los datos oficiales).

Otro hecho muy significativo es el notable empeoramiento de las condiciones de trabajo en el sistema sanitario público, donde proliferan la eventualidad, los contratos por pocos días e incluso por horas, rompiendo con la necesaria continuidad de la atención que es una de las claves de una asistencia sanitaria de calidad, y que además favorece la emigración de profesionales muy calificados descapitalizando a la Sanidad Pública.

5. El descontrol del gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico en recetas disminuyo con la aplicación del RDL 16/2012, porque se traslado gasto público a gasto privado. Pero a partir de mediados de  ha vuelto a crecer el gasto farmacéutico total y por habitante en todas las Comunidades Autónomas (tendencia que se mantiene el primer semestre de este año). El gasto público en recetas  paso de 9.183 millones (2013)  a 9.362 (2014), mientras que el gasto farmacéutico hospitalario ha experimentando un importante crecimiento (7,2%) pasando de 4.380 millones en 2010 a 4.746 en 2014.

El gasto privado por habitante en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos en España creció un 1% en 2014  (alcanzando los 159,23 euros) siendo las personas solas mayores de 65 o más años, los que más gastan en medicamentos y otros productos farmacéuticos con 346,04€  per capita de gasto al año en 2014 (el doble que la media).

El gasto farmacéutico hospitalario es objeto de ocultación sistemática por parte de las administraciones sanitarias. No obstante se conoce que en los primeros 8 meses de 2015 el gasto hospitalario en farmacia ha presentado un aumento del 23,2%, lo que hace que el gasto farmacéutico total se haya aumentado en este periodo en el 9,8%.

El fracaso de la política farmacéutica del Gobierno de Rajoy se evidencian (además de en el repunte del crecimiento del gasto, la irracional y las desigualdades), en que la Comisión Europea no se cree los cálculos del Gobierno para lograr los objetivos del déficit para 2015 y 2016, en ahorro farmacéutico de los Presupuestos Generales del Estado  para este año. El Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros señaló recientemente que “los incentivos y las medidas para conseguir el ahorro farmacéutico no han sido completados ni los gobiernos autonómico los han suscrito, por lo que el gasto en farmacia va a mantener su tendencia irracional y alcista”.

Como colofón los ministerios de Hacienda y Sanidad han suscrito un pacto con Farmaindustria en el que le garantizan un crecimiento del gasto farmacéutico igual al del PIB lo que supone un peso cada vez mayor del gasto farmacéutico en los presupuestos sanitarios (ya se ha señalado antes que estos descienden en relación al PIB)

6. Las listas de espera

Los recortes presupuestarios, la reducción de personal sanitario en 55.000 personas; el cierre de la actividad de los hospitales por las tardes, han pasado una abultada factura a las listas de espera. El tiempo de espera para ser operado supera el medio millón de habitantes a finales del 2014, lo que supone  52.388 personas más (un 10%) que cuando el PP llegó al poder en el año 2011. En estos cuatro años el tiempo de espera quirúrgico se ha disparado de 73 a 87 días, es decir 14 días  más (16%)  que al inicio de la legislatura.  Los pacientes que aguardan más de seis meses para ser operados siguen superando el 9% del total algo escandaloso para personas que necesitan ser operadas.  Hay que tener en cuenta que estas cifras son solo de la lista de espera estructural, dado que miles de pacientes se acumulan en las litas no estructurales, con las que la administración sanitaria del PP pretende disfrazar la realidad. También los pacientes que aguardan cita con especialista han aumentado pasando de una espera media de 58 a 65 días es decir una semana más (12%), al igual que el porcentaje de los que espera más de dos meses para ser atendidos. En este incremento ha tenido una especial relevancia el cierre de consultas, quirófanos y servicios diagnósticos de los hospitales públicos por las tardes y la supresión de las horas extra que hacían los trabajadores sanitarios para aliviar las listas de espera (peonadas). Las reducciones de profesionales y de medios, sin políticas de aumento de la productividad con incentivos adecuados, explican este desastre asistencial.

7. El abandono de la salud pública

Aunque en 2011 se acababa de aprobar la Ley General de Salud Pública (23/2011)  esta continúa sin desarrollar en todos sus aspectos principales, lo que es especialmente grave si tenemos en cuenta que la OMS lleva años alertando sobre el aumento de las probabilidades de la irrupción de pandemias, favorecidas por la globalización y el cambio climático. La desastrosa gestión de los casos de Ébola pone de relieve la ausencia de una estrategia de abordaje de los problemas de salud pública.

En este asunto, como en los demás, se ha notado la ausencia una política coherente por parte del Ministerio de Sanidad cuyos máximos responsables han sido un ejemplo de ignorancia e incompetencia, cuando como en el caso de la Sra Mato se ha unido a la arrogancia y la prepotencia la situación no ha podido ser más negativa.

Los cambios y las elecciones

Los cambios producidos en las últimas elecciones autonómicas, en las que 7 CCAA han dejado de ser gobernadas por el PP abren algunas expectativas positivas porque todos los gobiernos que se han formado en las mismas se han comprometido con la Sanidad Pública (mas presupuesto, paralizar y recuperar las privatizaciones, universalizar la asistencia sanitaria, etc) aunque obviamente hay que ver en que medida las promesas se concretan en realidades, los próximos presupuestos serán un indicio de ello. También en Madrid el nuevo gobierno del PP ha hecho muchas promesas referidas a la Sanidad, aunque es probable que se queden mas en una operación de imagen a la espera de lo que sucede en las elecciones generales. Son precisamente estas elecciones las que marcaran la posibilidad de recuperar el sistema sanitario público o potenciaran algunos de los aspectos más regresivos en que se ha avanzado en estos años (por ejemplo Ciudadanos que no es partidario de recuperar la sanidad universal y que esta por lo que llaman el modelo mixto, es decir la privatización, ya ha señalado que piensa favorecer los copagos)

En esta situación necesitamos un gobierno que cambie de una manera radical esta política sanitaria y que coloque al derecho a la salud y en una atención sanitaria de calidad en el sistema sanitario público, en el centro de sus actuaciones. Se deben promover actuaciones de refuerzo de la Sanidad Pública, acabando con los recortes y las privatizaciones y garantizando  el derecho a la atención sanitaria, en el marco de políticas publicas para combatir  la acumulación y el individualismo y para favorecer la redistribución de la riqueza, la solidaridad y la salud de la población.

Todo ello depende de nuestro voto, tenemos que acudir masivamente a las urnas el próximo 20 de diciembre, no votar por los partidos que están destruyendo la Sanidad Pública y hacerlo por los que tienen un firme compromiso con la recuperación de una Sanidad Pública universal, con provisión pública, con financiación suficiente y sin barreras económicas para el acceso a la atención sanitaria.

Balance de la política del PP en Sanidad: Recortes, deterioro y privatización