viernes. 29.03.2024

Tras varias horas de duros enfrentamientos entre manifestantes que protestaban por el homenaje al ex dictador chileno y los carabineros, 64 personas fueron detenidas y otras 22 resultaron heridas, una de ellas con carácter grave. Un periodista del Canal 13 (de la Universidad Católica) y un técnico del canal privado Megavisión, están entre los heridos. Los manifestantes trataron de llegar el teatro Caupolicán, donde unas 1.200 personas asistieron al acto, que incluyó la proyección de un documental sobre Pinochet.

"El Poder Judicial está del lado de quienes violan los derechos humanos, porque hoy día negar el genocidio, ser sometidas y sometidos a la tortura psicológica a que hemos sido sometidos como familiares en estos días, es amparar nuevamente a criminales y torturadores”

Miguel Méndez Piñar, nieto de Blas Piñar, y el abogado Jaime Alonso, uno de los querellantes contra Baltasar Garzón, estuvieron entre los invitados al acto, organizado por una asociación poco conocida, llamada Fundación 11 de septiembre, en recuerdo a la fecha del golpe de Estado que derrocó al presidente Allende. El nieto de Blas Piñar afirmó que Franco y Pinochet habían sido dos almas gemelas y que había que estar atentos para volver a las trincheras “si hace falta frente al marxismo”.

Por su parte, el abogado Jaime Alonso sostuvo que “acá en Chile hay muchos jueces garzones que hay que desenmascarar”, y que era una escuela es perversa, con jueces en los que no hay “sino venganza y odio en sus corazones”. Solo un miembro de la familia del fallecido dictador estuvo presente, su nieto Augusto Pinochet Molina, de 39 años, ex capitán del ejército.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) presentó un recurso judicial para tratar de impedir el acto, que no fue atendido. Su presidente, Lorena Pizarro, manifestó: “una vez más, el Poder Judicial está del lado de quienes violan los derechos humanos, porque hoy día negar el genocidio, ser sometidas y sometidos a la tortura psicológica a que hemos sido sometidos como familiares en estos días, es amparar nuevamente a criminales y torturadores”.

El gobierno de Sebastián Piñera, que tiene entre sus filas numerosos políticos que apoyaron la dictadura, dijo no apoyar el acto, pero defendió el derecho a su realización. El portavoz, Andrés Chadwick, declaró que estaba arrepentido de haber apoyado al gobierno militar, “por la violación brutal a los derechos humanos”. Aseguró también que hay una operación en marcha, “orquestada desde la cárcel de Punta Peuco” (donde están encarcelados algunos de los militares condenados por los crímenes de la dictadura), para impulsar una supuesta reconciliación que termine con el indulto a los militares condenados.

El Premio Nobel de la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta al presidente chileno, Sebastián Piñera, en el que afirma que es necesario tener memoria para no perder los valores éticos. “Cuando tu gobierno permite homenajes a quienes torturaron, mataron, encarcelaron, impusieron la desaparición de personas y provocaron el exilio de miles de hombres y mujeres, imponiendo políticas de terrorismo de Estado (…) estás desconociendo la dignidad de tu pueblo y la de todos los pueblos latinoamericanos”, añade.

El premio Nobel argentino también cuestionó las contradicciones en el gobierno de Chile al afirmar: “¿Por qué mientras un funcionario de tu gobierno dice que una democracia no puede impedir el homenaje a Augusto Pinochet, tu administración no vacila en reprimir a los hermanos mapuches por reclamar sus territorios y les aplican la ley anti-terrorista y les encarcelan?”.

En el teatro Caupolicán, donde horas más tarde actuaría el grupo español Mocedades, se oyeron gritos a favor de la liberación de Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI (Central Nacional de Informaciones), sucesora de la más conocida DINA. Cuando en el documental aparecieron imágenes de época del ahora presidente Piñera, la concurrencia comenzó a abuchearlo.

Hace cinco años que murió Pinochet y veintidós desde que terminó la dictadura. Pero todavía hay un sector de la población, un núcleo duro, que siente la nostalgia de la dictadura. Para el sociólogo Manuel Antonio Garretón, sería entre un 10 y un 20 % de la población. Este porcentaje “es enormemente alto y prueba que éste es un país enfermo aún”, dijo estos días en declaraciones a la agencia efe.

Según los últimos datos oficiales, la dictadura pinochetista (1973-1990), provocó 40.000 víctimas. De ellos, 3.225 murieron o fueron hechos desaparecer, el resto fueron encarcelados y torturados. Además, unas 200.000 personas se exiliaron en distintos países del mundo para escapar a la dictadura.

Aunque la justicia tardó en empezar a actuar, fruto de la peculiar transición chilena -con Pinochet al mando del ejército durante los 8 primeros años de la democracia y después ejerciendo un poder de facto-, hay 76 personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellos están Manuel Contreras, jefe de la DINA, el también agente Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, que comandó la CNI o José Paredes, uno de los soldados que asesinó a Víctor Jara en el Estadio Nacional.

De los condenados, 67 están repartidos en un par de cárceles especiales para violadores de los derechos humanos. La mayoría pertenece al Ejército (36) y a la fuerza de Carabineros (27).

Según un reciente estudio del Laboratorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en los tribunales están abiertas todavía 350 causas por torturas, desapariciones y otros delitos graves, que involucran a unos 700 militares y agentes de civil.

Heridos y detenidos en el homenaje a Pinochet