La informalidad es la distancia más o menos considerable entre las reglas formales y los comportamientos de los actores en un régimen político. Esta brecha que se forma provoca incertidumbre y erosiona la democracia. Podemos hablar de informalidad cuando estos comportamientos son extendidos, habituales, y previsibles. Es decir, cuando se trata de instituciones.
Un ejemplo de informalidad presente en México y que es especialmente nociva para nuestra democracia son las prácticas discriminatorias. La discriminación se ha convertido en una verdadera institución, y se ha vuelto un ejemplo de cómo la legitimidad democrática se construye con base en cierto relato mientras que los comportamientos de muchos actores sociales relevantes van muchas veces por el camino contrario.
Y ello a pesar de que instrumentos legales que sancionan la discriminación en México tenemos varios. La no discriminación se encuentra en el primer artículo de la Constitución desde el año 2000 en los siguientes términos: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Existe además desde 2003 una ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación y un Consejo Nacional para prevenirla (CONAPRED) desde 2004, que se dedica a velar por el respeto y la promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, los resultados de ejercicios demoscópicos como la Encuesta Nacional sobre la Discriminación que realiza el propio CONAPRED, cuya última edición es la de 2010, demuestran que la distancia entre “el país real y el país legal” es enorme. Ya desde su primera edición, en 2005, sus resultados mostraban que ya eramos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos, y que la discriminación estaba fuertemente enraizada y asumida en la cultura social.
El origen de estas prácticas, que como otros tipos de informalidad son parte integral de nuestra historia, puede rastrearse hasta la Colonia, que dejó como principal herencia una estructura social enormemente estratificada y una marcada desigualdad, que es el referente de muchas de las prácticas discriminatorias. También la importante influencia de la Iglesia Católica ha tenido que ver con la pervivencia de este tipo de prácticas.
Actualmente, y según la ENADIS 2010, cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas con VIH. De igual manera, una de cada cuatro personas considera que se justifica llamar a la policía cuando uno ve a muchos jóvenes juntos en una esquina, incurriendo en una práctica discriminatoria que tiene mucho que ver con la actual criminalización de los jóvenes en la llamada guerra contra el narcotráfico de la administración de Felipe Calderón.
Un 26% de la población ha sentido vulnerados sus derechos por "no tener dinero", mientras que un 20 por ciento lo ha sentido por su apariencia física, su edad, y su género.
De igual manera, el 19% de las personas considera que el gobierno federal es intolerante hacia grupos vulnerables como las personas no heterosexuales. El 43% piensa lo mismo de la policía.
Por último, y a modo de ejemplo, en la península de Baja California, casi seis de cada diez personas pertenecientes a minorías étnicas reconocen la discriminación como su principal problema.
Esta brecha entre lo que marca la norma jurídica y el comportamiento habitual es negativa para la democracia porque es un reflejo de la pervivencia de la discrecionalidad en la aplicación de la ley, mediada fuertemente por la posición social, la etnicidad, el género, la preferencia sexual, o la edad de las personas, siendo que el valor de la igualdad debería ser una piedra angular en democracia... al menos de igualdad ante la ley.
La no discriminación es uno de los valores que dan sentido a la ciudadanía como sujeto y objeto de la democracia, así que cuando nadie se sorprende de la violación cotidiana de este principio, o cuando esa violación se encuentra tan extendida en todos los campos, se está vaciando de contenido a la democracia como la acción lenta pero implacable de las termitas con un edificio, una figura que utilizó ya en su día el politólogo argentino Guillermo O’Donnell.
¿Qué hacer? Estimo que lo que es más urgente es poner al día en materia de lucha contra la discriminación a los diferentes estados de la república y sus ordenamientos locales (que no están a la par del federal). Solo 13 códigos penales estatales tipifican a la discriminación como delito, solo 12 estados del país cuentan con una cláusula no discriminatoria en su constitución local, y tan solo 7 estados tienen organismos que conocen de los casos en materia de discriminación (diferentes a las comisiones estatales de derechos humanos).
Finalmente, recordemos que la educación es la palanca más eficaz para luchar contra esta informalidad nociva, aunque suena a discurso repetido hasta la saciedad: la propia ENADIS muestra que a medida que aumenta la escolaridad, aumentan los niveles de expresión de tolerancia en los mexicanos.
