jueves. 28.03.2024

Varios diputados de oposición han decidido presentar en el Congreso una iniciativa para someter a juicio político al vicepresidente, Amado Boudou, por presunto tráfico de influencias e incompatibilidades en su conducta como funcionario público. El meollo de la cuestión es averiguar si el vicepresidente influyó para que un presunto testaferro se hiciera con el control de una empresa calcográfica, formalmente en quiebra.

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), que había pedido la quiebra, después intervino para otorgarle una moratoria excepcional, una vez que entró en el negocio el supuesto testaferro del vicepresidente. Poco después, la Casa de la Moneda, a cuyo frente hay una funcionaria ligada a Boudou, recomendó otorgarle a la empresa la fabricación de billetes de 100 pesos, un negocio que les rendiría 50 millones de dólares.

La petición de juicio político para Boudou, sin embargo, no tiene posibilidades de prosperar, ya que el kirchnerismo tiene mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Miguel Angel Pichetto, que preside el bloque de senadores del oficialismo, ya advirtió que no avalarían la petición, con el argumento de que el reclamo tiene poca sustancia.

Desde que se desató el escándalo, las denuncias periodísticas traen cada día nuevos datos comprometedores. La AFIP y otros funcionarios también han sido involucrados. Las respuestas y explicaciones, tardaron en llegar. El vicepresidente guardó silencio durante 23 días y solo después accedió a dar entrevistas a medios afines al gobierno, con explicaciones a medias, ya que se limitó a decir que todo era una patraña y un montaje de medios como Clarín y La Nación, a los que acusó de “destituyentes”, en línea con la retórica habitual del gobierno.

En su paso por el controvertido programa 6, 7, 8, de la televisión pública, solo se le hicieron dos preguntas, a pesar de que hay un grupo de seis panelistas en el mismo: una, la introductoria del tema, y otra sobre por qué pensaba que el tema se había judicializado. “Es una mentira, entonces yo no me puedo poner a contestar una mentira en forma permanente porque sería tomar la agenda que nos quieren imponer”, fue su respuesta.

Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, ensayó una defensa del vicepresidente, pero el juez Javier Cosentino, que intervino en la quiebra de la compañía en cuestión, consideró “cuanto menos, llamativa”, la acción de la propia AFIP. Fue llamativa porque el mismo Echegaray fue al despacho del juez para expresarle el interés del gobierno en el caso.

El diputado Ricargo Gil Lavedra, de la UCR (Unión Cívica Radical), le envió una carta a Boudou ante la alarma pública suscitada por el caso y para que dé explicaciones: “si comparte la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas de sus actos y que los gobiernos sean abiertos al control ciudadano”, es conveniente que precise públicamente algunos aspectos del caso que siguen sin quedar en claro. Para el ex candidato presidencial socialista Hermes Binner, “le haría mucho bien a la democracia que Boudou se ponga a disposición de la justicia, porque eso nos ayudaría a no perder la confianza en la misma”.

La diputada Margarita Stolbizer, del GEN (Generación para un Encuentro Nacional), declaró que las denuncias contra Boudou “desnudan un entramado de corrupción severa”. Y señaló que le preocupa que la presidente “no haya pedido públicamente que el vicepresidente rinda cuentas”. De la misma opinión es la diputada del PRO (derecha), Laura Alonso, quien dijo que “ya no se puede ocultar que esta crisis salpica directamente a la presidente”.

La situación política del vicepresidente argentino parece comprometida, incluso en el círculo interno del kirchnerismo. Valga como ejemplo lo que dijo recientemente el poderoso Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que sin ser ministro es uno de los funcionarios más influyentes. Ante un grupo de incondicionales, caracterizó así los diferentes grupos que integran el oficialismo, dejando en mal lugar a Boudou: “hay cuatro grupos: el primero somos nosotros, los nacionalistas que llevamos el proyecto a fondo; en segundo lugar están los desarrollistas, como De Vido (ministro de Planificación) o Marcó del Pont (presidente del Banco Central); el tercer grupo es el de los desfachatados, como Boudou, que hacen lo mismo que en los ´90, acercarse al PJ (Partido Justicialista) por los cargos y los negocios; y al final están los chicos de La Cámpora, que no sirven para nada”.

A pesar de todo lo que se le ha venido encima, el vicepresidente hizo gala de un optimismo sin límites al afirmar que va a ser el mejor vicepresidente que ha tenido la Argentina y que acompañará a Cristina Fernández hasta el final de su mandato. “Nací en la política dentro de este proyecto político y hasta el último día voy a seguir llevando adelante esta tarea”, añadió, olvidando que sus primeros pasos los dio en la UceDé, un partido neoliberal.

La designación de Boudou como ministro de Economía y después vicepresidente, fue una decisión personal Cristina Fernández. Hay analistas que afirman que el propio Néstor Kirchner y su hijo Máximo no estuvieron de acuerdo. Su imagen de rockero (le gusta tocar la guitarra con un grupo llamado La Mancha de Rolando), sus apariciones montando una Harley Davidson, su piso en Puerto Madero y sus negocios, no ayudan a forjar la imagen de militante que gusta al kirchnerismo puro.

Versiones periodísticas dicen que este caso, junto con la reciente crisis provocada por el grave accidente ferroviario que provocó 51 muertos en la estación de ONCE, provocarían una remodelación del gobierno. Podría salir el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al que algunas fuentes achacan estar detrás de algunas filtraciones que perjudican al vicepresidente Boudou. Y podría ingresar al gabinete el actual embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, amigo personal de la presidente.

Piden juicio político al vicepresidente argentino