nuevatribuna.es
29 de septiembre de 2010, 8:27
NUEVATRIBUNA.ES 29.09.2010
La Comisión Europea ha decidido retrasar la apertura de un expediente sancionador a Francia por incumplir la normativa comunitaria al expulsar a gitanos rumanos a Rumania y a Bulgaria, 8.000 en lo que va de año, además de desmantelar los campamentos ilegales en los que vivían en las afueras de las ciudades francesas.
Se esperaba que el Ejecutivo de la Unión Europea anunciara si las políticas de Francia con los gitanos justificaban acciones disciplinarias después de que la comisaria de Justicia del bloque, Viviane Reding, dijera este mes que ella creía que Francia había quebrantado las leyes de la UE.
El Ejecutivo comunitario se ha limitado a anunciar un procedimiento de infracción contra Francia a una cuestión menor, la incorrecta aplicación de la norma de la UE de 2004 sobre la libre circulación de personas. El lanzamiento de este expediente todavía puede paralizarse si París da garantías de que corregirá su legislación antes del 15 de octubre. La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, ha justificado esta decisión en las garantías recibidas "al más alto nivel" por parte de Francia de que sus medidas de expulsión "no tenían como objetivo o como efecto concentrarse en una minoría étnica específica sino que han tratado a todos los ciudadanos de la UE de la misma forma".
La Comisión ha decidido paralizar el expediente contra Francia hasta tener más pruebas que sostengan que las expulsiones fueron legales bajo la normativa de la Unión Europea.
Las tensiones entre París y Bruselas se incrementaron ante la bronca que protagonizaron Nicolás Sarkozy y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso durante la cumbre de líderes europeos que se celebró a mediados de septiembre.
El Gobierno galo se mostró indignado ante las declaraciones de Reding, que llegó a comparar la expulsión de gitanos con la persecución nazi de los judíos. Pero Reding ni se inmutó y el 14 de septiembre anunció que no tenía más opción que iniciar un procedimiento de infracción contra Francia basándose en una aplicación discriminatoria de la directiva de libre circulación de personas.
La Comisión Europea ha decidido retrasar la apertura de un expediente sancionador a Francia por incumplir la normativa comunitaria al expulsar a gitanos rumanos a Rumania y a Bulgaria, 8.000 en lo que va de año, además de desmantelar los campamentos ilegales en los que vivían en las afueras de las ciudades francesas.
Se esperaba que el Ejecutivo de la Unión Europea anunciara si las políticas de Francia con los gitanos justificaban acciones disciplinarias después de que la comisaria de Justicia del bloque, Viviane Reding, dijera este mes que ella creía que Francia había quebrantado las leyes de la UE.
El Ejecutivo comunitario se ha limitado a anunciar un procedimiento de infracción contra Francia a una cuestión menor, la incorrecta aplicación de la norma de la UE de 2004 sobre la libre circulación de personas. El lanzamiento de este expediente todavía puede paralizarse si París da garantías de que corregirá su legislación antes del 15 de octubre. La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, ha justificado esta decisión en las garantías recibidas "al más alto nivel" por parte de Francia de que sus medidas de expulsión "no tenían como objetivo o como efecto concentrarse en una minoría étnica específica sino que han tratado a todos los ciudadanos de la UE de la misma forma".
La Comisión ha decidido paralizar el expediente contra Francia hasta tener más pruebas que sostengan que las expulsiones fueron legales bajo la normativa de la Unión Europea.
Las tensiones entre París y Bruselas se incrementaron ante la bronca que protagonizaron Nicolás Sarkozy y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso durante la cumbre de líderes europeos que se celebró a mediados de septiembre.
El Gobierno galo se mostró indignado ante las declaraciones de Reding, que llegó a comparar la expulsión de gitanos con la persecución nazi de los judíos. Pero Reding ni se inmutó y el 14 de septiembre anunció que no tenía más opción que iniciar un procedimiento de infracción contra Francia basándose en una aplicación discriminatoria de la directiva de libre circulación de personas.
