Human Rights Watch (HRW) ha denunciado desalojos y expulsiones masivas de romaníes del este de Europa por parte del Gobierno francés y ha solicitado a la Comisión Europea que investigue la situación y obligue a París a cumplir con las advertencias que le fueron dadas el año pasado. La Comisión señaló que si no las cumplía, el Ejecutivo francés se enfrentaría a sanciones por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (UE).
Asimismo, HRW ha criticado que no sólo la Comisión no haya actuado contra Francia, sino que a finales de agosto de este año se ha mostrado "satisfecha" con la respuesta por parte del Gobierno galo. "La expresión francesa 'cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual' no podría ser más apropiada", ha señalado la investigadora de HRW Judith Sunderland. "Un año y una nueva ley de inmigración después, los romaníes en Francia son aún vulnerables a detenciones masivas, expulsiones injustas y discriminación", ha agregado.
El informe de HRW detalla la manera en que la nueva ley de inmigración, aprobada en junio de 2011, se queda corta en su misión de hacer que Francia cumpla sus obligaciones bajo las normas de libertad de movimiento de la UE y los Derechos Humanos internacionales.
"Durante el año pasado, miles de romaníes de Rumanía y Bulgaria fueron expulsados de Francia bajo órdenes que violan sus derechos", ha señalado HRW. Las órdenes son habitualmente publicadas a gran escala en los días previos a operaciones en campamentos informales, sin el estudio suficiente de las circunstancias individuales de las personas que allí se encuentran.
Aquellos que reciben la orden 'Obligación de Abandonar el Territorio Francés' (OQTF) deben apelar la decisión o abandonar el país en los siguientes 30 días. En caso de que no lo hagan pueden ser detenidos o expulsados por la fuerza. "Los tribunales han realizado un acercamiento inconsistente hacia las apelaciones", argumenta HRW.
"Hay informes consistentes sobre visitas reiteradas de la Policía a los asentamientos informales, durante las cuales se interrogó a los presentes sobre la duración de su estancia en Francia y su forma de vida", ha dicho HRW. Los agentes solicitaron a los residentes, muchos de los cuales no entienden francés, que firmaran papeles sin decirles cuál era su contenido y sin entregarles una copia.
Desde mediados de septiembre, centenares de romaníes han sido desalojados de sus asentamientos en Lyon en una nueva oleada de deportaciones. En la gran mayoría de los casos, no se ha ofrecido otro alojamiento a dichas personas, según ha manifestado HRW. "Las expulsiones se han llevado a cabo en otras partes de Francia, incluyendo Marsella y parís", ha agregado la organización. A finales de agosto, en la ciudad de Saint Denis, la Policía desalojó a 150 romaníes rumanos y búlgaros y les escoltó en tranvía hasta la estación de tren.
PIDEN ACCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
"La Comisión Europea se mostró muy clara con Francia, pero la situación para los romaníes en el país sólo ha empeorado", ha dicho Sunderland. "Es vital para la Comisión que renueve su valoración sobre estas prácticas abusivas, que rompen la legislación europea e internacional", ha añadido.
Algunos romaníes han abandonado el país bajo el programa de 'Retorno Voluntario Asistido', patrocinado por la Oficina de Inmigración e Integración, bajo el cual los adultos reciben 300 euros y los niños 100 euros para volver a Rumanía o Bulgaria. Muchos de ellos se acogen a la oferta tras recibir la orden de abandonar el país, y algunas organizaciones de activistas romaníes han indicado que algunos viajan a Francia exclusivamente para recibir esta ayuda.
"Estas prácticas violan la ley y el espíritu de las normas europeas de libertad de movimiento", ha agregado Sunderland. "Y hay que plantearse si sería igual si fueran ciudadanos alemanes o suecos, por ejemplo, los que fueran expulsados por visitar el país por segunda vez", ha subrayado.
"Pese a los profundos defectos de la legislación y las pruebas de la discriminación contra los romaníes, la Comisión Europea emitió un comunicado el 25 de agosto en el que indica que está satisfecha con los pasos dados por Francia", ha recalcado HRW.
La comisaria europea para Derechos Fundamentales, Viviane Reding, amenazó con tomar acciones legales contra París hace un año en un momento en que la campaña de expulsiones tuvo un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación.
En ese momento, Reding reaccionó con vehemencia contra una circular administrativa del Ministerio de Interior galo, datada el 5 de agosto y filtrada a la prensa a principios de septiembre de 2010, en la que se ordenaba "la acción sistemática para desmantelar los campamentos ilegales, dándose prioridad a aquellos en los que haya romaníes". A causa de las críticas, Francia adoptó una nueva circular en septiembre en la que se eliminó la referencia a los romaníes.
LOS DATOS
Según cifras del Gobierno, un total de 4.714 ciudadanos rumanos y búlgaros fueron expulsados de Francia en los tres primeros meses del año, mientras que en 2010 fueron deportados 9.500. Sin embargo, organizaciones en defensa de los derechos de esta comunidad han subrayado que el número estimado de romaníes en Francia se mantiene estable en torno a los 15.000.
La nueva ley de inmigración permite a las autoridades expulsar del país a romaníes --que pertenecen a países de la UE-- por "abusar de sus derechos" en caso de haber estado en Francia durante varias etapas de tiempo cortas o si están "con el propósito fundamental" de beneficiarse del sistema de asistencia social. Esto entra en contradicción directa con la legislación europea, que permite a los ciudadanos de los Estados miembro permanecer en cualquier país de la UE hasta tres meses sin condiciones. Para estancias a largo plazo, han de tener un empleo o medios suficientes para mantenerse sin suponer un obstáculo para el Estado de bienestar del país receptor.
"Las autoridades del país han llevado a la práctica la expulsión de romaníes por la mera presunción de que han recibido beneficios sociales. Desde junio, se ha ordenado a los romaníes que abandonen Francia por el simple motivo de que han estado allí antes, aunque en la estancia actual lleven menos de tres meses", ha valorado HRW.
