El atentado del pasado 25 de agosto en Monterrey, en el que murieron 52 personas por el ataque del narco al casino Royale, marcó un hito en la historia de violencia extrema que vive México en los últimos años, pero es seguro que dentro de poco un nuevo episodio volverá a horrorizar a los mexicanos y al mundo. Al menos 40.000 personas han muerto desde que el presidente Calderón lanzó su guerra contra los carteles de la droga en 2006. De ellos, 15.000 cayeron el año pasado. Hay quien dice que también hay 10.000 desaparecidos.
Todos los estados limítrofes con la frontera norteamericana son escenario de la lucha interna de los diferentes grupos de narcos que se disputan territorio, rutas y mercados. Pero la guerra se disputa también contra el Estado y trasciende los límites geográficos del norte. Además, las diferentes organizaciones han diversificado sus actividades y ahora también se dedican al secuestro, la falsificación de moneda, la extorsión y el tráfico de personas, entre otros delitos.
La estrategia del gobierno de Calderón está siendo seriamente cuestionada. Por un lado se le presiona para que acabe con esta violencia, mientras ve como el tiempo se le acaba, ya que le queda solo un año en el cargo. Su gran apuesta, un proyecto de ley de seguridad nacional, se encuentra con la oposición del Parlamento. Sus críticos señalan que supondría la militarización del país, ya que daría a las fuerzas armadas la capacidad de investigar y detener.
El poeta Javier Sicilia, que tras la muerte de su hijo, víctima del crimen organizado, ha encabezado un movimiento contra la violencia, dijo recientemente al semanario Zeta: “si se militariza el país vamos a tener un tipo de violencia que nunca hemos tenido, es la violencia militarizada parecida a lo que sucedió en Centroamérica, dios nos libre de eso”. Para Sicilia y para muchos mexicanos, si esto sucede el Ejército se va a pudrir.
El problema es que el poder corruptor del dinero del narco ha comprado a la policía, la justicia y altos niveles políticos. Por eso, Joaquín Villalobos, que fue uno de los altos integrantes de la guerrilla de FMLN, ahora convertido en estudioso y consultor para la resolución de conflictos internacionales, escribió en un artículo sobre los mitos de la guerra contra el narco que “la solución estratégica es la reconstrucción, reforma y fortalecimiento de las policías, pero mientras eso avanza es indispensable usar al Ejército”.
Para eso se necesita romper un tabú, ya que en México el ejército gozó de un prestigio social del que careció en el resto de América Latina, gracias a que se mantuvo al margen de la política. Aunque en la larga era del PRI fue un sostén del régimen, fueron los civiles los que manejaron el país.
Otro tabú es la intervención en los asuntos internos de los EE.UU. y ya se ha roto. A principios de este año, aviones no tripulados norteamericanos comenzaron a sobrevolar territorio de México en labores de vigilancia. Y agentes de la CIA, la DEA y el FBI están presentes en territorio mexicano, aunque el gobierno dice que no llevan armas ni participan en arrestos. En una base militar al norte de México estarían trabajando ex militares norteamericanos con su contraparte mexicana, diseñando la estrategia en esta guerra. Al mismo tiempo, el diario norteamericano The New York Times desvelaba hace días que agentes mexicanos operaban desde EE.UU. contra el narcotráfico, con apoyo norteamericano, para evitar filtraciones.
Una de las demandas de México es que los norteamericanos intervengan para cortar el ingreso de armas al país. En México hay aproximadamente 15 millones de armas en circulación y 3 de cada 4 no están registradas. La mayoría llega por contrabando hormiga desde EE.UU., donde son compradas legalmente. Una pequeña parte entra por la frontera sur, donde todavía hay armamento que se usó en las guerras civiles centroamericanas. Hay que tener en cuenta que un arma tan popular como el Kalashnikov (también conocido como AK 47 o cuerno de chivo), tiene una vida útil de hasta 50 años.
La ola de violencia está provocando un nuevo éxodo de mexicanos al norte de la frontera. Pero esta vez se trata de mexicanos adinerados y por tanto son bienvenidos. De las 230.000 personas que se calcula abandonaron el año pasado Ciudad Juárez, la mitad se fue a EE.UU. La ciudad tejana de San Antonio, está recibiendo a decenas de miles de mexicanos que están contribuyendo al boom económico de la ciudad: un diez por ciento de las viviendas de la ciudad son propiedad de mexicanos.
El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, dio hace unos días un diagnóstico desesperanzador. Según su opinión, la actual violencia no empezará a disminuir antes de 7 años. Para Joaquín Villalobos “los carteles son fuertes cuando controlan sin combatir y pueden pasar desapercibidos para la mayoría de la población. Por el contrario, cuando reaccionan y se vuelven visibles, su posibilidad de controlar y operar libremente se debilita y los enfrentamientos internos aumentan”. Es decir, que lo que se vive actualmente no sería una muestra de fortaleza sino de debilidad.
Tras el atentado de Monterrey, el ex presidente Vicente Fox, lanzó la idea de una tregua e incluso una ley de amnistía. “Una negociación supondría que los cárteles son un enemigo coherente con control sobre sus estructuras y con reglas y límites, pero la realidad es que el narcotráfico es un enemigo fragmentado, sin control sobre su gente y sin reglas en el uso de la violencia”, escribió en Nexos Joaquín Villalobos, para quien la idea de negociar con los cárteles es una fantasía. Colombia, por ejemplo, negoció con Pablo Escobar y otros cárteles, ofreciéndoles ventajas si se sometían a la justicia, con el desenlace conocido.
