El ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001), dos de sus ministros y cuatro ex senadores, son los principales acusados en un caso de soborno, el primero en la historia argentina que afecta a un presidente. El tribunal deberá establecer si es cierto lo que afirma la acusación, de que se usaron más de cinco millones de pesos (igual cantidad de dólares) de la caja de los Servicios de Inteligencia del Estado, para pagar a una serie de senadores peronistas que debían votar la Ley de Reforma (entiéndase flexibilización) Laboral.
Los hechos sucedieron en abril del año 2000 y el asunto provocó la dimisión del vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez, en protesta por la corrupción en el gobierno. Además de los funcionarios citados anteriormente, están siendo juzgados el arrepentido que denunció el caso, Mario Pontaquarto (un secretario parlamentario que fue el encargado de entregar el dinero), y el entonces jefe de la SIDE (servicios secretos), Fernando de Santibañes, que es además cuñado del ex presidente de la Rúa.
El hecho es conocido como el de las coimas (sobornos) en el Senado y también como el caso de la Banelco. El ministro de Trabajo de entonces, Alberto Flamarique –uno de los acusados–, habría asegurado que la ley iba a ser aprobada porque “para los senadores tengo la Banelco”, en referencia a una popular tarjeta que se usa en los cajeros automáticos. La frase fue supuestamente escuchada y repetida por el dirigente sindical Hugo Moyano, que también está citado como testigo.
La flexibilización laboral, exigida por el FMI era activamente resistida por los sindicatos, que el día antes de la primera votación protagonizaron una importante protesta, en la que hubo algunos heridos de bala, como el dirigente del sindicato de los Judiciales, José Piumato.
Fernando de la Rúa y los otros funcionarios están acusados de “cohecho activo”, mientras que los senadores lo son de “cohecho pasivo”. Todos ellos enfrentan penas que van de uno a seis años de prisión, con inhabilitación para ejercer en el futuro cargos públicos. El juicio, que se espera tenga una duración de seis meses, escuchará las declaraciones de 350 testigos. Entre ellos la actual presidente, Cristina Fernández, que en aquella época era senadora (lo hará por escrito), y el ex presidente Carlos Menem, que también ocupaba un escaño en el Senado tras dejar la Casa Rosada.
De la Rúa sostiene que la acusación es absurda y construida en base a rumores. Trata de desacreditar al arrepentido y afirma que el soborno no era necesario ya que la norma se aprobó con ocho votos más de los dos tercios necesarios. “Yo mismo impulsé la denuncia en la Oficina Anticorrupción y levanté el secreto de Estado sobre la SIDE para que se pudiera investigar”, aseguró el ex presidente en un documento repartido antes del comienzo del juicio.
Fernando de la Rúa había sustituido en la presidencia a Carlos Menem. Viejo militante del tradicional partido UCR (Unión Cívica Radical), fue tradicionalmente un adversario interno de Raúl Alfonsín. Fue varias veces senador y ocupó la alcaldía de Buenos Aires. Su elección como presidente despertó grandes esperanzas. Se acababa la década menemista, llena de escándalos y corrupción, un período en el que se desmanteló el Estado merced a una política neoliberal.
Llevaba de compañero de fórmula a “Chacho” Álvarez, peronista que había roto con el menemismo y que era el titular del FREPASO (Frente País Solidario). La coalición se llamó Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Ambos tenían el sello de la honestidad como bandera. La personalidad de de la Rúa, además, contrastaba de forma notable con la de su antecesor: a Menem le encantaba la frivolidad y la farándula, mientras que de la Rúa hacía gala de su seriedad, al punto que adoptó como lema de campaña la frase “dicen que soy aburrido” (y efectivamente lo era).
Heredó una situación económica muy complicada y no supo enderezarla. Gobernó con el apoyo de un pequeño grupo de jóvenes entre los que estaba su hijo, Antonio (más conocido por ser largo tiempo la pareja de Shakira), conocido como el “grupo shushi”. Y llamó al ex ministro Domingo Cavallo para apagar el incendio.
Pero todo fue en vano, se decretó el “corralito” y el final fue sangriento: los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, con saqueos y 39 muertos por la represión, llevaron a la renuncia del presidente de la Rúa, que tuvo que abandonar la Casa Rosada en helicóptero. El fin de este gobierno marcó la más importante crisis institucional en Argentina en las últimas décadas y con un país en quiebra.
Por cierto que la Ley de Reforma Laboral, que dio origen al escándalo que ahora se juzga en Buenos Aires, fue derogada en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
