domingo. 19.05.2024

Organizaciones prosaharauis denuncian la venta de armas de España a Marruecos

Pide al Gobierno que anule las autorizaciones de exportación de material de defensa susceptible de ser utilizado “con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”. En el primer semestre de 2009, España vendió al reino de Marruecos 29,5 millones de euros de arsenal militar.
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 09.04.2010

Según el último informe publicado por la Secretaría de Comercio correspondiente al primer semestre de 2009, España ha venido a Marruecos material de defensa por valor de 29,5 millones de euros, correspondientes entre otros materiales a 286 vehículos y camiones militares todo terreno, no blindados y semi-remolques. De esa cantidad, 1,05 millones corresponden a aeronaves de combate y 353.355 euros a municiones, dispositivos y componentes.

En un reciente informe elaborado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundació por la Pau, estas organizaciones definen a Marruecos como un país que está “implicado en un conflicto armado y comete graves violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental” y se pregunta “¿qué garantías existen de que el material enviado a Marruecos no se va a emplear con fines de represión interna, por ejemplo en operaciones de vigilancia de activistas saharahuis?

En eso se basa precisamente la denuncia efectuada este viernes ante el Ministerio de Industria por varias asociaciones vinculadas al Sahara Occidental, entre ellas la Plataforma de Apoyo a la activista saharaui Aminatu Haidar.

Se trata de "la primera vez" en la historia de España que se presenta una denuncia de estas características en contra de la venta de armas a un país extranjero. La denuncia la suscriben la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para El Sahara Occidental, el Observatorio Aragonés para El Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos.

El texto de la demanda especifica las ventas efectuadas desde 2007 después de que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso. Basándose en esa normativa, dichas organizaciones exigen a las autoridades españolas la “denegación, suspensión o revocación de las autorizaciones de transferencias de armamento al Reino de Marruecos atendiendo a las actuaciones, conductas e historial de este Estado”.

En este sentido, alegan que el artículo 8 de la ley “determina la denegación de las autorizaciones de exportación en aquellos supuestos en los que existen indicios racionales de que el material de defensa puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, o ser utilizados con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos”.

La demanda se fundamenta también en la normativa internacional al respecto, en concreto al Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas; a la llamada Posición Común de la PESC; así como a resoluciones de la ONU y sentencias del Tribunal Internacional de la Haya.

Para el vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Luis Acebal, España está incumpliendo los criterios adoptados en la normativa europea y “existen riesgos de que el material vendido pueda ser empleado en el conflicto que se vive en la zona”.

En la denuncia se recuerda que la Audiencia Nacional tramita en la actualidad una querella por genocidio y tortura presentada en 2006 que detalla el secuestro, encarcelamiento y desaparición de cientos de saharauis durante los años 1975 a 1980, saharauis que tal y como subraya Acebal, tenían la nacionalidad española y que fueron encarcelados por las fuerzas de ocupación marroquí.

En la querella se explica cómo el pueblo saharahui “ha sufrido una violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos, al haber sido exterminado parte del mismo y se denuncia el plan sistemático de eliminación que se realizó de forma organizada y jerarquizada por efectivos personales militares y paramilitares”. Asimismo, se asegura que “entre los actos criminales destacan allanamientos de morada, detenciones masivas y secuestros en centros clandestinos de detención y tortura, dando lugar a la desaparición de miles de personas, de las cuales, por lo menos, 526, aún hoy, permanecen en esa situación, sin que sus familiares tengan conocimiento alguno de su paradero”.

Organizaciones prosaharauis denuncian la venta de armas de España a Marruecos