A poco de asumir su segundo mandato, la presidente Cristina Kirchner enfrenta un problema potencialmente grave con su vicepresidente, Amado Boudou, denunciado por presuntos hechos de corrupción. Aunque la primera denuncia se produjo el pasado 6 de febrero, ni el afectado ni ningún miembro del gobierno hizo hasta ahora declaración pública alguna, si siquiera para desmentirlo.
Cristina Kirchner ya tuvo un problema grave con el vicepresidente de su primer mandato, Julio Cobos, que siete meses después de comenzar su mandato fue mandado a los infiernos por contrariar con su voto en el Senado el proyecto del gobierno sobre las llamadas retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. Desde entonces fue ignorado, apartado de cualquier acto del gobierno y nunca más la presidente le dirigió la palabra.
Para evitar otro “traidor” fue que la presidente eligió a Boudou, un joven de 49 años, al que le gustan las motos y el rock (suele cantar en actos políticos con una banda llamada La Mancha de Rolando), pero sin mayor peso político. Eso sí, ya desde su puesto como ministro de Economía demostró una lealtad absoluta. Y hasta una reconversión ideológica importante, tras pasar por el CEMA (Centro de Estudios Macroecómicos de Argentina) y militar en la derechista UCeDé, el partido fundado por Álvaro Alsogaray, uno de los históricos enemigos del peronismo y sustento ideológico del neoliberalismo de los años ´90. .
El escándalo que afecta a Boudou fue desvelado por Radio Mitre y el diario Clarín, basándose en declaraciones de la ex esposa de Alejandro Paul Vandenbroele, un viejo amigo de juventud de Boudou, abogado, que vivió varios años en España y que podría estar actuando como testaferro del vicepresidente.
La principal acusación apunta a que el citado Vandenbroele y otro amigo y socio de Boudou en dos empresas, José Núñez Carmona, se hicieron con la empresa Ciccone Calcográfica, la mayor imprenta privada del país (la única capaz de imprimir billetes, cheques y pasaportes), con la presunta ayuda del Gobierno. En concreto de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Secretaría de Comercio Interior. El primer organismo levantó el embargo que pesaba sobre la empresa, una vez que quebró, permitiendo la entrada en escena de Vandenbroele. Y el segundo apartó a la empresa Bolt, con antecedentes en este mercado, con el argumento de que se producía una concentración empresaria en el mercado del sector gráfico.
Con sus nuevos dueños, la empresa (rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana, S.A.), imprimió papeletas y carteles electorales para el oficialista Frente para la Victoria en las pasadas elecciones. Aunque técnicamente no podía hacer el trabajo, por el ancho de las bobinas de sus máquinas, tercerizó el trabajó. Y estaría a punto de recibir el encargo de la Casa de la Moneda para imprimir los billetes de cien pesos que se pondrán este año en circulación.
Vandenbroele figura en la AFIP, la Hacienda argentina, como monotributista. Y declara ingresos mensuales de 12.000 pesos (poco más de 2.000 €), aunque desembolsó más de dos millones para levantar la quiebra de la imprenta. Según informaciones periodísticas, Vandenbroele se habría presentado a los trabajadores de la empresa como “un hombre de Boudou” y les habría adelantado que iban a imprimir papel moneda.
Después de varios días de silencio total en el Gobierno, un juez y un fiscal iniciaron una investigación por presunta violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos.
“Todo el mundo sabe que quien hace una investigación que afecta al Gobierno va a tener problemas en su carrera, están todos domesticados"
Pero el futuro de la investigación es incierto. El ex fiscal anticorrupción, Manuel Garrido, fue escéptico: “Todo el mundo sabe que quien hace una investigación que afecta al Gobierno va a tener problemas en su carrera, están todos domesticados (…) Los casos graves de corrupción terminan en la nada porque hay intereses que hacen que los jueces no avancen en las causas; ni siquiera pueden abrir investigaciones de oficio porque se arriesgan a sanciones de la Procuraduría o de otro organismo”.
El vicepresidente argentino ya fue objeto del interés periodístico por el incremento sorprendente de sus bienes en los últimos años. Entre el 2002 y el 2010 multiplicó por cuatro su patrimonio. En la fecha inicial no tenía más que una moto y un coche; hoy es socio en algunas empresas, propietario de varias motos de alta gama, tres automóviles y un apartamento en Puerto Madero, la zona más exclusiva de Buenos Aires. Según su declaración de bienes patrimoniales, pagó unos 215.000 dólares, aunque el precio de mercado en aquél momento sería algo mayor, en torno a los 295.000.
