nuevatribuna.es
13 de diciembre de 2009, 14:06
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 12.12.2009
"No participaremos en las actividades parlamentarias", dijo en rueda de prensa el presidente de la formación pro kurda, Ahmet Türk, un día después de que el Tribunal Constitucional decidiera ilegalizar al DTP.
EL partido aseguró que ha trabajado por la paz y para poner fin a los enfrentamientos, pero que pese a ello ha sido considerado "como terrorista". Türk reconoció que, a pesar de abandonar el Parlamento y tener prohibida la actividad política durante cinco años, su formación tiene "amigos" que están luchando por la democracia. "Haremos nuestras evaluaciones con una amplia perspectiva", aseguró.
Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional dictaminaron este viernes por consenso que el partido kurdo ha sido un foco de acciones dirigidas contra la unidad del país y que ha mantenido contactos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado un grupo terrorista por Ankara, EEUU y la Unión Europea. La sentencia ha tenido en cuenta la ilegalización de Batasuna por parte de la justicia española y su posterior ratificación en el Tribunal de Estrasburgo, según explicó el presidente de la corte turca, Hasim Kiliç.
El líder del DTP considera que la decisión del alto Tribunal no ha sido judicial, sino política, y acusa al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de guardar silencio a la espera de verse beneficiado por el cierre del DTP: "La política democrática continuará. Hemos hecho política porque consideramos que el Parlamento es el lugar para resolver los problemas. Creemos que un día este país alcanzará su paz".
Aunque el proceso contra este partido comenzó en el 2007 a instancias de la Fiscalía General de la República, la ilegalización llega en el peor momento, ya que supone un duro golpe a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno turco y por el propio DTP durante este año para resolver el conflicto kurdo de una forma pacífica. El veredicto del Constitucional echa por tierra todos los esfuerzos realizados por el Gobierno turco para instalar las bases de un posible plan de paz para la región que acabe con 25 años de violencia. El DTP ha sido durante estos últimos meses el interlocutor con el que ha estado negociando Ankara. De hecho, la histórica reunión el pasado agosto entre el primer ministro, Recep Tayip Erdogan, y el líder de la formación kurda, Ahmet Türk, se había considerado como la primera piedra en el proceso de entendimiento.
La UE ya ha expresado su preocupación a través de la presidencia sueca, que ha indicado en un comunicado que, a la vez que "denuncia firmemente la violencia y el terrorismo", recuerda que la disolución de partidos políticos en "una medida excepcional que debería ser empleada con la mayor moderación". En concreto, la UE pide a Turquía, como un Estado que negocia actualmente la posibilidad de acceder a la Unión, que "haga las enmiendas constitucionales necesarias para que su legislación sobre partidos políticos esté en línea" con las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, así como con las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos.
"No participaremos en las actividades parlamentarias", dijo en rueda de prensa el presidente de la formación pro kurda, Ahmet Türk, un día después de que el Tribunal Constitucional decidiera ilegalizar al DTP.
EL partido aseguró que ha trabajado por la paz y para poner fin a los enfrentamientos, pero que pese a ello ha sido considerado "como terrorista". Türk reconoció que, a pesar de abandonar el Parlamento y tener prohibida la actividad política durante cinco años, su formación tiene "amigos" que están luchando por la democracia. "Haremos nuestras evaluaciones con una amplia perspectiva", aseguró.
Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional dictaminaron este viernes por consenso que el partido kurdo ha sido un foco de acciones dirigidas contra la unidad del país y que ha mantenido contactos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado un grupo terrorista por Ankara, EEUU y la Unión Europea. La sentencia ha tenido en cuenta la ilegalización de Batasuna por parte de la justicia española y su posterior ratificación en el Tribunal de Estrasburgo, según explicó el presidente de la corte turca, Hasim Kiliç.
El líder del DTP considera que la decisión del alto Tribunal no ha sido judicial, sino política, y acusa al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de guardar silencio a la espera de verse beneficiado por el cierre del DTP: "La política democrática continuará. Hemos hecho política porque consideramos que el Parlamento es el lugar para resolver los problemas. Creemos que un día este país alcanzará su paz".
Aunque el proceso contra este partido comenzó en el 2007 a instancias de la Fiscalía General de la República, la ilegalización llega en el peor momento, ya que supone un duro golpe a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno turco y por el propio DTP durante este año para resolver el conflicto kurdo de una forma pacífica. El veredicto del Constitucional echa por tierra todos los esfuerzos realizados por el Gobierno turco para instalar las bases de un posible plan de paz para la región que acabe con 25 años de violencia. El DTP ha sido durante estos últimos meses el interlocutor con el que ha estado negociando Ankara. De hecho, la histórica reunión el pasado agosto entre el primer ministro, Recep Tayip Erdogan, y el líder de la formación kurda, Ahmet Türk, se había considerado como la primera piedra en el proceso de entendimiento.
La UE ya ha expresado su preocupación a través de la presidencia sueca, que ha indicado en un comunicado que, a la vez que "denuncia firmemente la violencia y el terrorismo", recuerda que la disolución de partidos políticos en "una medida excepcional que debería ser empleada con la mayor moderación". En concreto, la UE pide a Turquía, como un Estado que negocia actualmente la posibilidad de acceder a la Unión, que "haga las enmiendas constitucionales necesarias para que su legislación sobre partidos políticos esté en línea" con las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, así como con las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos.
