El 11 de marzo se cumple el segundo aniversario del accidente de Fukushima-Daiichi, en que además de los seis reactores de la central sufrieron graves daños ocho reactores en otros tres emplazamientos. Los impactos sobre las personas y el medio son simplemente devastadores y estamos contemplando los primeros cálculos realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), probablemente infraestimados, pero que arrojan ya cifras muy preocupantes.
Ecologistas en Acción reclama que el resto de las nucleares españolas siga los pasos de Garoña y se proceda a un cierre escalonado para evitar el riesgo que supone mantener las nucleares en funcionamiento
El debate subsiguiente fue muy diverso en los diferentes países: en países como Alemania o Suiza dio lugar al apagón nuclear paulatino y definitivo, mientras que en otros, como España, las autoridades políticas y la industria nuclear permanecen agazapados hasta que pase el chaparrón. Como resultado del accidente, a petición de Austria, la UE impulsó la realización de unas pruebas extras en las centrales nucleares europeas, mal llamadas "pruebas de estrés".
Estas pruebas han sido muy limitadas por no tener en cuenta las acciones humanas sobre las centrales y porque los informes sobre los que han trabajado los organismos reguladores (el Consejo de Seguridad Nuclear CSN en el caso de España) han sido realizados por los operadores de las plantas y no por agentes independientes.
A pesar de ello, la puesta en práctica de las acciones sugeridas en los informes va a suponer un enorme gasto para la industria nuclear. Según la Comisión Europea (CE), podría ascender a unos 25.000 millones de euros para toda Europa y en unos 750 millones de euros para las centrales españolas. En el informe de la CE se refleja además una queja por la gran disparidad de reglamentos y niveles de seguridad exigidos en los diferentes países y se reconocen los fallos de seguridad de algunas centrales.
Las inversiones necesarias para cumplir con las reformas subsiguientes de las pruebas de estrés, junto con la incertidumbre por la seguridad y el impuesto establecido para la gestión de los residuos radiactivos han convertido a la central nuclear de Garoña (Burgos) en inviable. Por eso Nuclenor, la empresa propietaria, ha procedido a la parada de la planta, que se convertirá en cierre definitivo en julio, a menos que el Gobierno ceda al pulso que le está echando la industria nuclear española.
Asimismo, el cierre escalonado disminuiría la cantidad de residuos radiactivos a gestionar. Para estas peligrosas sustancias aún no existe solución definitiva y, entre tanto, se va a asestar un duro golpe a la comarca donde se encuentra Villar de Cañas (Cuenca), el pueblo donde se planea construir el cementerio nuclear transitorio centralizado.
