Veinte personas fueron detenidas tras el desmantelamiento de las tiendas de los indignados frente a la catedral de San Pablo, en el este de Londres, aunque el desalojo transcurrió de manera "pacífica", informó la Policía.
El templo anglicano recupera la normalidad después de cuatro meses de atención mediática por la decisión del grupo "Occupy London" de montar el pasado 15 de octubre tiendas de campaña en señal de protesta por los excesos del capitalismo.
La Policía se presentó ante la catedral a primera hora para desalojar a los manifestantes después de que la Justicia británica diera recientemente luz verde para retirarles del lugar al denegarles la posibilidad de recurrir.
Un portavoz de la Policía de la 'City' de Londres (centro financiero) dijo que una "pequeña minoría de manifestantes obstruyó la labor" de los responsables del desalojo y veinte personas fueron detenidas sobre las 04.30 horas GMT, pero la fuente resaltó que "la operación fue ampliamente pacífica".
En un comunicado divulgado, el Ayuntamiento de la 'City' de Londres expresó su pesar de que se tuviera que recurrir a la fuerza para retirar a los indignados e insistió en que la Justicia ha sido clara a la hora de autorizar el desalojo.
La nota agregó que el ayuntamiento hará todo lo posible por prestar asistencia a los más vulnerables del grupo a fin de facilitarles un lugar donde vivir y para ello trabajará con la entidad benéfica "Broadway", que ayuda a personas sin hogar.
El comunicado puntualiza que el Tribunal Superior de Londres consideró el pasado enero que el Ayuntamiento de la 'City' actuó de "manera responsable y justa" durante estos cuatro meses.
El pasado 18 de enero, el Tribunal Superior de Londres autorizó el desalojo que los manifestantes al aceptar el argumento de la 'City' de Londres de que estaba justificado por la necesidad de abrir el paso a los viandantes en los alrededores de la catedral de San Pablo, y la semana pasada el Tribunal de Apelaciones denegó a los indignados el permiso para recurrir ante el Supremo.
Tanto la Corte Superior como el Tribunal de apelaciones consideraron que la expulsión no vulneraba los derechos fundamentales de los manifestantes.
