jueves. 28.03.2024

Brasil nunca juzgó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y nunca se anuló la ley de amnistía de 1979Veintiséis años después del fin de la dictadura (1964-1985), Brasil está más cerca de conocer exactamente qué pasó en ese periodo, sobre todo en el episodio conocido como guerrilla de Araguaia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó a Brasil investigar la ejecución de unas 60 personas durante la represión que la dictadura llevó a cabo para acabar con este brote guerrillero, que actuó entre 1972 y 1975, en el triángulo que forman los Estados de Pará, Goiás y Maranhao. Todos los muertos permanecen oficialmente como desaparecidos.

Ahora, como consecuencia de la condena de la OEA, Brasil acepta formar una Comisión de la Verdad que investigue estos hechos. Brasil nunca juzgó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y nunca se anuló la ley de amnistía de 1979, a pesar de varios intentos llevados a cabo por organismos defensores de los derechos humanos y la Orden de Abogados de Brasil.

Coincidiendo con esto se ha sabido que documentos sobre más de 700 procesos que la dictadura militar inició contra otros tantos presos políticos, estarán disponibles en Internet para su consulta por cualquier interesado. Abarcan un período que va de 1961 a 1976 y se salvaron de su destrucción gracias a que fueron laboriosamente microfilmados por los defensores de los presos y enviados al exterior, con el apoyo de entidades católicas y protestantes.

El fallecido cardenal Paulo Evaristo Arns, cardenal de San Pablo, y el reverendo de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Wright, tuvieron un papel muy destacado para el éxito de la operación, así como la ayuda financiera del Consejo Mundial de las Iglesias.

Fue la abogada Eny Raimundo Moreira y el bufete Sobral Pinto, de Rio de Janeiro, los que comenzaron a recopilar los documentos, aprovechando las 24 horas que el Supremo Tribunal Militar concedía a los defensores para examinar los documentos.

Para evitar que los militares destruyesen las pruebas sobre violaciones a los derechos humanos, las copias microfilmadas fueron enviadas a los EE.UU. donde quedaron bajo la custodia del Center for Research Libraries. Son, en total, un millón de copias de documentos y 543 rollos de microfilmes, que comenzarán a ser colgados en la página del Ministerio Pública Federal. Un proceso que estará completo de aquí a un año.

Desigual suerte, sin embargo, pueden sufrir otros documentos históricos, mantenidos hasta ahora como secretos, referidos a una historia más antigua. Son los referidos a la Guerra del Paraguay (1865-1870) y la incorporación del actual estado de Acre, que siendo originalmente boliviano, fue anexado a Brasil en 1903.

En 2009, el ex presidente Lula envió al Parlamento un proyecto para reducir el plazo de protección para documentos considerados ultrasecretos. Aprobado ya en el Congreso, al llegar al Senado el gobierno de Dilma Rousseff quiere que algunos permanezcan para siempre secretos. Los principales impulsores del cambio son el presidente de la Cámara y ex presidente de la República, José Sarney, y el también ex presidente (destituido por el Congreso por corrupción) Fernando Collor de Mello.

La Ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, aseguró que el secreto no afectará a los documentos relativos a la dictadura.

El cambio de posición de la presidenta hay que entenderlo como una consecuencia de la amplia base que sustenta al gobierno en el Parlamento. Es por eso que el PT tiene que hacer concesiones al poderoso PMDB de Sarney. La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ por sus siglas en portugués), denunció este intento de censurar los documentos oficiales, señalando que el proyecto debe ser aprobado tal y como salió del Congreso para respetar el amplio deseo de transparencia de la sociedad brasileña.

Saldrán a la luz documentos de la dictadura en Brasil