La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica un nuevo informe, La maternidad y la paternidad en el trabajo: Legislación y práctica en el mundo, que actualiza los datos de 2005 y 2010.
El informe examina la legislación y la práctica a nivel nacional en materia de maternidad y paternidad en el trabajo de 185 países y territorios y el grado de cumplimento con las normas de la OIT en la materia como son el Convenio sobre protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) o el Convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), y concluye que en la última década muchos países han incorporado en su legislación los principios de protección de la maternidad y de apoyo a los trabajadores con responsabilidades familiares.
Los principales datos que arroja el informe son:
- El 53 por ciento, 98 de los 195 países estudiados, cumplen la norma de la OIT que establece una licencia de maternidad de al menos 14 semanas. Desde 1994 se ha registrado un cambio progresivo hacia períodos de licencia más largos que cumplen o superan las 14 semanas y ningún país ha reducido su duración.
- El 58 por ciento (107 países) financia las prestaciones por maternidad a través de la seguridad social. Entre 1994 y 2013, la financiación de las prestaciones ha disminuido de 33 a 25 por ciento en pro del cargo a fondos públicos.
- De los 167 países estudiados, 79 establecen un derecho legal a la licencia de paternidad. En 70 de ellos la licencia es remunerada poniendo de manifiesto la tendencia de una mayor participación de los padres. En 1994, la licencia de paternidad existía en 40.
- El 75 por ciento (121 países de 160) tienen disposiciones relativas a las interrupciones para la lactancia después de la licencia de maternidad.
- Sin embargo, alrededor de 830 millones de trabajadoras, el 80% de las cuales se encuentran en África y Asia, siguen sin tener cobertura adecuada en la práctica, donde es mayor la prevalencia de trabajo informal, y donde los índices de mortalidad materna e infantil siguen siendo elevados.
“En la práctica la falta de protección sigue siendo uno de los mayores desafíos para la maternidad y la paternidad”
A pesar de los progresos generales, la discriminación de la maternidad persiste en todos los países, afirma el informe. La coautora del informe Laura Addati, especialista en protección de la maternidad y de conciliación entre la vida familiar y profesional del Servicio de género, igualdad y diversidad de la OIT señala que “en la práctica la falta de protección sigue siendo uno de los mayores desafíos para la maternidad y la paternidad”.
Por ejemplo, un examen por países de la Unión Europea, reveló un nivel apreciable de discriminación por razón de maternidad en todos sus Estados miembros, precisamente en una región en la que los países cuentan con legislación adecuada contra la discriminación. En España, Lituania y Rumania se han identificado tácticas de presión a trabajadoras embarazadas y madres recientes, como el acoso, para inducirlas a renunciar. En Croacia, Grecia, Italia y Portugal se ha denunciado el uso de «renuncias en blanco», una carta de renuncia sin fecha, que las trabajadoras se ven forzadas a firmar al momento de la contratación, y que se utiliza para dejarlas sin trabajo en caso de embarazo, enfermedad de larga duración o responsabilidades familiares.
Si bien 145 de los 165 países sobre los que se disponía de información cuentan con leyes que prohíben la discriminación por razón de maternidad, algunas de estas tácticas se han intensificado desde que comenzó la crisis económica mundial.
El informe sostiene que los países han adoptado políticas diferentes con respecto a esta materia desde el inicio de la crisis en 2008. En algunos países como Grecia, Letonia y Rumanía, la disminución del salario mínimo o el debilitamiento del sistema de negociación colectiva, consecuencia de las nuevas leyes adoptadas tras las medidas de consolidación fiscal, están erosionando el nivel de las prestaciones de maternidad. Sin embargo, otros como Alemania, Australia, Eslovaquia, Francia, Noruega y Polonia se han promovido cambios positivos en las políticas a favor de la conciliación de la vida familiar y profesional, incrementando el nivel de apoyo a las familias durante la crisis y facilitando el acceso a la enseñanza y la atención de la primera infancia y a los créditos fiscales, así como aumentando la duración, el alcance y los niveles de las prestaciones de maternidad y de licencia parental.
El informe concluye que se han producido avances legislativos importantes, sobre los que hay que se seguir avanzando, si bien urge avanzar en la práctica y en su aplicación, y propone una serie de recomendaciones como son, entre otras: crear una cultura favorable en el lugar de trabajo, promover la distribución equitativa de responsabilidades familiares en los hogares entre hombres y mujeres.
