jueves. 28.03.2024

El asesinato, hace unos días, de Medardo Flores, periodista de Radio Uno de San Pedro Sula (la capital económica del país), pone en evidencia un grave problema en Honduras, donde han sido asesinados 16 periodistas desde julio de 2009, fecha del golpe de Estado contra Manuel Zelaya. El hondureño Comité por la Libre Expresión (C-Libre), criticó la falta de acción de las autoridades, señalando que la violencia se ha incrementado después del golpe. Apreciación compartida por Reporteros sin Frontera que en su último informe anual dice que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo desde esa fecha.

Las cifras de asesinatos de periodistas hondureños solo son comparables a las de México, un país que multiplica varias veces al pequeño Honduras, tanto en extensión como en habitantes y donde se libra una verdadera guerra entre el Estado y el narcotráfico.

Todos los asesinatos permanecen impunes. Para el gobierno, todos los casos responden a la delincuencia común. E incluso pone en duda la condición de periodistas de alguna de las víctimas. Todas, sin embargo, son reconocidas como tales por organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa o Reporteros sin Frontera.

Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, la muerte de periodistas “muestra una tendencia patológica dentro de la sociedad hondureña que debe ser motivo de preocupación, más aún cuando el Estado no tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o indirecta de estas muertes”.

El año pasado, el presidente Porfirio Lobo pidió la ayuda del FBI norteamericano y ha contado con el apoyo de especialistas de Colombia y España, pero la ola de asesinatos no se ha cortado. La última víctima, Medardo Flores, estaba ligado al Frente Amplio de Resistencia Popular, que dirige el derrocado presidente Manuel Zelaya. En otros casos, los periodistas habían denunciado crímenes de organizaciones mafiosas, como fue el caso de Adán Benítez, que informó por el canal 45 de televisión sobre una banda de saqueadores de vehículos.

El responsable directo de la seguridad, el ministro Oscar Álvarez, acaba de renunciar a su cargo. Se trata de uno de los más cercanos colaboradores del presidente Lobo y se va con la fama de ser un campeón en la lucha contra la corrupción policial. Lo cierto es que se ha ido (a EE.UU., donde vive su familia), pero con la sospecha de que se prepara para presentar su candidatura a presidente en las próximas elecciones, en otoño del 2013. Sería un nuevo candidato de “la mano dura”, en sintonía con lo que ha sucedido en el vecino Guatemala, donde los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral compiten por ver cuál es más severo en la lucha contra la violencia.

En el caso de Oscar Álvarez su pasado es, cuanto menos, inquietante. Sobrino del general Gustavo Álvarez, presidente de facto, y antes de ser ministro del actual gobierno, fue oficial de las fuerzas especiales del Batallón 3-16 durante los años ´80. Dicho batallón fue un verdadero escuadrón de la muerte, responsable de unas doscientas ejecuciones extrajudiciales, cuando en Centroamérica se libraban diversas guerras y la CIA apoyaba a la contra nicaragüense y a las dictaduras de derecha en la zona. Los americanos y los militares argentinos que envió la dictadura para apoyar la causa “anticomunista” (con especial protagonismo del general Suárez Mason), fueron sus maestros. El hasta ahora ministro hondureño de Seguridad, llegó a decir a The Baltimore Sun en 1995: “los argentinos fueron los primeros en llegar y nos enseñaron cómo hacer desaparecer personas (…) Los EE.UU. añadieron eficiencia”.

Su sucesor es Pompeyo Bonilla, un ex militar que fue ayudante del general Oswaldo Pérez Arellano, que fue presidente de facto en dos ocasiones: 1963-1971 y 1972-1975. Bonilla viene de ser presidente de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), donde tuvo dos iniciativas destacadas: suspender las licencias de numerosas radios comunitarias que emitían en FM e impulsar la legislación para autorizar las escuchas telefónicas.

Honduras, uno de los países más peligrosos para los periodistas