“El Proyecto de Ley de costas es un atentado ecológico y un sinsentido económico para satisfacción de unos pocos privilegiados”, ha denunciado el portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos.
Para Ábalos, las medidas de desprotección que incluye la reforma supone “un atentado letal para el equilibrio territorial de España, el mayor desde que el anterior Gobierno del PP aprobara la reforma de la Ley del suelo de 1998”
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado sus enmiendas parciales al articulado de la reforma de la Ley de Costas, “una normativa que supone una decisión firme para privatizar y sobreexplotar el litoral, que potenciará la especulación en la costa hoy protegida en detrimento del patrimonio de todos”, asegura Ábalos.
“Ha habido denuncias de organizaciones ecologistas muy solventes que están poniendo en duda las verdaderas razones de un proyecto como éste”, recordó el responsable parlamentario socialista al hacer referencia a un reciente informe de Greenpeace que recoge que hay intereses de grupos empresariales vinculados a conocidos, amigos y familiares de cargos del Gobierno y del PP, incluido el propio Ministro Cañete, máximo impulsor de la iniciativa.
“El Proyecto defiende una prórroga de concesiones de 75 años y el PSOE se opone frontalmente a este privilegio que hipoteca un recurso natural con actividades impropias de este siglo”, dijo, argumentando que los socialistas defienden “respetar los plazos de concesión de la Ley de costas de 1988, de modo que puedan recuperarse para el pleno disfrute común los terrenos que hoy ocupan”. En esa línea, Ábalos manifestó el “total desacuerdo” de los socialistas “con la reducción del dominio público marítimo-terrestre y de las zonas de servidumbre de protección”.
El PSOE plantea alternativas al modelo especulativo que defiende el PP
“El Grupo Parlamentario Socialista va a seguir planteando su alternativa a este modelo especulativo que favorece intereses con nombres y apellidos”, afirmó Ábalos, que incidió en que “las excepcionalidades injustificadas para excluir núcleos urbanos o la isla de Formentera carecen de justificación y además suponen un agravio comparativo respecto a otros núcleos de población que quedan fuera de la Ley estando en circunstancias similares”, explicó para defender que se mantenga la ley actual.
Las enmiendas del Grupo parlamentario socialista contemplan que las industrias y actividades económicas que pretendan seguir ocupando la zona de dominio público en el litoral deban solicitar nuevas concesiones y adaptarse a un uso adecuado no contaminante, compatible con la conservación del medio natural, “algo que con la Ley del PP no queda en absoluto garantizado”, puntualizó Ábalos.
Para garantizar la existencia de un medio eficaz que evite posibles actuaciones en las zonas protegidas, los socialistas plantean la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, Comunidades Autónomas y una representación municipal, que vigile el respeto de la legalidad urbanística, ambiental y de costas, con facultades para la suspensión de actos y acuerdos.
Otra de las enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario socialista obligaría al Gobierno a presentar un informe al año de la aprobación de la Ley sobre los efectos del cambio climático en la costa.
