martes 2/3/21
AVALA LA IMPUGNACIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL TC

El Consejo de Estado ve en la resolución de ruptura una "declarada insumisión”

El Consejo de Estado propone que la suspensión se notifique "bajo apercibimiento" a un total de 21 cargos.

parlament

El Consejo de Estado considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán, ya que, según destaca, esa resolución "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado". Según añade, niega el "orden constitucional vigente en su conjunto".

Así se recoge en el informe preceptivo que ha elaborado el Consejo de Estado, y que este martes ha sido aprobado por unanimidad  de la Comisión Permanente de este órgano consultivo. En su informe, el Consejo de Estado señala además que la impugnación ante el Constitucional "correspondería que se dirigiera contra la resolución en su conjunto" y no "contra puntos concretos de la misma" puesto que "todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios informadores".

Propone que la suspensión se notifique "bajo apercibimiento"

El dictamen del Consejo de Estado que avala la impugnación por el Gobierno, plantea que el órgano de garantías incluya tres puntos concretos en la providencia que previsiblemente dictará admitiendo a trámite el citado recurso. Entre ellos, que la providencia se notifique "bajo apercibimiento" a un total de 21 cargos electos y del gobierno de Cataluña.

En concreto, se propone pedir que el TC notifique a esas personas concretas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones" -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

Así, el Consejo de Estado propone que la resolución que adopte el Pleno del tribunal de garantías sea notificado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, a cada uno de los cuales se cita expresamente.

Además de los dos antes citados, los notificados deberían también ser cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento,  Pere Sol i Ordis.

La notificación debería extenderse también, según el Consejo de Estado, a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; al consejero de Salud Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.

La notificación debe extenderse, "en su caso a quienes resulten designados por el presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento Catalán".

Entiende el Consejo de Estado que debe solicitarse también al Tribunal Constitucional que la notificación se practique a todos ellos bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones, de acuerdo con previsto en el artículo 92.4b) de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), así como de "procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento".

Además, sugiere que se solicite al Tribunal Constitucional que en dicha notificación se imponga a Forcadell, a la Mesa del Parlamento de Cataluña y al secretario general de esta cámara legislativa "la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna (...) que directa o i indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida".

Incluyen en esta prohibición el anexo con los derechos sociales incluido el pasado viernes, y también que el presidente de la Generalitat o cualquier miembro de su Consejo de Gobierno promuevan iniciativa legislativa alguna, sea del rango que sea, con la misma finalidad.

El Consejo de Estado ve en la resolución de ruptura una "declarada insumisión”
Comentarios