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30 de abril de 2010, 7:31
NUEVATRIBUNA.ES - 29.04.2010
La ola de violencia que acecha a México se ha cebado esta vez con una caravana humanitaria formada por ONG de derechos humanos, observadores e internacionales y periodistas.
Tenían como objetivo llevar a cabo una misión humanitaria para repartir ropas, abrigos y alimentos al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, México. Sin embargo las intenciones se truncaron cuando la caravana fue cerca de La Sabana. Según un comunicado de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap) la autoría de la ofensiva es de la organización priísta Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Los integrantes de la misión era el colectivo Vocal, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sudeste Mexicano, Profesores de la Sección 22 y algunos concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La caravana acompañaba a un grupo de observadores internacionales de los derechos humanos de Italia, Bélgica, Finlandia y Alemania que pretendía registrar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Triquis.
El grupo de alrededor de 100 personas había salido de Huajuapan de León dividido en camionetas a fin de ofrecer ayuda humanitaria a la población de San Juan Copala. El municipio autónomo se encuentra aislado por el accionar de fuerzas represivas de la organización priísta Ubisort, vinculada al gobernador Ulises Ruiz.
De acuerdo con informaciones de la Amap, hay varios heridos y por lo menos cinco personas fueron asesinadas durante la operación. Entre ellas está Alberta Cariño (Bety), dirigente del Cactus-Amap, Ericka Ramírez y David Cilia García, y los periodistas de la revista Contralínea se encuentran desaparecidos.
Según el diario mexicano Proceso, Mónica Santiago, una de las supervivientes, permitieron que Omar Esparza Zárate, miembro de la AMAP en Oaxaca, llegase a la conclusión de que el atentado fue ordenado por el gobernador Ulises Ruiz. Zárate, que es esposo de Alberta Cariño, afirmó que la policía estatal "no quiere ingresar en la zona para rescatar a los heridos y sobrevivientes".
"La caravana estaba compuesta por seis vehículos. Se dividieron en dos partes, y antes de llegar a San Juan, los ocupantes de tres camionetas vieron que el camino estaba bloqueado con piedras, por eso dieron media vuelta para regresar y, después de eso, se desató una lluvia de balas", explicó Zárate.
CONDENA INTERNACIONAL
Ante la situación y por creer en la responsabilidad del gobierno en la emboscada y en el ataque, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México está exigiendo que el gobierno federal informe sobre los hechos y garantice el rescate de los heridos. También se solicita una intervención concreta e inmediata para hacer frente a la situación en San Juan Copala y se garantice la protección a los defensores de los derechos humanos.
"Denunciamos al gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de los derechos humanos que fueron en la caravana. También a las instituciones estatales de la Fiscalía de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los acontecimientos violentos vividos por la comunidad indígena Triqui", responsabiliza y denuncia el Alto Comisionado.
Antes del atentado, el municipio de San Juan de Copala ya se encontraba cercado. No hay electricidad en la ciudad, ni agua. Ninguna escuela funciona regularmente desde enero y tampoco hay atención médica. Las mujeres que salen a la calle en busca de agua o comida son perseguidas por el grupo paramilitar que mantiene un puesto permanente en el lugar.
La ola de violencia que acecha a México se ha cebado esta vez con una caravana humanitaria formada por ONG de derechos humanos, observadores e internacionales y periodistas.
Tenían como objetivo llevar a cabo una misión humanitaria para repartir ropas, abrigos y alimentos al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, México. Sin embargo las intenciones se truncaron cuando la caravana fue cerca de La Sabana. Según un comunicado de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap) la autoría de la ofensiva es de la organización priísta Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Los integrantes de la misión era el colectivo Vocal, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sudeste Mexicano, Profesores de la Sección 22 y algunos concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La caravana acompañaba a un grupo de observadores internacionales de los derechos humanos de Italia, Bélgica, Finlandia y Alemania que pretendía registrar las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Triquis.
El grupo de alrededor de 100 personas había salido de Huajuapan de León dividido en camionetas a fin de ofrecer ayuda humanitaria a la población de San Juan Copala. El municipio autónomo se encuentra aislado por el accionar de fuerzas represivas de la organización priísta Ubisort, vinculada al gobernador Ulises Ruiz.
De acuerdo con informaciones de la Amap, hay varios heridos y por lo menos cinco personas fueron asesinadas durante la operación. Entre ellas está Alberta Cariño (Bety), dirigente del Cactus-Amap, Ericka Ramírez y David Cilia García, y los periodistas de la revista Contralínea se encuentran desaparecidos.
Según el diario mexicano Proceso, Mónica Santiago, una de las supervivientes, permitieron que Omar Esparza Zárate, miembro de la AMAP en Oaxaca, llegase a la conclusión de que el atentado fue ordenado por el gobernador Ulises Ruiz. Zárate, que es esposo de Alberta Cariño, afirmó que la policía estatal "no quiere ingresar en la zona para rescatar a los heridos y sobrevivientes".
"La caravana estaba compuesta por seis vehículos. Se dividieron en dos partes, y antes de llegar a San Juan, los ocupantes de tres camionetas vieron que el camino estaba bloqueado con piedras, por eso dieron media vuelta para regresar y, después de eso, se desató una lluvia de balas", explicó Zárate.
CONDENA INTERNACIONAL
Ante la situación y por creer en la responsabilidad del gobierno en la emboscada y en el ataque, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México está exigiendo que el gobierno federal informe sobre los hechos y garantice el rescate de los heridos. También se solicita una intervención concreta e inmediata para hacer frente a la situación en San Juan Copala y se garantice la protección a los defensores de los derechos humanos.
"Denunciamos al gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de los derechos humanos que fueron en la caravana. También a las instituciones estatales de la Fiscalía de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los acontecimientos violentos vividos por la comunidad indígena Triqui", responsabiliza y denuncia el Alto Comisionado.
Antes del atentado, el municipio de San Juan de Copala ya se encontraba cercado. No hay electricidad en la ciudad, ni agua. Ninguna escuela funciona regularmente desde enero y tampoco hay atención médica. Las mujeres que salen a la calle en busca de agua o comida son perseguidas por el grupo paramilitar que mantiene un puesto permanente en el lugar.
