nuevatribuna.es
2 de julio de 2009, 14:41
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 2.7.2009
Con la suspensión de los artículos 71, 78, 79, 80 y 81 de la Constitución, los parlamentarios han prohibido el derecho a reunión y asociación, la circulación y manifestación ciudadana. Además, las autoridades tienen un cheque en blanco para acceder a cualquier lugar sin necesidad de una orden judicial mientras dure el toque de queda establecido hasta el sábado de 22:00 a 6:00 hora local.
El diputado Rolando Dubón, del Partido Liberal, manifestó que se había tomado esta decisión ante la sospecha de que hay muchas personas de otros países en Honduras que podrían estar intentado atentar contra la ciudadanía y el nuevo gobierno. Lo cierto es que la medida tiene una doble proyección. Hacia el interior, supone un serio aviso a los sindicatos y partidos políticos que animan estos días a la movilización y a la huelga para rechazar la situación "de facto" que se ha creado con el golpe militar. De cara al exterior, la declaración del estado de emergencia es la respuesta al plazo de 72 horas dado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno golpista para restaurar el orden democrático en el país.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha calificado el ultimátum de "respuesta política de alto calibre que nunca antes se había visto en el continente". Sin embargo, el Gobierno de Roberto Micheletti ha advertido de que no admitirá intervenciones externas a pesar de que recibirá a una delegación del organismo interamericano para explicarle la situación en la nación caribeña.
Entretanto, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dirigió ayer (madrugada de hoy en España) un mensaje por radio a los ciudadanos de su país, a quienes ha recordado que "nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas". "No debemos dejarnos vencer ni atemorizar, debemos ocupar nuestros espacios sin temor. Nos jugamos el destino de la nación, el destino de nuestros hijos", ha señalado Zelaya, quien ha leido durante su mensaje el artículo 3 de la Constitución, en el que además de precisar que "nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas", se apunta que "el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional".
Zelaya ha pedido a los hondureños que participen en las manifestaciones pacíficas que piden su vuelta. Las marchas de apoyo y crítica al Gobierno interino encabezado por Roberto Micheletti se han sucedido en los últimos días.
En España, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a exigir hoy la restitución de Manuel Zelaya, porque aunque se pueda discutir que haya "podido cometer actos que le lleven a un enjuiciamiento político o en los tribunales" a un presidente "no puede secuestrarle" un grupo de militares y "sacarle del país". En una entrevista en RNE, Zapatero ha advertido de que quebrar este "quebrar este principio" puede "abrir la puerta" a los golpes militares en Latinoamérica, "algo que esperábamos ya olvidado" después de 20 años.
Con la suspensión de los artículos 71, 78, 79, 80 y 81 de la Constitución, los parlamentarios han prohibido el derecho a reunión y asociación, la circulación y manifestación ciudadana. Además, las autoridades tienen un cheque en blanco para acceder a cualquier lugar sin necesidad de una orden judicial mientras dure el toque de queda establecido hasta el sábado de 22:00 a 6:00 hora local.
El diputado Rolando Dubón, del Partido Liberal, manifestó que se había tomado esta decisión ante la sospecha de que hay muchas personas de otros países en Honduras que podrían estar intentado atentar contra la ciudadanía y el nuevo gobierno. Lo cierto es que la medida tiene una doble proyección. Hacia el interior, supone un serio aviso a los sindicatos y partidos políticos que animan estos días a la movilización y a la huelga para rechazar la situación "de facto" que se ha creado con el golpe militar. De cara al exterior, la declaración del estado de emergencia es la respuesta al plazo de 72 horas dado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno golpista para restaurar el orden democrático en el país.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha calificado el ultimátum de "respuesta política de alto calibre que nunca antes se había visto en el continente". Sin embargo, el Gobierno de Roberto Micheletti ha advertido de que no admitirá intervenciones externas a pesar de que recibirá a una delegación del organismo interamericano para explicarle la situación en la nación caribeña.
Entretanto, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dirigió ayer (madrugada de hoy en España) un mensaje por radio a los ciudadanos de su país, a quienes ha recordado que "nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas". "No debemos dejarnos vencer ni atemorizar, debemos ocupar nuestros espacios sin temor. Nos jugamos el destino de la nación, el destino de nuestros hijos", ha señalado Zelaya, quien ha leido durante su mensaje el artículo 3 de la Constitución, en el que además de precisar que "nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas", se apunta que "el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional".
Zelaya ha pedido a los hondureños que participen en las manifestaciones pacíficas que piden su vuelta. Las marchas de apoyo y crítica al Gobierno interino encabezado por Roberto Micheletti se han sucedido en los últimos días.
En España, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a exigir hoy la restitución de Manuel Zelaya, porque aunque se pueda discutir que haya "podido cometer actos que le lleven a un enjuiciamiento político o en los tribunales" a un presidente "no puede secuestrarle" un grupo de militares y "sacarle del país". En una entrevista en RNE, Zapatero ha advertido de que quebrar este "quebrar este principio" puede "abrir la puerta" a los golpes militares en Latinoamérica, "algo que esperábamos ya olvidado" después de 20 años.
