nuevatribuna.es
15 de noviembre de 2009, 5:43
NUEVATRIBUNA.ES -13.11.2009
En Colombia ser abogado, periodista, sindicalista o campesino es una profesión de alto riesgo. El estado los considera peligrosos y no tiene pudor alguno en llevar a cabo escuchas telefónicas o controles de correos electrónicos. El encargado de esta persecución es el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), un órgano que depende directamente del Ejecutivo.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con sede en Bogotá, ha tenido acceso a un informe en el que se constatan estas prácticas abusivas de las que también han sido víctimas numerosos defensores de los derechos humanos, indígenas, e incluso magistrados del Tribunal Supremo colombiano y trabajadores de la OEA en el país.
La guerra de Uribe ya no es contra el narcotráfico. Los tentáculos del Gobierno se extienden por toda la región, pero las víctimas siempre son las mismas: los ciudadanos.
La eterna guerra civil que sufre este país andino no cesa de derramar sangre y de expulsar a sus habitantes hacia otros derroteros menos perversos.
Muchos de los defensores de derechos humanos y sindicalistas que han sido investigados y perseguidos, hoy se encuentran fuera del país. Desde Bruselas ejercen una labor clave para exigir a la Unión Europea que presione al Gobierno colombiano y le obligue a respetar los derechos humanos que tanto se empeña en vulnerar.
Su última denuncia viene en forma de documental. En este trabajo Protection International (asociación internacinal firmante de la campaña) muestra el testimonio de diversos trabajadores que han padecido estas persecuciones por parte del DAS. El vídeo forma parte de la campaña internacional Colombia: defensores de derechos humanos bajo amenaza suscrita por 226 organizaciones de Europa, América, Oceanía y Asia, que ha sido presentada en Bogotá, Bruselas, Washington y Londres y que próximamente podrá verse en Madrid.
Nuevatribuna.es les ofrece un adelanto con algunos de los testimonios:
Luis Guillermo Pérez, miembro de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, no puede entender que un órgano que depende directamente del Ejecutivo persiga “de la manera más infame a los defensores de derechos humanos, hasta la más profunda intimidad de sus familias, de sus hijos...nunca habíamos visto tal voluntad del Estado de destruir el trabajo de los defensores”.
Martín Sandoval, también defensor de derechos humanos en la zona de Arauca, pasó siete meses en la cárcel después del operativo llevado por el DAS. Sólo la solidaridad internacional y una visita de una delegación del Parlamento británico y de sindicalistas estadounidenses y canadienses consiguieron liberarlo.
Ramiro Orjuela es abogado y tiene la mala costumbre de defender los derechos de los campesinos: “En diversas ocasiones me ha acusado de ser guerrillero. A nosotros abogados se nos acusa de ser parte de los grupos insurgentes, yo he tenido la suerte de seguir con vida pero otros abogados no la tuvieron”..
La profesión de Luis Alberto Vanegas es una de las más arriesgadas que se pueden tener en este país. Luis es sindicalista, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Colombia es el país del mundo con mayor número de sindicalistas asesinados. Venegas lo confirma con una triste cifra: “sólo en 2009 han matado a 26 compañeros”.
Lina Paola Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas fue señalada como “apátrida”: “Semanas después me amenazaron gravemente y tuve que desplazarme temporalmente del país para seguir con vida”, denuncia en el documental.
Oidhaco es una organización europea que agrupa a 30 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Colombia. Su portavoz, Emmanuel Raison, no cesa de pedir más atención con lo que sucede en su país: “Es por mandato, por las directrices de la Unión Europea sobre defensores, que los países europeos tienen que estar pendientes de la situación de defensores en Colombia: cosas importantes ya se han hecho pero pensamos que se queda corto con la gravedad de la situación”.
En Colombia ser abogado, periodista, sindicalista o campesino es una profesión de alto riesgo. El estado los considera peligrosos y no tiene pudor alguno en llevar a cabo escuchas telefónicas o controles de correos electrónicos. El encargado de esta persecución es el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), un órgano que depende directamente del Ejecutivo.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con sede en Bogotá, ha tenido acceso a un informe en el que se constatan estas prácticas abusivas de las que también han sido víctimas numerosos defensores de los derechos humanos, indígenas, e incluso magistrados del Tribunal Supremo colombiano y trabajadores de la OEA en el país.
La guerra de Uribe ya no es contra el narcotráfico. Los tentáculos del Gobierno se extienden por toda la región, pero las víctimas siempre son las mismas: los ciudadanos.
La eterna guerra civil que sufre este país andino no cesa de derramar sangre y de expulsar a sus habitantes hacia otros derroteros menos perversos.
Muchos de los defensores de derechos humanos y sindicalistas que han sido investigados y perseguidos, hoy se encuentran fuera del país. Desde Bruselas ejercen una labor clave para exigir a la Unión Europea que presione al Gobierno colombiano y le obligue a respetar los derechos humanos que tanto se empeña en vulnerar.
Su última denuncia viene en forma de documental. En este trabajo Protection International (asociación internacinal firmante de la campaña) muestra el testimonio de diversos trabajadores que han padecido estas persecuciones por parte del DAS. El vídeo forma parte de la campaña internacional Colombia: defensores de derechos humanos bajo amenaza suscrita por 226 organizaciones de Europa, América, Oceanía y Asia, que ha sido presentada en Bogotá, Bruselas, Washington y Londres y que próximamente podrá verse en Madrid.
Nuevatribuna.es les ofrece un adelanto con algunos de los testimonios:
Luis Guillermo Pérez, miembro de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, no puede entender que un órgano que depende directamente del Ejecutivo persiga “de la manera más infame a los defensores de derechos humanos, hasta la más profunda intimidad de sus familias, de sus hijos...nunca habíamos visto tal voluntad del Estado de destruir el trabajo de los defensores”.
Martín Sandoval, también defensor de derechos humanos en la zona de Arauca, pasó siete meses en la cárcel después del operativo llevado por el DAS. Sólo la solidaridad internacional y una visita de una delegación del Parlamento británico y de sindicalistas estadounidenses y canadienses consiguieron liberarlo.
Ramiro Orjuela es abogado y tiene la mala costumbre de defender los derechos de los campesinos: “En diversas ocasiones me ha acusado de ser guerrillero. A nosotros abogados se nos acusa de ser parte de los grupos insurgentes, yo he tenido la suerte de seguir con vida pero otros abogados no la tuvieron”..
La profesión de Luis Alberto Vanegas es una de las más arriesgadas que se pueden tener en este país. Luis es sindicalista, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Colombia es el país del mundo con mayor número de sindicalistas asesinados. Venegas lo confirma con una triste cifra: “sólo en 2009 han matado a 26 compañeros”.
Lina Paola Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas fue señalada como “apátrida”: “Semanas después me amenazaron gravemente y tuve que desplazarme temporalmente del país para seguir con vida”, denuncia en el documental.
Oidhaco es una organización europea que agrupa a 30 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Colombia. Su portavoz, Emmanuel Raison, no cesa de pedir más atención con lo que sucede en su país: “Es por mandato, por las directrices de la Unión Europea sobre defensores, que los países europeos tienen que estar pendientes de la situación de defensores en Colombia: cosas importantes ya se han hecho pero pensamos que se queda corto con la gravedad de la situación”.
