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8 de octubre de 2010, 11:08
NUEVATRIBUNA.ES - 7.10.2010
...y dejando en segundo plano la reiterada postura del Estado venezolano de rechazo a cualquier práctica del terrorismo. Esto es lo que trsciende de la lectura de la prensa de aquél país y lo que pretendía transmitir el comunicado leído hace un par de días en rueda de prensa por el embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, cuando estaba en todo su apogeo la campaña contra Hugo Chávez a raiz de haberse conocido que dos etarras, Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, habían 'confesado' haber realizado cursos de instrucción en Venezuela.
Entoces, el embajador intentó desautorizar a los terroristas afirmando que sus declaraciones "fueron dadas por su condición de perseguidos por entes de seguridad españoles", por lo cual los dos detenidos pudieron haber confesado haciendo uso de una estrategia jurídica con la que se busca aminorar sus posibles penas. Explicó que existe la figura jurídica de admisión de los hechos, con la cual los acusados pueden pasar de actores a colaboradores de un juicio, lo cual está previsto en los códigos procesales de varias naciones, incluidos los de España y Venezuela y restó a sus afirmaciones cualquier valor probatorio.
"Aún conscientes de que en estos casos no debe ocurrir la tortura, las amenazas contra seres queridos o bien recompensas para que se pronunciaran en la forma que lo hicieron, Venezuela tiene serias dudas de que estas declaraciones, por falsas y maliciosas de parte de quienes las emitieron, hayan sido totalmente voluntarias", dijo Rodríguez y sus palabras provocaron otra tormenta mediática por entender que había acusado solapadamente a las autoridades españolas de someter a tortura a les etarras. Esta interpretación -que el propio embajador desmintió- coincide, por cierto, con la más antigua estrategia de la organización terrorista, consistente en que todos sus miembros detenidos por las Fuerzas de Segiridad y sometidos a juicio se declaren, aumáticamente y como paso previo a cualquier estrategia de su defensa, víctimas de malos tratos y torturas.
De hecho, la acometida que se ha focalizado en la persona del embajador ha alumbrado a otra criatura: un comunicado del colectivo de refugiados y deportados políticos vascos en Venezuela, que además de expresar su rechazo a las acusaciones que desde España se vierten contra Venezuela, afirman: ''Lo que para algunos puede ser una sospecha, para nosotros no deja ninguna duda. Los dos militantes vascos que supuestamente 'declararon haber sido entrenados en Venezuela' fueron torturados y sus declaraciones forjadas''. De lo que podría deducirse que los que han retorcido las palabras de Rodríguez hasta conseguir que dijera lo que no dijo se lo han puesto en bandeja a la banda.
Este colectivo recuerda que su presencia en Venezuela se debe a un acuerdo suscrito en los años 80 entre el Estado español con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Gobierno venezolano y los partidos que se econtraban en el poder en ese entonces , Acción Democratica (AD) y el Partido Social Cristiano (Copei). A él pertenece Arturo Cubillas, actual funcionario de la Administración de Hugo Chávez, sobre quien el Gobierno venezolano se ha comprometido a abrir una investigación. Así se lo ha comunicado el canciller Nicolás Maduro al ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos.
Dicha investigación se hará como consecuencia del auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que las autoridades venezolanas recibieron este miércoles y que recoge las famosas confesiones de Atristain y Besance Zugasti.
Desde el Ministerio español de Exteriores se pone en valor que el Gobierno de Hugo Chávez esté cumpliendo con la voluntad de cooperación expresada a través de varios comunicados y declaraciones posteriores a que se hiciera público el auto. Y también reiteran que de los datos que aporta la investigación de Moreno no se puede concluir que el Gobierno de Chávez tuviera conocimiento o amparara las actividades de Cubillas en relación con ETA.
De Cubillas se viene asegurando que ocupa un alto cargo en el Gobierno venezolano cuando según dijo el embajador, el sujeto "sólo estuvo en un espacio de séptima categoría en la estructura organizativa de una institución ministerial". Habrá que esperar al resultado de la investigación oficial.
Como también dijo Isaías Rodríguez en los albores de este culebrón de inexistentes tensiones diplomáticas, "es absurdo dar más credibilidad a dos imputados, que dan una confesión para favorecer su defensa, que a un Estado que promueve la paz, que ha reiterado su disposición de cooperar con España (...) y que -recordó- rechazó la entrada del dirigente etarra Walter Wendelin", detenido recientemente por las autoridades españolas.
