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1 de febrero de 2010, 6:50
A.M / NUEVATRIBUNA.ES - 01.02.2010
Era jueves, 31 de enero de 1980. Sobre la una del mediodía un grupo de indígenas guatemaltecos apoyados por universitarios y obreros se instalaban en la embajada española en Guatemala. Era una marcha pacífica. Los funcionarios españoles les permitieron quedarse. Protestaban por el genocidio indígena que se producía en El Quiché (al norte del país) bajo las órdenes del general Fernando Romeo Lucas García.
La embajada se presentaba como un lugar idóneo para dar a conocer su lucha y denunciar todos los asesinatos que se llevan cometiendo desde hacía más de cuatro décadas. Su manifestación obtuvo una respuesta habitual en la Guatemala del momento. Fernando Romeo Lucas García ordenaba matar a todos los manifestantes y para que no quedara ni una sola prueba mandaba incendiar la embajada.
La matanza se saldó con 37 muertos, entre ellos tres funcionarios españoles y el resto campesinos guatemaltecos, como Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. España rompía relaciones con Guatemala durante cuatro años.
Tres décadas después los culpables de esta matanza y del genocidio guatemalteco que cifra más de 250.000 personas, siguen libres. Sólo queda la memoria y la lucha de miles de activistas que todavía piden justicia. Con Rigoberta Menchú a la cabeza, varios defensores de los derechos humanos, conmemoraron el 30 aniversario del incendio de la embajada de España. “Han pasado 30 años y este hecho continúa en la impunidad”, dijo Menchú en la Plaza de la Constitución.
La premio Nobel de la Paz, aprovechó la ocasión para anunciar que 2010 se va a declarar como “el año del fortalecimiento de la lucha contra la impunidad en Guatemala”. Menchú aseguró que el proceso judicial que ella abrió desde España contra los ex altos cargos guatemaltecos, sigue “sin pausa”.
EL GENOCIDIO INVESTIGADO POR ESPAÑA
La justicia española, basada en el principio de "jurisdicción universal", inició con la ayuda de Rigoberta Menchú, un proceso penal por genocidio en contra de los generales guatemaltecos Óscar Mejía Víctores, José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, el coronel German Chupina, ya fallecido, y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García.
Sobre estos ex altos cargos existe una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por el alto tribunal español, que ha sido dejada sin efecto por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, que en el 2007 la consideró improcedente.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el auspicio de las Naciones Unidas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la guerra interna de 36 años (1960-1996), determinó que en ese período más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 fueron desaparecidas; la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El incendio de la embajada de España también tiene el nombre de los culpables. Los responsables directos fueron el entonces presidente, general Romeo Lucas García, fallecido en Caracas, Venezuela, en mayo de 2006; el ministro de Gobernación (Interior), Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo de la justicia internacional, y el jefe de la policía, el también general Germán Chupina Barahona, excarcelado la víspera de la pasada Navidad, gracias a la decisión del Constitucional
Era jueves, 31 de enero de 1980. Sobre la una del mediodía un grupo de indígenas guatemaltecos apoyados por universitarios y obreros se instalaban en la embajada española en Guatemala. Era una marcha pacífica. Los funcionarios españoles les permitieron quedarse. Protestaban por el genocidio indígena que se producía en El Quiché (al norte del país) bajo las órdenes del general Fernando Romeo Lucas García.
La embajada se presentaba como un lugar idóneo para dar a conocer su lucha y denunciar todos los asesinatos que se llevan cometiendo desde hacía más de cuatro décadas. Su manifestación obtuvo una respuesta habitual en la Guatemala del momento. Fernando Romeo Lucas García ordenaba matar a todos los manifestantes y para que no quedara ni una sola prueba mandaba incendiar la embajada.
La matanza se saldó con 37 muertos, entre ellos tres funcionarios españoles y el resto campesinos guatemaltecos, como Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. España rompía relaciones con Guatemala durante cuatro años.
Tres décadas después los culpables de esta matanza y del genocidio guatemalteco que cifra más de 250.000 personas, siguen libres. Sólo queda la memoria y la lucha de miles de activistas que todavía piden justicia. Con Rigoberta Menchú a la cabeza, varios defensores de los derechos humanos, conmemoraron el 30 aniversario del incendio de la embajada de España. “Han pasado 30 años y este hecho continúa en la impunidad”, dijo Menchú en la Plaza de la Constitución.
La premio Nobel de la Paz, aprovechó la ocasión para anunciar que 2010 se va a declarar como “el año del fortalecimiento de la lucha contra la impunidad en Guatemala”. Menchú aseguró que el proceso judicial que ella abrió desde España contra los ex altos cargos guatemaltecos, sigue “sin pausa”.
EL GENOCIDIO INVESTIGADO POR ESPAÑA
La justicia española, basada en el principio de "jurisdicción universal", inició con la ayuda de Rigoberta Menchú, un proceso penal por genocidio en contra de los generales guatemaltecos Óscar Mejía Víctores, José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, el coronel German Chupina, ya fallecido, y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García.
Sobre estos ex altos cargos existe una orden de captura internacional con fines de extradición emitida por el alto tribunal español, que ha sido dejada sin efecto por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de este país centroamericano, que en el 2007 la consideró improcedente.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que con el auspicio de las Naciones Unidas investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Guatemala durante la guerra interna de 36 años (1960-1996), determinó que en ese período más de 200.000 personas murieron y más de 45.000 fueron desaparecidas; la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El incendio de la embajada de España también tiene el nombre de los culpables. Los responsables directos fueron el entonces presidente, general Romeo Lucas García, fallecido en Caracas, Venezuela, en mayo de 2006; el ministro de Gobernación (Interior), Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo de la justicia internacional, y el jefe de la policía, el también general Germán Chupina Barahona, excarcelado la víspera de la pasada Navidad, gracias a la decisión del Constitucional
