nuevatribuna.es
29 de junio de 2009, 14:41
NUEVATRIBUNA.ES - 29.06.2009
La condena internacional ante el golpe de estado perpetrado por los militares hondureños contra el presidente Manuel Zelaya ha sido unánime. La OEA (Organización de Estados Americanos), la Unión Europea y Barack Obama han rechazado este ataque a la democracia y han apoyado al presidente destituido. Sin embargo entre tanto rechazo aparecen teorías inquietantes que dejan entrever una justificación de lo sucedido.
Para los golpistas las excusas son diversas, pero la más irónica de todas es la de “defender la democracia”, como ha dicho el portavoz del Poder Judicial de Honduras, Danilo Izaguirre. Los hechos son los siguientes. El presidente Gabriel Zelaya había solicitado llevar a cabo este domingo un referéndum no vinculante (apoyado por 400.000 firmas de los ciudadanos hondureños) en el que se preguntaba a los hondureños si les gustaría que en las próximas elecciones de noviembre, se votase también la creación de una asamblea constituyente que reformase la carta magna y en la que se permitiera llevar a cabo una reelección presidencial. El jefe de Estado Mayor, Vásquez Romero, no apoyaba esta votación por lo que el presidente Zelaya decidió destituirlo. A partir de ese momento el Poder Judicial entró en un juego complejo, desacreditó a Zelaya, no aceptó la destitución de Vásquez y mandó sacar a los militares a la calle.
Lo sucedido la madrugada del domingo es conocido por todos, pero vale la pena recordarlo. Hacia las cinco de la madrugada hora local, un grupo de militares encapuchados entró en la residencia del mandatario a punta de fusil y lo destituyó de su cargo. Varios tanques rodearon la Casa de Gobierno y diversos helicópteros coparon el cielo de Tegucigalpa.
Los golpistas, incluso, secuestraron y golpearon durante un par de horas a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la reacción del mandatario bolivariano, que amenazó con acciones militares si volvían a tocar a su representante. Los militares sacaron a Zelaya en pijama y lo enviaron directamente a Costa Rica. Más tarde los golpistas elegirían un nuevo presidente , Roberto Micheletti, quien horas después declararía el toque de queda en el país.
De todo lo narrado hay dos hechos especialmente reseñables. Por un lado es necesario entender el referéndum, que aparentemente ha sido la causa de dicho golpe militar, tal y como han sugerido los golpistas. Por otro lado, parece inevitable la reminiscencia de otros golpes de Estado ejecutados al puro estilo de la CIA, con el más reciente ejemplo de lo sucedido en Venezuela en 2002.
LA DESEADA REELECCIÓN
Es innegable que en los últimos años, en diversos países de América Latina se ha puesto en práctica la tentadora reelección indefinida (sistema homologable al español). El primero en cambiar la Ley electoral fue Carlos Menem, convirtiéndose en el primer presidente argentino que gobernó durante diez años (1989-1999). Al argentino le siguieron Alberto Fujimori, en Perú; Hugo Chávez, en Venezuela; Daniel Ortega, en Nicaragua; Evo Morales, en Bolivia, y el caso más reciente, Álvaro Uribe, en Colombia. Todos ellos hicieron un referéndum.
Sin embargo cuando el presidente colombiano aplica la misma fórmula (hace apenas un mes) las voces internacionales que hoy se escandalizan ante el deseo de Zelaya, se quedan calladas. Más allá de ser o no prudente este tipo de reformas electorales (dicho debate merece un análisis aparte) no se puede justificar un golpe de Estado porque un presidente quiera celebrar un referéndum, en el que los ciudadanos tienen la última palabra para decidir el rumbo del país. Son las reglas del juego de la democracia, gusten o no y aunque es inevitable, es deplorable que se manoseen en función de una u otra ideología.
