<---Taboola---> <---Taboola---> #TEMP
lunes. 28.11.2022
ECOLOGISTAS EN ACCIóN PRESENTó 36 ALEGACIONES

Se culmina la privatizacion con la Ley de Costas

Ecologistas en Acción quiere destacar cómo este Reglamento da prioridad a la mercantilización del litoral y de la ribera del mar, más que a su protección.

csotas

El 2 de abril finaliza el plazo de información pública del Reglamento que desarrolla la nueva Ley de Costas que aprobó el Gobierno el año pasado.

La nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y su Reglamento General de Costas deberían tener como fin articular la conservación de todo el medio litoral y no la búsqueda de rendimientos económicos en él

Ha finalizado el plazo para la presentación de sugerencias al proyecto de Real Decreto por el cual se aprueba el Reglamento General de Costas que incluye las novedades que presenta la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral respecto a la Ley 22/1988 de Costas. Ecologistas en Acción ya planteó su oposición a dicha Ley y la mantienen en las alegaciones que ha efectuado al citado proyecto de Real Decreto.

El grueso de las alegaciones pone de manifiesto la mercantilización del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que confirma el Reglamento. La organización ecologista pide específicamente que todo lo que se inunda por el mar se incluya en el DPMT (hasta 2.000 metros de la desembocadura de los márgenes de ríos inundables, las salinas y piscifactorías, la totalidad de las urbanizaciones marinas, etc.). No se entiende que paseos marítimos mal construidos en su día sean amnistiados y, además, convertidos en el límite de ribera de mar.

Las alegaciones también inciden en la necesidad de prohibir determinados usos del DPMT, que se consideran lesivos para mantener su integridad. Entre otras, destacan la presencia de cámpings con elementos desmontables, publicidad de cualquier tipo, fiestas, eventos de interés general con repercusión turística, la instalación temporal de servicios e instalaciones expendedoras de bebidas y alimentos en playas naturales y las instalaciones fijas de esta misma tipología en las urbanas. Asimismo se considera que las instalaciones para actividades deportivas no deben expedir alimentos y bebidas y que su tamaño máximo es excesivamente grande. En general, se considera, y así se ha alegado, que las instalaciones permitidas tienen un tamaño desmesurado y un importante impacto sobre la arena y los ecosistemas de las playas.

Se han incluido, también, alegaciones relativas a las autorizaciones, que se consideran personales e intransferibles y de una duración máxima de un año en contra de los cuatro autorizados. Asimismo, tal y como se criticó en la nueva ley de costas, la duración de las concesiones no debería superar los 30 años y, ni mucho menos, considerarse prórrogas bajo ninguna condición. Ello conllevaría, de facto, privatizar las zonas más estratégicas para la socioeconomía de nuestro litoral.

Y por lo que respecta a la prescripción de las sanciones, se considera que debería ser la contemplada en el anterior reglamento. Además, la restitución del DPMT nunca debería prescribir, ni mucho menos en los 15 años que contempla la actual propuesta.

La nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y su Reglamento General de Costas deberían tener como fin articular la conservación de todo el medio litoral y no la búsqueda de rendimientos económicos en él; esto último, considerado como prioridad, puede ocasionar la pérdida a largo plazo de lo uno y los otros. Las playas, en particular, han de ser considerados espacios naturales del medio litoral y nunca como lugares destinados a la explotación económica en busca de su máximo rendimiento.

Con estas alegaciones, Ecologistas en Acción se manifiesta, una vez más, contrario a la nueva Ley de Costas y al despliegue de este nuevo Reglamento. Considera que ambas normas oficializan la amnistía general a todos los municipios de todas las Comunidades Autónomas que con todo tipo de gobiernos infringieron la legislación sin que nada sucediera. Además, incrementa el uso del Dominio público marítimo terrestre hasta límites inimaginables en las llamadas playas urbanas, al tiempo que permite todo tipo de servicios en playas naturales y vírgenes hasta el momento.

Se culmina la privatizacion con la Ley de Costas
Comentarios