Javier Fernández es incapaz de asumir esta crisis con un mínimo de eficacia
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha exigido a dimisión del consejero de de Sanidad de Madrid, Javier Fernández, tras las declaraciones en las que acusa a la enfermera contagiada de ébola de “mentir.
La Asociación considera que la consejería de Sanidad madrileña “es la responsable de haber desmantelado el Hospital Carlos III convirtiéndolo en un centro de media y larga estancia, de haberlo reabierto en condiciones precarias y de intentar cerrarlo en 2 ocasiones tras la llegada del primer enfermo de ébola”.
Según recuerda la FADSP en una nota enviada a los medios, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cerró el Instituto de Salud Pública y la Dirección General de Salud Pública en 2008, dejando a la región sin organismos con capacidad técnica para abordar emergencias de salud pública.
La consejería de Sanidad madrileña asumió el tratamiento de enfermos de ébola en el hospital Carlos III “sin garantizar ni los medios técnicos ni la formación ni el entrenamiento suficiente del personal sanitario que atendía a estos enfermos”.
La FADSPU también acusa a la consejería de “no responsabilizarse del seguimiento de los sanitarios que trataron a los enfermos” y de hacerlo de manera “irregular”, sin garantías suficientes para el personal sanitario.
Es más, señala la asociación, “a día de hoy todavía no se ha realizado una información suficiente ni se ha realizado un registro ni una encuesta epidemiológica de las personas que vivían en el mismo edificio de la afectada”, limitándose a “trasladar sus responsabilidades a una persona enferma que lo está por atender voluntariamente y con poco entrenamiento a un enfermo con alto riesgo de contagio”.
Por todo ello, la FADSPU considera la actitud del consejero “éticamente despreciable e insultante para los profesionales sanitarios” y exige “la inmediata dimisión” de Javier Fernández, “un personaje incapaz de asumir esta crisis con un mínimo de eficacia” y cuya permanencia en el cargo supone “un grave riesgo para la salud de la ciudadanía madrileña”.
