nuevatribuna.es
21 de julio de 2009, 12:37
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 21.7.2009
ACLU advirtió de que "la única forma" de que el actual mandatario cumpla su promesa de cerrar el centro de detención y poner fin a las comisiones militares es que se remita a los prisioneros a los tribunales penales federales "ya existentes".
"La administración Obama no debe caer en el mismo limbo legal en que se sumergió la administración de Bush con su errónea política en Guantánamo", declaró el director ejecutivo de ACLU, Anthony D. Romero, horas después de que se anunciase el aplazamiento en seis meses de la presentación del informe ordenado por Obama para concretar el fondo y la forma del cierre de la prisión de Guantánamo.
"Tenga por seguro que cualquier intento de renovar las comisiones militares de Guantánamo y de promulgar una ley que conceda al presidente el poder de mantener detenidos a los individuos de forma indefinida y sin cargos ni juicio, será denunciado ante los tribunales y pasarán años antes de que se haga justicia", añadió Romero.
"La única forma de hacer buena la promesa del presidente de Obama de cerrar Guantánamo y poner fin a las comisiones militares es que se inculpe y juzgue a los detenidos en los tribunales penales federales ya existentes", prosiguió. "Cualquier intento de hacer otra cosa convertiría a la administración Obama en un lento y pesado litigio", afirmó. "Una promesa aplazada se convertiría de inmediato en una promesa rota", advirtió.
Fuentes del comité gubernamental encargado de la elaboración del texto precisaron anoche que los planes para cerrar el centro penitenciario en enero del próximo año siguen según lo previsto.
El destino de los presos actualmente en Guantánamo constituye uno de los principales puntos de fricción entre los legisladores y la administración norteamericana. La comisión creada contempla en un documento interno una serie de soluciones que incluye, entre otros aspectos, el traslado de los reos a tribunales civiles o la remisión de los sospechosos a otros países. Estas recomendaciones, sin embargo, no han quedado completadas hoy, tal y como estaba previsto inicialmente.
Tampoco ha cumplido el plazo el comité gubernamental que revisa las técnicas de interrogatorio utilizadas en Guantánamo. Fuentes del Ejecutivo anunciaron que estos asesores han solicitado a la Presidencia una ampliación de dos meses en el plazo otorgado en un principio.
Obama se marcó nada más llegar a la Casa Blanca el cierre de Guantánamo como uno de sus objetivos primordiales. El controvertido penal, foco de críticas internacionales durante la anterior Presidencia, encabezada por George W. Bush, fue abierto después de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono en septiembre de 2001.
La ACLU, fundada en 1920, cuenta en la actualidad con más de 500.000 miembros y simpatizantes y sus oficinas atienden cada año cerca de 6.000 casos de violaciones de las libertades civiles en prácticamente todos los Estados del país, según informó la organización.
ACLU advirtió de que "la única forma" de que el actual mandatario cumpla su promesa de cerrar el centro de detención y poner fin a las comisiones militares es que se remita a los prisioneros a los tribunales penales federales "ya existentes".
"La administración Obama no debe caer en el mismo limbo legal en que se sumergió la administración de Bush con su errónea política en Guantánamo", declaró el director ejecutivo de ACLU, Anthony D. Romero, horas después de que se anunciase el aplazamiento en seis meses de la presentación del informe ordenado por Obama para concretar el fondo y la forma del cierre de la prisión de Guantánamo.
"Tenga por seguro que cualquier intento de renovar las comisiones militares de Guantánamo y de promulgar una ley que conceda al presidente el poder de mantener detenidos a los individuos de forma indefinida y sin cargos ni juicio, será denunciado ante los tribunales y pasarán años antes de que se haga justicia", añadió Romero.
"La única forma de hacer buena la promesa del presidente de Obama de cerrar Guantánamo y poner fin a las comisiones militares es que se inculpe y juzgue a los detenidos en los tribunales penales federales ya existentes", prosiguió. "Cualquier intento de hacer otra cosa convertiría a la administración Obama en un lento y pesado litigio", afirmó. "Una promesa aplazada se convertiría de inmediato en una promesa rota", advirtió.
Fuentes del comité gubernamental encargado de la elaboración del texto precisaron anoche que los planes para cerrar el centro penitenciario en enero del próximo año siguen según lo previsto.
El destino de los presos actualmente en Guantánamo constituye uno de los principales puntos de fricción entre los legisladores y la administración norteamericana. La comisión creada contempla en un documento interno una serie de soluciones que incluye, entre otros aspectos, el traslado de los reos a tribunales civiles o la remisión de los sospechosos a otros países. Estas recomendaciones, sin embargo, no han quedado completadas hoy, tal y como estaba previsto inicialmente.
Tampoco ha cumplido el plazo el comité gubernamental que revisa las técnicas de interrogatorio utilizadas en Guantánamo. Fuentes del Ejecutivo anunciaron que estos asesores han solicitado a la Presidencia una ampliación de dos meses en el plazo otorgado en un principio.
Obama se marcó nada más llegar a la Casa Blanca el cierre de Guantánamo como uno de sus objetivos primordiales. El controvertido penal, foco de críticas internacionales durante la anterior Presidencia, encabezada por George W. Bush, fue abierto después de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono en septiembre de 2001.
La ACLU, fundada en 1920, cuenta en la actualidad con más de 500.000 miembros y simpatizantes y sus oficinas atienden cada año cerca de 6.000 casos de violaciones de las libertades civiles en prácticamente todos los Estados del país, según informó la organización.
