Actualmente hay unos 20 militares detenidos por delitos cometidos durante la dictaduraEn el día en que se cumplieron los 38 años del último golpe militar en Uruguay el gobierno anunció un decreto que permitirá reabrir casos por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), hasta ahora amparados en la llamada Ley de Caducidad (de la Pretensión Punitiva del Estado). Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Uruguay, es la base que sustenta la iniciativa del gobierno y que puede destrabar definitivamente las causas por graves violaciones a los derechos humanos.
El decreto firmado por Mujica revoca resoluciones administrativas de anteriores gobiernos que se amparaban en dicha norma. Se calcula que este decreto afectará a 88 casos incluidos en la Ley de Caducidad. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, declaró que el decreto revoca “por razones de legitimidad” todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en la citada ley.
Explicó que de esta forma se está cumpliendo en primer lugar con un mandato ético. Pero también con la sentencia condenatoria por responsabilidad internacional que recibió el Estado uruguayo el pasado mes de marzo por parte de la CIDH. Dicha corte respondió a la denuncia efectuada por el escritor argentino Juan Gelman, Premio Cervantes en el 2007, cuyo hijo y nuera (embarazada) fueron secuestrados en Argentina.
Ella fue trasladada a Uruguay, donde desapareció poco después. El fallo condenó a Uruguay por la desaparición de Maria Claudia García, la nuera del poeta, y por la supresión de identidad de la hija, nacida en cautividad y entregada a un policía uruguayo. El fallo también establece que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación. Y obliga a la reparación de las víctimas mediante una compensación económica.
Para respaldar esta iniciativa, el gobierno de Mujica recuerda que Uruguay ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Y recuerda que la Corte Suprema de Justicia declaró en noviembre de 2010 la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Esta ley, aprobada por referéndum en 1986, y ratificada en otras dos consultas populares (1989 y 2009), concede al gobierno la potestad de decidir qué casos están amparados por dicha normativa, que impide el enjuiciamiento de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Los primeros presidentes de la democracia, Sanguinetti, Lacalle y Batlle, evocaron la Ley de Caducidad para detener todos los juicios. Pero con la llegada al poder del izquierdista Frente Amplio, Tabaré Vázquez y ahora José Mujica, reabrieron algunos casos.
No obstante, el pasado mes de mayo fracasó una iniciativa parlamentaria para anular la ley. Incluso el presidente Mujica se mostró en desacuerdo afirmando que tendría costos electorales para el Frente Amplio.
El gobierno niega que con este decreto se atente contra la separación de poderes, ya que corresponderá a la justicia decidir si hay mérito para recuperar los casos ya archivados o si se trata de cosa juzgada.
Oscar Urtasun, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, relativizó este decreto del gobierno. “Es una voz de aliento pero hay que tomarla con pinzas”, declaró al diario local El Observador. En este sentido recordó que su organización presionó por esto durante años y que el gobierno solo ha reaccionado ahora ante una condena de la CIDH.
Diversos sectores militares, por su parte, han reaccionado con nerviosismo, afirmando que se trata de un recurso anti-constitucional. El presidente del Círculo Militar, general retirado Ricardo Galarza, dijo que en el caso de que nuevos militares sean citados a declarar bajo la nueva modalidad, tendrán que presentar recurso de inconstitucionalidad. El coronel retirado Guillermo Cédrez, que preside el Centro Militar, afirmó que el tema es cosa juzgado. Y ambos deslizaron que el gobierno sufre presiones para acabar con la Ley de Caducidad, sin dar mayores precisiones.
Actualmente hay unos 20 militares detenidos por delitos cometidos durante la dictadura. Entre ellos se encuentra Juan María Bordaberry, el presidente civil que abrió paso a los militares al disolver el Parlamento y el ex general Gregorio “Goyo” Álvarez, el último de los presidentes de facto de la dictadura.
