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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 5.10.2009

El decreto fue una medida de respuesta al regreso al país del presidente legítimo, Manuel Zelaya, el pasado 21 de septiembre. "Yo voy a hablar ante los ministros, voy a solicitar respetuosamente, igual que como tomamos la determinación para establecerlo, igual haremos para derogarlo", explicó Roberto Micheletti, quien reconsideró su decisión tras las solicitudes de empresarios y políticos en este sentido.

La eventual derogación podría ayudar a una misión de ministros de Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA) a sentar en una mesa de diálogo a Micheletti y Zelaya, quien se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa desde que regresó por sorpresa al país centroamericano.

La derogación del decreto había sido una de las condiciones de Zelaya para retomar las conversaciones con Micheletti, tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio que instauró un Gobierno 'de facto' que ha sido rechazado por la comunidad internacional.

Micheletti, quien lideró el golpe del 28 de junio, encabezará a partir de las 9.00 hora local (17.00 hora peninsular española) la reunión ministerial para revisar el decreto que restringe las libertades de prensa, asociación y circulación.

El mandatario interino aplicó el decreto hace más de una semana, con el fin de detener las protestas de los partidarios de Zelaya y silenciar algunos medios favorables al destituido presidente. La cadena Canal 36 y la emisora Radio Globo fueron cerradas la semana pasada tras una orden del Gobierno 'de facto'.

Zelaya, quien se encuentra desde hace casi dos semanas en la legación brasileña tras ingresar clandestinamente al país para retomar el poder, ha insistido en que cualquier posibilidad de diálogo pasa por restituirlo en la presidencia, lo que Micheletti y su Gobierno rechazan de plano.

Este es el principal obstáculo que se encontrarán los minisitros de Exteriores que visitarán esta semana el país para poner fin al peor momento político que atraviesa Honduras en décadas.

Micheletti está dispuesto a restituir las garantías constitucionales