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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 21.7.2010

Varias semanas de polémica y la huelga de periodistas del 9 de julio han conseguido que la “ley mordaza” se suavice. El gobierno que preside Silvio Berlusconi presentó ayer una enmienda a su polémico proyecto de ley sobre las interceptaciones telefónicas en investigaciones oficiales. No significa, sin embargo, que se sumpriman todas las restricciones a la libertad de prensa. Ahora, será el juez, de acuerdo con la defensa y la acusación, quien decida durante una llamada audiencia-filtro qué partes de las interceptaciones pueden ser publicadas como relevantes y cuales deben permanecer secretas.

El subsecretario de Justicia, Giacomo Caliendo, fue el encargado de publicar dicha enmienda gubernamental. El sector más crítico con Berlusconi dentro de su propio partido, el Pueblo de la Libertad (PDL), ha reconocido el anuncio como una victoria propia y como la materialización de la “caída del a mordaza”.

Silvio Berlusconi se había negado con rotundidad a modificar la ley, por lo que tras aceptar suavizarla no dudó en afirmar: “Por culpa de la arquitectura constitucional no podemos modernizar el país”, a lo que añadió; “con estas modificaciones la ley sobre las interceptaciones dejará las cosas más o menos como están ahora, es decir, los italianos no podrán hablar libremente por teléfono e Italiano se será un país verdaderamente civilizado”.

La propuesta inicial de ley restringía al máximo tanto la práctica como la difusión de las escuchas, limitando su uso por parte de los jueces e imponiendo penas de cárcel a los periodistas y elevadas multas a los editores de diarios y libros.

La introducción de esta enmienda en el texto, que llega al pleno de la Cámara Baja el próximo 29 de julio, supondría una rebaja muy considerable de los efectos de la norma, que limita el uso y difusión de las escuchas telefónicas en investigaciones oficiales y sobre la que la Federación de la Prensa Italiana (FNSI) ya se ha pronunciado y ha calificado de “lesiva” contra el derecho a la información.

La llamada “ley mordaza” prevé condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los informadores que publiquen durante las investigaciones escuchas no autorizadas. También fija multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los responsables de los medios que las difundan.

Berlusconi afloja un poco la "mordaza"