jueves. 28.03.2024

Con una abrumadora mayoría de 39 a 4, los senadores paraguayos votaron a favor de la destitución del presidente Fernando Lugo, “por mal desempeño de sus funciones”. El juicio político, que está previsto en el artículo 225 de la Constitución, se decidió después del violento desalojo de una finca, en el que seis policías y once campesinos sin tierra murieron tras un enfrentamiento armado. El proceso se puede considerar sumarísimo, ya que se decidió este jueves, se celebró el viernes y solo se dio un tiempo de dos horas para la defensa del presidente.

El Partido Colorado, en la oposición, y el Liberal Radical Auténtico, integrante de la coalición de gobierno, sumaron sus fuerzas para impulsar la destitución del presidente. Se mantuvieron las formas, no intervino el ejército y el presidente Lugo acató el dictamen. Pero fue una decisión basada en consideraciones políticas, como queda claro en la acusación presentada en el Congreso. En el tercero de sus seis puntos afirma: “Todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente” (sic).

La acusación contra el mandatario, con un marcado tono macartista, menciona varias causas, no solo la matanza de la pasada semana. En primer lugar evoca un suceso del año 2009, la celebración en una base militar de un acto político de jóvenes socialistas de la región. Acto en el que importantes funcionarios del gobierno “pronunciaron discursos instigando a la lucha de clases”.

En segundo lugar, otra toma de tierras en la región de Ñacunday, a principios de este año, con la supuesta complicidad del presidente. Alegan también la supuesta inseguridad en la que vive el país y el accionar del grupo Ejército Popular Paraguayo (EPP). Según la acusación, todos los miembros del Congreso conocerían “los vínculos que el presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores que antiguamente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP”.

También se acusó al presidente Lugo de que ya desde su época de obispo pretendía instaurar “un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI”.

El tono de este documento parece más propio del Paraguay del general Stroessner, que en su larga dictadura (1954-1989) acogió las reuniones de la Liga Mundial Anticomunista, dio refugio y cobertura a ultraderechistas notorios de todo el mundo y a notables jerarcas nazis, como Menguele y Otto Skorzeny “Desde que asumió la conducción del país –afirma la acusación- gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna”.

En un breve mensaje a la población tras ser votada su destitución, Lugo afirmó que se habían transgredido todos los principios de la defensa, de manera cobarde y alevosa. “Esta noche salgo por la puerta grande de la Patria, por la puerta grande del corazón de mis compatriotas”, dijo también el presidente depuesto, al tiempo que hacía dos peticiones. Que no se les niegue a los ciudadanos el derecho a manifestar sus opiniones, y a éstos a manifestarse de manera pacífica.

Los abogados de Lugo anunciaron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el plazo de dos horas que le dieron al presidente para defenderse es inconstitucional. El plazo normal para preparar la defensa en cualquier litigio judicial es de 18 días, dijeron. Y subrayaron que se trató de una condena anunciada con un libreto pre-establecido.

A pesar de las diferencias con el caso de Honduras, este nuevo episodio supone una crisis de consecuencias similares. La mayoría de los ministros de Exteriores de la región se trasladó a la capital paraguaya en cuanto se supo del juicio político a Lugo, en una muestra de apoyo. La Unasur anunció que no reconocía a Franco como nuevo presidente. La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, sugirió que Paraguay podría ser expulsado de la Unasur y del Mercosur, recordando que los dos bloques tienen cláusulas democráticas, con sanciones para los países que no cumplen con sus principios.

Cristina Kirchner dijo que Argentina no reconocerá al gobierno de Federica Franco y “no va a convalidar el golpe de Estado en Paraguay”. El venezolano Hugo Chávez manifestó que fue un golpe de la burguesía paraguaya. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a los gobiernos de América, a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales, para hacer un solo frente y defender la democracia en Paraguay.

El ex obispo Fernando Lugo gobernó durante tres años y 10 meses y cuando le faltaba menos de un año para acabar su mandato, sin posibilidad legal de reelección. Había ganado las elecciones del 2008 después de dejar los hábitos y de recibir una dispensa del papa Benedicto XVI para ejercer la presidencia. Encabezó una coalición, llamada Alianza Patriótica para el Cambio (APC), que incluyó más de 30 partidos y movimientos, entre ellos los tradicionales PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico), Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. Su victoria puso fin a 61 años de gobierno del Partido Colorado.

A pesar de las profundas diferencias ideológicas, el PLRA, segundo mayor partido del país, apoyó a Lugo para desalojar a los colorados del poder, a cambio de la vicepresidencia y con las promesas de ocupar la mayor parte de los cargos del gobierno. Los verdaderos aliados del presidente solo consiguieron 6 de los 80 escaños del Congreso y 3 de los 45 del Senado.

La principal promesa de campaña de Lugo fue la reforma agraria integral, en un país que ostenta uno de los índices de distribución de la tierra más desiguales del mundo. Pero no pudo concretar su compromiso por la oposición férrea que encontró en el Congreso. Los intereses de los terratenientes –muchos de ellos ligados a la dictadura de Stroessner, otros, poderosos sojeros brasileños- y la clase política tradicional, le cerraron el paso. Los terratenientes lo acusaron siempre de simpatizar con los Carperos, los sin tierra que ocupan fincas y viven en carpas o tiendas de campaña. El incidente que dio pie al juicio político de Lugo, por ejemplo, involucraba a un alto dirigente del Partido Colorado, Blas Riquelme, al que los campesinos acusaban de ocupar ilegalmente tierras del Estado.

Desde el principio del gobierno, Lugo mantuvo una relación conflictiva con su vicepresidente, Federico Franco, miembro del PLRA. Este aprovechó los sucesos de la semana pasada, y la decisión de Lugo de reemplazar al ministro del Interior, Carlos Filizzola, por un miembro del opositor Partido Colorado, Rubén Candia, para dar el golpe definitivo. Ordenó a los cuatro ministros del PLRA a dejar el gobierno y activó la acusación.

Franco asumió como nuevo presidente inmediatamente después de la destitución de Lugo. Ejercerá el cargo hasta completar el actual período presidencial, el 15 de agosto del 2013. Es conocida su antipatía por Hugo Chávez y los gobiernos afines de la región. Y es de esperar que siga manteniendo el veto al ingreso de Venezuela al Mercosur, pendiente de aprobación en el Congreso.

Durante su mandato, Lugo enfrentó reveses personales, no solo políticos. Sufrió –y aparentemente superó- un cáncer linfático y tuvo que admitir la paternidad de dos hijos, engendrados mientras era obispo.

En 1999, el entonces presidente Raúl Cubas, del Partido Colorado, también fue sometido a juicio político, en este caso por el asesinato de su vicepresidente, Luis María Argaña, y los incidentes posteriores, en los que murieron 7 jóvenes manifestantes. La diferencia es que Cubas renunció antes de que concluyera el juicio.

“Salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón de mis...