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lunes. 03.10.2022

Impuestos y FARC marcan la diferencia

En su último debate televisado antes de las elecciones del próximo domingo, Santos, el ex ministro de Defensa del presidente Alvaro Uribe, defendió la denominada política de Seguridad Democrática. Mockus llamó a terminar con los insurgentes dentro de la ley y la Constitución. Dijo que va a costar más, pero vale la pena.
NUEVATRINUNA.ES / AGENCIAS - 27.5.2010

El debate entre los dos principales candidatos a la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos, del oficialista Partido de la U, y Antanas Mockus, del Partido Verde, se encendió a partir de una pregunta sobre el sistema impositivo. El candidato oficialista defendió el modelo tributario actual aunque hace unas semanas se había mostrado proclive a un aumento de impuestos. En cambio, Mockus propuso directamente una subida de tarifas que permita destinar esa recaudación a inversiones en ciencia y tecnología.

Pero cuando de verdad se tensó el debate fue a la hora de discutir la actitud frente a la guerrilla. Santos, el ex ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, defendió la denominada política de Seguridad Democrática. Se trata de una estrategia desarrollada por la actual administración para fortalecer la presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio colombiano, involucrando a toda la sociedad en la lucha contra los narcos y la guerrilla a través de la llamada “neutralidad activa”.

El ex ministro de Uribe dijo que la forma de ponerle fin a la cuestión de los desplazados es acatando las sentencias de la Corte Constitucional, que obligan al Estado a restituir tierras y a dar condiciones para una vida digna a quienes las perdieron. Pero, en la misma declaración señaló que esas sentencias, ignoradas durante el gobierno de Uribe, son de difícil, sino de imposible cumplimiento, aunque no aclaró por qué.

Por su parte Mockus llamó a terminar con los insurgentes dentro de la ley y la Constitución. En una semana en que la agenda estuvo marcada por las denuncias a las vinculaciones de la familia Uribe con los crímenes de los paramilitares, el profesor universitario se inclinó por la vía legal para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Ganar la guerra a las FARC es costoso. Es tres o cuatro veces más costoso que ganarla con paramilitares, pero hay que ganarla limpiamente”, dejó en claro. En consonancia, Mockus expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de cerca de tres millones de colombianos. “Las masacres perpetradas por los grupos paramilitares causaron los desplazamientos”. El candidato verde dijo que “cuando el Estado tiene que combatir a un grupo como las FARC tiene que actuar legalmente”, al destacar que “en el caso colombiano no se hizo”, en alusión a la Fuerza Pública y a los hacendados que fomentaron el paramilitarismo. A su juicio, eso fue un “atajo” que sólo buscó “obtener resultados por vías más rápidas y baratas”.

El candidato verde también insistió en que se necesitan más recursos para indemnizar a las víctimas de la violencia que arroja el conflicto armado. “Si las reparaciones siguen un ritmo lento, los recursos serán recibidos por los nietos de quienes sufrieron los atropellos”, señaló. En una rueda de prensa posterior, Mockus se refirió al escándalo de las ejecuciones de campesinos a los que las fuerzas del gobierno presentan como integrantes de los grupos armados muertos en combate. “Es una expresión extrema del todo vale”, dijo. “El Ejecutivo no tiene responsabilidad penal, pero tiene responsabilidad moral.”

Mientras tanto, se siguen produciendo reacciones al informe que fue entregado recientemente al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y que resulta comprometedor para el presidente Uribe y para Santos, su candidato presidencial y ex responable de Defensa. El informe da cuenta de la responsabilidad del Ejército colombiano y de civiles de ese país en la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de 16 jóvenes en 2008, en la localidad de Soacha, en el centro de Colombia.

El presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda Castro, señaló que estos 16 casos forman parte de otros 2.200 en el que están involucradas las fuerzas militares y civiles de Colombia en desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Las madres de los jóvenes asesinados, que además fueron acusados de pertenecer a grupos terroristas, rechazan la candidatura de Santos a la presidencia colombiana, toda vez que éste aún no responde ante la sociedad por dichas ejecuciones.

Impuestos y FARC marcan la diferencia
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