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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 28.4.2010

El endurecimiento de la normativa en materia de inmigración recientemente aprobado en el Estado de Arizona (suroeste de Estados Unidos), que facilita la detención y expulsión de extranjeros, ha puesto en pie de guerra a numerosos sectores políticos, económicos y sociales de México, que han anunciado numerosas protestas y medidas de presión contra una medida que consideran racista e injusta y cuya aplicación afectará a los nacionales mexicanos más que a ninguna otra comunidad extranjera residente en el Estado.

La ley ha sido criticada por el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien considera que "no va en la dirección adecuada", y el Departamento de Justicia estadounidense ya ha anunciado que revisará a fondo dicha ley para comprobar que se trata de una medida constitucional. Amnistía Internacional ha advertido de que fomenta las detenciones basadas únicamente en criterios raciales.

Las protestas que han arreciado en México proceden de todos los ámbitos, incluso de aquellos que normalmente evitan meterse en cuestiones políticas, como los empresarios. Sin embargo, en este caso, el presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial (la patronal mexicana), Mario Sánchez, ha llamado al boicot de los bienes y servicios producidos o radicados en Arizona. "La sociedad tenemos una fortaleza muy grande, y es dejar de ir a comprarles, demostrarles (...) que realmente el peso económico que podemos generar es muy negativo también", ha dicho López en declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Por su parte, la clase política mexicana se ha expresado unánimemente en contra de la nueva normativa de inmigración en Arizona. Desde la sanción de la ley por parte de la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, el pasado día 23, se han sucedido las declaraciones de condena, entre ellas las del presidente del país, Felipe Calderón.

De momento la polémica normativa de Arizona ya ha tenido una consecuencia a nivel federal entre Estados Unidos y México. Se trata de la decisión de un grupo de senadores mexicanos que han decidido posponer la aprobación de un acuerdo bilateral entre los dos países tocante a la cooperación en casos de emergencia provocados por desastres naturales. Estos legisladores afirman que tras la aprobación de la Ley SB1070 (nombre técnico de la nueva normativa de inmigración de Arizona)", no están en el "ánimo" de avalar un acuerdo con Washington, ya que consideran que la ley sancionada por Brewer "agravia" a los mexicanos. Algunos senadores y diputados mexicanos han decidido ir un paso más allá y han anunciado que el próximo 1 de mayo irán a la ciudad de Tucson, en Arizona, para tomar parte en una manifestación organizada contra la ley por parte de colectivos latinos del estado. "Vamos a arropar a las organizaciones de hispanos, de migrantes, de derechos humanos que van a marchar en contra de la Ley SB1070", ha afirmado el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Torres Robledo.

OBAMA CRITICA LA LEY

Este rechazo también se ha dado en Estados Unidos, y no sólo por parte de asociaciones de inmigrantes de origen latino, sino también desde las más altas instancias. Así, el presidente Barack Obama ha declarado públicamente que no le gusta la ley aprobada en Arizona, ya que considera que "no va en la dirección adecuada". Además, el Departamento de Justicia estadounidense ya ha anunciado que revisará a fondo dicha ley para comprobar que se trata de una medida constitucional.

Dentro de Estados Unidos se han producido numerosas protestas en contra de la ley, que ha recibido críticas de gobiernos y organismos transnacionales de toda América Latina. Por el momento, la más llamativa de las protestas contra esta ley en territorio estadounidense ha tenido lugar en la ciudad de Chicago, donde 24 personas fueron detenidas cuando trataban de impedir el tránsito de un autobús que transportaba personas que iban a ser deportadas.

Del otro lado, del de los defensores de la ley, hay destacadas figuras del Partido Republicano como el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, que niegan que la iniciativa tenga un carácter racista o pretenda desencadenar una 'caza al inmigrante' por parte de la Policía de Arizona. Por contra, afirman que la medida se fundamenta en el aumento de la criminalidad que dicen está teniendo lugar en numerosas zonas fronterizas de Arizona y otros estados vecinos, y de la que culpan a los inmigrantes irregulares, en su mayoría de origen mexicano. Uno de sus principales argumentos es el asesinato el pasado día 2 de abril del destacado ranchero de Arizona Robert Krentz, que murió en su casa a manos de un grupo de desconocidos a que la Policía identifica sin ningún género de dudas con grupos del crimen organizado mexicano.

México, en pie de guerra contra la nueva ley de inmigración de Arizona