nuevatribuna.es
2 de junio de 2010, 12:19
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 01.06.2010
El asalto a la flotilla humanitaria que llevaba ayuda a la Franja de Gaza no puede quedar impune. Así lo creen destacados representantes de la sociedad civil que este martes se han dado cita en Madrid para denunciar la “sistemática” vulneración de la normativa internacional y de los derechos humanos que, desde hace 62 años, lleva a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino.
El encuentro, convocado para clausurar el seminario sobre el ’Observatorio de Jerusalén’ en el Círculo de Bellas Artes, sirvió para hacer una rotunda condena al ataque perpetrado por el ejército israelí contra el buque turco que encabezaba la flotilla solidaria. La pregunta era obligada: ¿existen mecanismos jurídicos para llevar el asunto a los tribunales? En opinión del magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro del jurado del Tribunal Russell sobre Palestina José Antonio Martín Pallín, sí los hay, tanto en el marco de las instituciones de la UE como en la Audiencia Nacional, ya que tres de los cooperantes son españoles.
Para Martín Pallín, Israel ha cometido dos crímenes de guerra “clarísimos”, el ataque a personas civiles y la confiscación de los bienes que iban en los buques. Estos delitos están recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que, aunque no ha sido suscrito por Israel, debería servir como base para la actuación de la Fiscalía del TPI. El magistrado no espera que el Consejo de Seguridad de la ONU inicie algún tipo de acción después de no condenar el asalto pero apela a las instituciones europeas a mover ficha. Asimismo contempla la posibilidad de la Audiencia Nacional abra un proceso al tratarse de tres ciudadanos españoles y estar dentro de la jurisdicción universal.
UN CRIMEN DE APARTHEID CONTRA EL PUEBLO PALESTINO”
Para la profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad Carlos III, Carmen Pérez, el Tribunal de La Haya podría juzgar al Estado israelí por vulnerar normas del derecho de navegación, normas que protegen intereses de la comunidad internacional y que afectan a todos los Estados de la Unión Europea. En este sentido, Martín Pallín recordó que Israel “limita la circulación de mercancías” por lo que la UE debería “romper” el “trato preferencial”, al tiempo que puso de manifiesto la posibilidad (en virtud del Tratado de Lisboa) de que los ciudadanos europeos promuevan una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con la recogida de un millón de firmas, para exigir un pronunciamiento del Parlamento Europeo.
El magistrado, que dijo sentirse “avergonzado” como ciudadano de la UE, calificó el ataque de “salvaje suceso”, y pidió “la inmediata apertura de una comisión internacional” que investigue estos hechos. A su juicio, Israel está cometiendo “un crimen de apartheid contra la población palestina” similar a la que el propio pueblo judío sufrió a manos de los nazis.
ACTO "TERRORISTA" Y DE "PIRATERÍA"
La posibilidad de llevar a Israel a los tribunales ya ha sido apuntada por Izquierda Unida, cuyo diputado Gaspar Llamazares ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir la inmediata liberación de los cooperantes españoles y pedir a la UE que congele su acuerdo de asociación preferente con este país. En la proposición no de ley se insta al Gobierno a expulsar al embajador israelí en Madrid y suspender las relaciones diplomáticas, comerciales y militares “hasta que este Estado respete el derecho internacional y los derechos humanos”.
Para Llamazares, este “acto terrorista” y de “piratería” exige que el Gobierno adopte “medidas urgentes” como que la Fiscalía General del Estado abra un expediente por un posible delito contra ciudadanos españoles en aguas internacionales; y que denuncie ante la justicia española y los tribunales internacionales por “asesinatos y daños físicos causados premeditadamente a civiles” y por el “secuestro de personas y buques en aguas internacionales”.
El asalto a la flotilla humanitaria que llevaba ayuda a la Franja de Gaza no puede quedar impune. Así lo creen destacados representantes de la sociedad civil que este martes se han dado cita en Madrid para denunciar la “sistemática” vulneración de la normativa internacional y de los derechos humanos que, desde hace 62 años, lleva a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino.
El encuentro, convocado para clausurar el seminario sobre el ’Observatorio de Jerusalén’ en el Círculo de Bellas Artes, sirvió para hacer una rotunda condena al ataque perpetrado por el ejército israelí contra el buque turco que encabezaba la flotilla solidaria. La pregunta era obligada: ¿existen mecanismos jurídicos para llevar el asunto a los tribunales? En opinión del magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro del jurado del Tribunal Russell sobre Palestina José Antonio Martín Pallín, sí los hay, tanto en el marco de las instituciones de la UE como en la Audiencia Nacional, ya que tres de los cooperantes son españoles.
Para Martín Pallín, Israel ha cometido dos crímenes de guerra “clarísimos”, el ataque a personas civiles y la confiscación de los bienes que iban en los buques. Estos delitos están recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que, aunque no ha sido suscrito por Israel, debería servir como base para la actuación de la Fiscalía del TPI. El magistrado no espera que el Consejo de Seguridad de la ONU inicie algún tipo de acción después de no condenar el asalto pero apela a las instituciones europeas a mover ficha. Asimismo contempla la posibilidad de la Audiencia Nacional abra un proceso al tratarse de tres ciudadanos españoles y estar dentro de la jurisdicción universal.
UN CRIMEN DE APARTHEID CONTRA EL PUEBLO PALESTINO”
Para la profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad Carlos III, Carmen Pérez, el Tribunal de La Haya podría juzgar al Estado israelí por vulnerar normas del derecho de navegación, normas que protegen intereses de la comunidad internacional y que afectan a todos los Estados de la Unión Europea. En este sentido, Martín Pallín recordó que Israel “limita la circulación de mercancías” por lo que la UE debería “romper” el “trato preferencial”, al tiempo que puso de manifiesto la posibilidad (en virtud del Tratado de Lisboa) de que los ciudadanos europeos promuevan una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con la recogida de un millón de firmas, para exigir un pronunciamiento del Parlamento Europeo.
El magistrado, que dijo sentirse “avergonzado” como ciudadano de la UE, calificó el ataque de “salvaje suceso”, y pidió “la inmediata apertura de una comisión internacional” que investigue estos hechos. A su juicio, Israel está cometiendo “un crimen de apartheid contra la población palestina” similar a la que el propio pueblo judío sufrió a manos de los nazis.
ACTO "TERRORISTA" Y DE "PIRATERÍA"
La posibilidad de llevar a Israel a los tribunales ya ha sido apuntada por Izquierda Unida, cuyo diputado Gaspar Llamazares ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir la inmediata liberación de los cooperantes españoles y pedir a la UE que congele su acuerdo de asociación preferente con este país. En la proposición no de ley se insta al Gobierno a expulsar al embajador israelí en Madrid y suspender las relaciones diplomáticas, comerciales y militares “hasta que este Estado respete el derecho internacional y los derechos humanos”.
Para Llamazares, este “acto terrorista” y de “piratería” exige que el Gobierno adopte “medidas urgentes” como que la Fiscalía General del Estado abra un expediente por un posible delito contra ciudadanos españoles en aguas internacionales; y que denuncie ante la justicia española y los tribunales internacionales por “asesinatos y daños físicos causados premeditadamente a civiles” y por el “secuestro de personas y buques en aguas internacionales”.