LA ‘LEGALIDAD’ DEL GOLPE
Si antes los golpes de Estado eran perpetrados por altos cargos militares, los llamados ‘gorilas’ en América Latina, hoy asistimos a un golpe que se enmascara de ‘legalidad’ por ser apoyado y promovido por el Poder Judicial del país. La complicidad del Parlamento confirma esta práctica: “Las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad”, como señala el escritor uruguayo Jorge Majfud.
Como sucede en algunos golpes, en esta ocasión tanto los militares como el Poder judicial han hecho peripecias con la jerga jurídica para definir este atentado como: “Las acciones del día de hoy �por el domingo- están basadas en una orden judicial emitida por juez competente, y por ello su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales”- como dijo el portavoz del Poder Judicial, Danilo Izaguirre.
A pesar de que en toda Constitución se contempla la destitución de un presidente, no hay que olvidar que hay que cumplir una serie de etapas legales. Ninguna Constitución democrática prevé que el presidente pueda ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país. Menos en nombre de la legalidad. Menos con la complicidad del jefe de un Parlamento que además es el opositor político del mandatario.
AL PURO ESTILO DE LA CIA
Tal y como señala el politólogo argentino, Atilio A. Boron, el operativo llevado a cabo el pasado domingo, recuerda mucho a los golpes de Estado latinoamericanos diseñados por la CIA y por la Escuela de la Américas en los años 70. Desde el secuestro del presidente a esas horas de la madrugada, las palizas propinadas a los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela, así como el ostentoso despliegue de fuerza hecho por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. Después vendría el toque de queda y una brutal censura a la prensa que hasta el momento no han denunciado ni Reporteros Sin Fronteras, ni la Sociedad Interamericana de Prensa, que suele estar muy atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Este golpe de Estado es una reminiscencia del último intento golpista que se produjo en Venezuela en 2002. También esa vez algunas voces de la derecha y también socialistas justificaban dicha acción, según ellos porque Chávez no era elegido democráticamente. ¿Quién pone el sentido a la palabra democracia? ¿Quién decide cuándo un golpe de estado es válido?
La condena internacional ante el golpe de estado perpetrado por los militares hondureños contra el presidente Manuel Zelaya ha sido unánime. La OEA (Organización de Estados Americanos), la Unión Europea y Barack Obama han rechazado este ataque a la democracia y han apoyado al presidente destituido. Sin embargo entre tanto rechazo aparecen teorías inquietantes que dejan entrever una justificación de lo sucedido.
Para los golpistas las excusas son diversas, pero la más irónica de todas es la de “defender la democracia”, como ha dicho el portavoz del Poder Judicial de Honduras, Danilo Izaguirre. Los hechos son los siguientes. El presidente Gabriel Zelaya había solicitado llevar a cabo este domingo un referéndum no vinculante (apoyado por 400.000 firmas de los ciudadanos hondureños) en el que se preguntaba a los hondureños si les gustaría que en las próximas elecciones de noviembre, se votase también la creación de una asamblea constituyente que reformase la carta magna y en la que se permitiera llevar a cabo una reelección presidencial. El jefe de Estado Mayor, Vásquez Romero, no apoyaba esta votación por lo que el presidente Zelaya decidió destituirlo. A partir de ese momento el Poder Judicial entró en un juego complejo, desacreditó a Zelaya, no aceptó la destitución de Vásquez y mandó sacar a los militares a la calle.
Lo sucedido la madrugada del domingo es conocido por todos, pero vale la pena recordarlo. Hacia las cinco de la madrugada hora local, un grupo de militares encapuchados entró en la residencia del mandatario a punta de fusil y lo destituyó de su cargo. Varios tanques rodearon la Casa de Gobierno y diversos helicópteros coparon el cielo de Tegucigalpa.
