jueves. 25.04.2024
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Reino Unido sí tiene el valor de mirar atrás y al menos reconocer sus errores. No hay pudor a la hora de juzgar la labor de un ex presidente o de admitir delitos cometidos, su objetivo es intentar conocer qué sucedió, aunque sirva sólo para hacer un lavado de imagen.

Su mirada al pasado más reciente comenzó hoy con la investigación oficial sobre las circunstancias que llevaron a Reino Unido a implicarse en la guerra en Irak en 2003. Esta mañana se iniciaron las primeras audiencias públicas por las que pasarán entre otros testigos importantes el ex primer ministro Tony Blair.

El informe final sobre la investigación, que abarca el periodo entre 2001 y 2009, no se espera que se conozca antes de las elecciones generales de la próxima primavera. El equipo investigador, compuesto por cinco miembros y encabezado por el ex funcionario Sir John Chilcot, fue designado el pasado mes de junio por el primer ministro, Gordon Brown, con el fin de aclarar las razones que llevaron a Londres a participar en la invasión de Irak junto con Estados Unidos.

Al inicio de la primera audiencia, Chilcot quiso dejar claro que la investigación será imparcial: “Estamos comprometidos, y los británicos pueden esperarlo de nosotros, a garantizar que será (una investigación) rigurosa, objetiva y justa", aseguró. El objetivo es "establecer" qué ocurrió en Irak, "evaluar qué salió bien y qué no y, crucialmente, por qué" con el fin de que se puedan sacar lecciones.

Tres ex altos cargos de los ministerios de Exteriores y Defensa iniciaron las comparecencias, dedicadas a explicar cuál era la política británica hacia Irak en 2001. Los testimonios escuchados en esta primera jornada han señalado que los responsables de la Administración de Bush ya planteaban la opción del cambio de régimen en Irak al poco de llegar al poder en 2001.

En sus primeros contactos con el Gobierno de Bush, los británicos escucharon a sus interlocutores citar la posibilidad del fin del régimen de Sadam Hussein, aunque no existía aún en Washington una posición común sobre el tema. Londres se mostró en contra de la idea de propiciar el derrocamiento de Sadam, aunque era consciente de que mientras el dictador iraquí siguiera en el poder, Irak no podría reintegrarse en la comunidad internacional.

La razón de estas discusiones, según Peter Rickets, director general del Foreign Office en esa época, es que tanto Londres como Washington creían que “la estrategia de contención (del Gobierno iraquí) estaba fracasando”.

Las sanciones a Irak no eran efectivas porque los países de Oriente Próximo mantenían relaciones comerciales con Irak. Simon Webb, del Ministerio de Defensa, sí comentó que la impresión general es que el embargo de armas sí estaba funcionando en términos generales.

Los comparecientes admitieron que los países vecinos veían a Irak “más como un socio comercial en potencia que como una amenaza”, una posición muy diferente a la de EEUU y el Reino Unido. A diferencia de los altos cargos de Bush, las autoridades británicas confiaban en 2001 en la capacidad de los inspectores de la ONU para hacer su trabajo bajo la batuta de Hans Blix.

NADIE ESTÁ SOMETIDO A JUICIO

Chilcot ha puntualizado: "Nadie está sometido a juicio. No podemos establecer culpabilidad o inocencia. Sólo un tribunal puede hacerlo. Pero, una vez que lleguemos al informe final, me comprometo a no evitar las críticas".

Por otra parte, en cuanto a los testigos aclaró que "si un testigo no se siente cómodo de responder las preguntas debido a un temor genuino de autoincriminación de un delito criminal", el equipo investigador podría "considerar si, para garantizar la mayor apertura y coordinación posible", se autoriza que "las pruebas suministradas a la investigación no se usen en procedimientos penales contra ellos".

Asimismo, indicó que algunas de las audiencias se realizarán a puerta cerrada con el fin de que no salgan a la luz cuestiones que "de ser dadas a conocer en público afectarían al interés público, o cuando haya otras razones genuinas para que un testigo tenga dificultades para ser franco en público".

La investigación durará varios meses, y Blair no prestará declaración hasta después del Año Nuevo. De aquí hasta las Navidades presentarán su versión de los hechos altos funcionarios, diplomáticos y jefes militares. Los cinco miembros del comité, entre los que hay dos historiadores, han examinado una "montaña de documentos" y se han entrevistado con familiares de la mayoría de los 179 militares caídos en ese conflicto.

Entre las principales cuestiones que deberán dilucidarse están la de la presunta ilegalidad de la guerra y si Tony Blair engañó al Parlamento y al pueblo británico, como sostienen muchos, al exponer las razones para la invasión. Así lo señalaba un informe que publicó el pasado domingo el diario británico The Sunday Telegraph en el que explican que las tropas británicas fueron expuestas a "riesgos significativos" a causa de una operación "precipitada", que "careció de coherencia y recursos". Se trata de cientos de páginas con datos clasificados como "secretos", en los que los responsables de la invasión sobre el terreno expresan su frustración y enfado con el Gobierno.

Mañana miércoles, el comité investigador escuchará a antiguo personal del Foreign Offices que hablará sobre las denuncias de que el régimen de Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva, uno de los argumentos que se emplearon para justificar el inicio de la ofensiva en Irak.


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