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29 de agosto de 2010, 15:20
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 27.8.2010
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés) ha reprobado la política del Gobierno francés de expulsiones de gitanos y ha instado a París a que intente integrar a los miembros de la mayor minoría étnica existente en la Unión Europea en lugar de enviarles al este de Europa.
En ningún momento, sin embargo, este comité de 18 expertos independientes pide a Francia que detenga las deportaciones. Sólo expresa su preocupación por el hecho de que muchos de los cientos de gitanos que han sido enviados a Rumanía en las últimas semanas, dentro de lo que París llama "programa de repatriaciones voluntarias", no han sido informados de sus derechos ni han tomado la decisión de regresar libremente.
En su comunicado, el comité si limita a instar al gobierno de Nicolas Sarkozy a combatir lo que consideran un aumento preocupante del racismo y la xenofobia en los discursos de algunos políticos: "El Comité está preocupado por el incremento de los incidentes de violencia y la violencia de naturaleza racista contra los gitanos en el territorio del Estado Miembro (Francia). También instan a Francia a que busque "soluciones duraderas para solucionar las cuestiones relacionadas con los gitanos sobre la base del absoluto respeto a sus Derechos Humanos", en particular a que garantice a los gitanos acceso a la educación, a la atención sanitaria y a la vivienda, así como a otras instalaciones temporales en línea con el principio de igualdad.
Bajo el programa de retorno francés, los gitanos que quieran abandonar el país reciben 300 euros y 100 euros adicionales para cada uno de sus hijos. En lo que va de año, Francia ha expulsado a 8.000 gitanos. Los últimos 300 salieron el jueves en vuelos desde París y Lyon.
A pesar de las irregularidades detectadas, el CERD se conforma con dar un aviso a Francia y ponerle deberes: dentro de un año deberá presentar un informe sobre los progresos en la aplicación de sus recomendaciones.
Las autoridades francesas, entretanto, aseguran estar combatiendo la discriminación racial mediante su "arsenal legal y una política de integración decidida". "Creemos que para combatir la discriminación contra los gitanos es indispensable abordar las causas del problema, es decir, el fracaso a la hora de integrar a esas comunidades en sus países de origen", dijo el delegado francés Jacques Pellet ante el comité el pasado 10 de agosto.
El próximo martes, autoridades de la Unión Europea (UE) y del gobierno francés debatirán en París las polémicas expulsiones. Por el Ejecutivo regional tomarán parte en las conversaciones la vicepresidenta, Viviane Reding, la comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmstrom, y el de Asuntos Sociales, Laszlo Andor. Sus interlocutores serán ministros franceses, encabezados por el primer ministro Francois Fillon.
Desde que comenzaron las deportaciones de gitanos, la UE ha guardado un sospechoso silencio hasta el pasado 25 de agosto, cuando la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y encargada de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, se pronunció en un comunicado en el que daba una de cal y otra de arena: "Es evidente que aquellos que se saltan la ley deben hacer frente a las consecuencias. Y es igualmente evidente que nadie debería ser expulsado por ser gitano".
La Comisaria reconocía, de todas formas, que la CE “está preparada para tener un debate abierto, franco y honesto con todos los estados miembros para establecer la mejor forma de afrontar -usando como base los tratados y la Carta de Derechos Fundamentales- nuestra responsabilidad común con los Roma. Si es necesario, la CE está dispuesta a ejercer como agente entre los Estados miembros y monitorear y evaluar los progresos que se vayan haciendo”. En el texto Reding criticaba, además, la retórica de algunos Estados miembros de las semanas pasadas, que han sido “abiertamente discriminatoria e incendiaria. La situación de los gitanos es un asunto serio”.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés) ha reprobado la política del Gobierno francés de expulsiones de gitanos y ha instado a París a que intente integrar a los miembros de la mayor minoría étnica existente en la Unión Europea en lugar de enviarles al este de Europa.En ningún momento, sin embargo, este comité de 18 expertos independientes pide a Francia que detenga las deportaciones. Sólo expresa su preocupación por el hecho de que muchos de los cientos de gitanos que han sido enviados a Rumanía en las últimas semanas, dentro de lo que París llama "programa de repatriaciones voluntarias", no han sido informados de sus derechos ni han tomado la decisión de regresar libremente.
En su comunicado, el comité si limita a instar al gobierno de Nicolas Sarkozy a combatir lo que consideran un aumento preocupante del racismo y la xenofobia en los discursos de algunos políticos: "El Comité está preocupado por el incremento de los incidentes de violencia y la violencia de naturaleza racista contra los gitanos en el territorio del Estado Miembro (Francia). También instan a Francia a que busque "soluciones duraderas para solucionar las cuestiones relacionadas con los gitanos sobre la base del absoluto respeto a sus Derechos Humanos", en particular a que garantice a los gitanos acceso a la educación, a la atención sanitaria y a la vivienda, así como a otras instalaciones temporales en línea con el principio de igualdad.
Bajo el programa de retorno francés, los gitanos que quieran abandonar el país reciben 300 euros y 100 euros adicionales para cada uno de sus hijos. En lo que va de año, Francia ha expulsado a 8.000 gitanos. Los últimos 300 salieron el jueves en vuelos desde París y Lyon.
A pesar de las irregularidades detectadas, el CERD se conforma con dar un aviso a Francia y ponerle deberes: dentro de un año deberá presentar un informe sobre los progresos en la aplicación de sus recomendaciones.
Las autoridades francesas, entretanto, aseguran estar combatiendo la discriminación racial mediante su "arsenal legal y una política de integración decidida". "Creemos que para combatir la discriminación contra los gitanos es indispensable abordar las causas del problema, es decir, el fracaso a la hora de integrar a esas comunidades en sus países de origen", dijo el delegado francés Jacques Pellet ante el comité el pasado 10 de agosto.
El próximo martes, autoridades de la Unión Europea (UE) y del gobierno francés debatirán en París las polémicas expulsiones. Por el Ejecutivo regional tomarán parte en las conversaciones la vicepresidenta, Viviane Reding, la comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmstrom, y el de Asuntos Sociales, Laszlo Andor. Sus interlocutores serán ministros franceses, encabezados por el primer ministro Francois Fillon.
Desde que comenzaron las deportaciones de gitanos, la UE ha guardado un sospechoso silencio hasta el pasado 25 de agosto, cuando la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y encargada de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, se pronunció en un comunicado en el que daba una de cal y otra de arena: "Es evidente que aquellos que se saltan la ley deben hacer frente a las consecuencias. Y es igualmente evidente que nadie debería ser expulsado por ser gitano".
La Comisaria reconocía, de todas formas, que la CE “está preparada para tener un debate abierto, franco y honesto con todos los estados miembros para establecer la mejor forma de afrontar -usando como base los tratados y la Carta de Derechos Fundamentales- nuestra responsabilidad común con los Roma. Si es necesario, la CE está dispuesta a ejercer como agente entre los Estados miembros y monitorear y evaluar los progresos que se vayan haciendo”. En el texto Reding criticaba, además, la retórica de algunos Estados miembros de las semanas pasadas, que han sido “abiertamente discriminatoria e incendiaria. La situación de los gitanos es un asunto serio”.