Los golpistas, incluso, secuestraron y golpearon durante un par de horas a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la reacción del mandatario bolivariano, que amenazó con acciones militares si volvían a tocar a su representante. Los militares sacaron a Zelaya en pijama y lo enviaron directamente a Costa Rica. Más tarde los golpistas elegirían un nuevo presidente , Roberto Micheletti, quien horas después declararía el toque de queda en el país.
De todo lo narrado hay dos hechos especialmente reseñables. Por un lado es necesario entender el referéndum, que aparentemente ha sido la causa de dicho golpe militar, tal y como han sugerido los golpistas. Por otro lado, parece inevitable la reminiscencia de otros golpes de Estado ejecutados al puro estilo de la CIA, con el más reciente ejemplo de lo sucedido en Venezuela en 2002.
LA DESEADA REELECCIÓN
Es innegable que en los últimos años, en diversos países de América Latina se ha puesto en práctica la tentadora reelección indefinida (sistema homologable al español). El primero en cambiar la Ley electoral fue Carlos Menem, convirtiéndose en el primer presidente argentino que gobernó durante diez años (1989-1999). Al argentino le siguieron Alberto Fujimori, en Perú; Hugo Chávez, en Venezuela; Daniel Ortega, en Nicaragua; Evo Morales, en Bolivia, y el caso más reciente, Álvaro Uribe, en Colombia. Todos ellos hicieron un referéndum.
Sin embargo cuando el presidente colombiano aplica la misma fórmula (hace apenas un mes) las voces internacionales que hoy se escandalizan ante el deseo de Zelaya, se quedan calladas. Más allá de ser o no prudente este tipo de reformas electorales (dicho debate merece un análisis aparte) no se puede justificar un golpe de Estado porque un presidente quiera celebrar un referéndum, en el que los ciudadanos tienen la última palabra para decidir el rumbo del país. Son las reglas del juego de la democracia, gusten o no y aunque es inevitable, es deplorable que se manoseen en función de una u otra ideología.
LA ‘LEGALIDAD’ DEL GOLPE
Si antes los golpes de Estado eran perpetrados por altos cargos militares, los llamados ‘gorilas’ en América Latina, hoy asistimos a un golpe que se enmascara de ‘legalidad’ por ser apoyado y promovido por el Poder Judicial del país. La complicidad del Parlamento confirma esta práctica: “Las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad”, como señala el escritor uruguayo Jorge Majfud.
Como sucede en algunos golpes, en esta ocasión tanto los militares como el Poder judicial han hecho peripecias con la jerga jurídica para definir este atentado como: “Las acciones del día de hoy �por el domingo- están basadas en una orden judicial emitida por juez competente, y por ello su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales”- como dijo el portavoz del Poder Judicial, Danilo Izaguirre.
A pesar de que en toda Constitución se contempla la destitución de un presidente, no hay que olvidar que hay que cumplir una serie de etapas legales. Ninguna Constitución democrática prevé que el presidente pueda ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país. Menos en nombre de la legalidad. Menos con la complicidad del jefe de un Parlamento que además es el opositor político del mandatario.
AL PURO ESTILO DE LA CIA
Tal y como señala el politólogo argentino, Atilio A. Boron, el operativo llevado a cabo el pasado domingo, recuerda mucho a los golpes de Estado latinoamericanos diseñados por la CIA y por la Escuela de la Américas en los años 70. Desde el secuestro del presidente a esas horas de la madrugada, las palizas propinadas a los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela, así como el ostentoso despliegue de fuerza hecho por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. Después vendría el toque de queda y una brutal censura a la prensa que hasta el momento no han denunciado ni Reporteros Sin Fronteras, ni la Sociedad Interamericana de Prensa, que suele estar muy atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Este golpe de Estado es una reminiscencia del último intento golpista que se produjo en Venezuela en 2002. También esa vez algunas voces de la derecha y también socialistas justificaban dicha acción, según ellos porque Chávez no era elegido democráticamente. ¿Quién pone el sentido a la palabra democracia? ¿Quién decide cuándo un golpe de estado es válido?