...y dejando en segundo plano la reiterada postura del Estado venezolano de rechazo a cualquier práctica del terrorismo. Esto es lo que trsciende de la lectura de la prensa de aquél país y lo que pretendía transmitir el comunicado leído hace un par de días en rueda de prensa por el embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, cuando estaba en todo su apogeo la campaña contra Hugo Chávez a raiz de haberse conocido que dos etarras, Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, habían 'confesado' haber realizado cursos de instrucción en Venezuela.
Entoces, el embajador intentó desautorizar a los terroristas afirmando que sus declaraciones "fueron dadas por su condición de perseguidos por entes de seguridad españoles", por lo cual los dos detenidos pudieron haber confesado haciendo uso de una estrategia jurídica con la que se busca aminorar sus posibles penas. Explicó que existe la figura jurídica de admisión de los hechos, con la cual los acusados pueden pasar de actores a colaboradores de un juicio, lo cual está previsto en los códigos procesales de varias naciones, incluidos los de España y Venezuela y restó a sus afirmaciones cualquier valor probatorio.
"Aún conscientes de que en estos casos no debe ocurrir la tortura, las amenazas contra seres queridos o bien recompensas para que se pronunciaran en la forma que lo hicieron, Venezuela tiene serias dudas de que estas declaraciones, por falsas y maliciosas de parte de quienes las emitieron, hayan sido totalmente voluntarias", dijo Rodríguez y sus palabras provocaron otra tormenta mediática por entender que había acusado solapadamente a las autoridades españolas de someter a tortura a les etarras. Esta interpretación -que el propio embajador desmintió- coincide, por cierto, con la más antigua estrategia de la organización terrorista, consistente en que todos sus miembros detenidos por las Fuerzas de Segiridad y sometidos a juicio se declaren, aumáticamente y como paso previo a cualquier estrategia de su defensa, víctimas de malos tratos y torturas.
De hecho, la acometida que se ha focalizado en la persona del embajador ha alumbrado a otra criatura: un comunicado del colectivo de refugiados y deportados políticos vascos en Venezuela, que además de expresar su rechazo a las acusaciones que desde España se vierten contra Venezuela, afirman: ''Lo que para algunos puede ser una sospecha, para nosotros no deja ninguna duda. Los dos militantes vascos que supuestamente 'declararon haber sido entrenados en Venezuela' fueron torturados y sus declaraciones forjadas''. De lo que podría deducirse que los que han retorcido las palabras de Rodríguez hasta conseguir que dijera lo que no dijo se lo han puesto en bandeja a la banda.
Este colectivo recuerda que su presencia en Venezuela se debe a un acuerdo suscrito en los años 80 entre el Estado español con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Gobierno venezolano y los partidos que se econtraban en el poder en ese entonces , Acción Democratica (AD) y el Partido Social Cristiano (Copei). A él pertenece Arturo Cubillas, actual funcionario de la Administración de Hugo Chávez, sobre quien el Gobierno venezolano se ha comprometido a abrir una investigación. Así se lo ha comunicado el canciller Nicolás Maduro al ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos.
Dicha investigación se hará como consecuencia del auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que las autoridades venezolanas recibieron este miércoles y que recoge las famosas confesiones de Atristain y Besance Zugasti.
Desde el Ministerio español de Exteriores se pone en valor que el Gobierno de Hugo Chávez esté cumpliendo con la voluntad de cooperación expresada a través de varios comunicados y declaraciones posteriores a que se hiciera público el auto. Y también reiteran que de los datos que aporta la investigación de Moreno no se puede concluir que el Gobierno de Chávez tuviera conocimiento o amparara las actividades de Cubillas en relación con ETA.
De Cubillas se viene asegurando que ocupa un alto cargo en el Gobierno venezolano cuando según dijo el embajador, el sujeto "sólo estuvo en un espacio de séptima categoría en la estructura organizativa de una institución ministerial". Habrá que esperar al resultado de la investigación oficial.
Como también dijo Isaías Rodríguez en los albores de este culebrón de inexistentes tensiones diplomáticas, "es absurdo dar más credibilidad a dos imputados, que dan una confesión para favorecer su defensa, que a un Estado que promueve la paz, que ha reiterado su disposición de cooperar con España (...) y que -recordó- rechazó la entrada del dirigente etarra Walter Wendelin", detenido recientemente por las autoridades españolas.
