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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.1.2009

El PP ha impuesto su mayoría para evitar que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, compareciera ante la Diputación Permanente de la Asamblea para dar cuenta del supuesto caso de espionaje a cargo de su departamento. En lugar de tener que dar explicaciones ante el pleno, Granados acudirá, a petición propia, a una sesión extraordinaria de la Comisión correspondiente, un trámite mucho más cómodo para él ya que tendrá que informar, además, sobre cómo su Consejería "ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones" y sobre su gestión de la nevada que sumió a Madrid en el caos.

IU ya ha pronosticado que la comparecencia no servirá para “entrar en el fondo del asunto” del espionaje.

En cuanto al PSM, su secretario general, Tomás Gómez, ha explicado que no contempla la posibilidad de que el PP vete la creación de una comisión de investigación en el Parlamento regional sobre la supuesta trama de espionaje organizada la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y ha anunciado que si se rechazase "la respuesta" del PSM sería "contundente".

Gómez ha adelantado algunas preguntas que el PSM realizará en esa comisión de investigación, como qué personas están contratadas en ese servicio "supuestamente parapolicial", dependiente de esa consejería dirigida por Francisco Granados, qué tipo de contrato vincula a estas personas con la Comunidad de Madrid y qué "retribuciones salariales o de otro tipo perciben".

El líder del PSM ha señalado que impedir que se cree esa comisión de investigación "hace que el Gobierno de Aguirre sea sospechoso", ya que no tendría sentido rechazar una investigación cuando el PP la está llevando a cabo de manera interna. Asimismo, ha exigido el "desmantelamiento inmediato de la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior", ya que "no tiene sentido que siga funcionando ni un solo día mas", porque o bien es, como dicen los medios de comunicación, "un cuerpo parapolicial al margen del Estado de Derecho, o no tiene sentido tenerla al carecer la Comunidad de Madrid competencias en esta materia".

Gómez ha vuelto a pedir a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que acuda a la Asamblea de Madrid para dar explicaciones. Tras señalar que Granados "no tiene legitimidad moral ni política para seguir formando parte del Gobierno regional", ha indicado que este asunto es el "más grave ocurrido en la Comunidad de Madrid en democracia".

Granados evita comparecer ante el pleno de la Diputación Permanente