jueves. 28.03.2024
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Resulta paradójico que el Gobierno hable de ayuda a la familia y a la conciliación cuando aplaza nuevamente la ampliación del permiso de paternidad por quinto año consecutivo

En la recta final hacia las elecciones generales, el Gobierno sigue con su permanente campaña propagandística haciendo un uso retorcido de las reivindicaciones de las empleadas y empleados públicos, cuya última manifestación es la irrupción pública de ayer del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados anunció algunas medidas a incorporar a través del proyecto de Presupuestos de 2016 y que afectarían en exclusiva a las personas trabajadoras de la Función Pública.

La medida estrella anunciada el 19 de agosto por el secretario de Estado, Antonio Beteta, que  “las empleadas públicas gozarán de permisos retribuidos desde la semana 37 de embarazo y hasta el día del parto”, no ha sido negociada con los sindicatos y dista de poderse considerar como una “medida  de apoyo a la familia” y que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres en las Administraciones Públicas. Además sorprende que en el proyecto de Ley dicha medida se establezca solamente para las funcionarias y no para las empleadas públicas con relación laboral ordinaria.

FSC-CCOO considera que este nuevo permiso retribuido anunciado, queda cojo y lejos de las iniciativas y medidas que hemos venido proponiendo al Gobierno, en apoyo a la familia, a la igualdad de mujeres y hombres y que favorecen la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los menores.

FSC-CCOO ha planteado en la negociación del II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, la equiparación del permiso de paternidad que actualmente tienen las personas que desempeñan su actividad laboral en el empleo público, al del resto de trabajadoras y trabajadores, propuesta que no aceptó el Gobierno, no siendo incorporada al citado Plan, firmado el 30 de julio sin la adhesión de nuestro sindicato.

FSC-CCOO rechaza que bajo el paraguas justificativo de las causas económicas, en los Presupuestos Generales del Estado 2016 se demore otro año y ya van cinco, la ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida hasta el próximo 1 de enero de 2017, por lo que hasta esa fecha se mantiene en 13 días, en vez de las cuatro semanas que contemplaba la Ley de Igualdad de 2007.

FSC-CCOO pone un especial énfasis en que, si bien es cierto que el último periodo de embarazo puede ser el que más dificultades presente, rechaza que se trate gubernamentalmente a la mujer embarazada como si fuera una mujer enferma, ya que para los supuestos de embarazos complicados ya hay medidas concretas, como son las incapacidades transitorias y las suspensiones de contrato por riesgo durante el embarazo y que, en todo caso, esta medida anunciada por el señor Beteta “sería necesaria” para todas las trabajadoras con independencia de si trabajan para una Administración Pública o para una empresa privada.

CCOO, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas del pasado 30 de Julio, ante los comentarios del ministro Cristóbal Montoro, se posicionó diciendo que estas propuestas gubernamentales eran del todo insuficientes, exigiendo al Gobierno un acuerdo político que reconociera todos los derechos eliminados y abordara una recuperación total de los derechos arrebatados para todas las empleadas y empleados públicos, acuerdo que debería haberse negociado antes de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y que en cualquiera de los casos deberá negociarse antes de la finalización de la tramitación parlamentaria del citado Proyecto.

Para la FSC-CCOO es imprescindible abrir un calendario concreto con interlocución solvente y voluntad política del Gobierno para restituir los derechos que su política le ha restado a las empleadas y empleados públicos, entre los que se encuentra la recuperación plena y decidida del derecho a la negociación colectiva que ha sido hurtado por el Gobierno con la excusa de la crisis económica.

El Gobierno utiliza la maternidad de las funcionarias como "propaganda"