El pasado miércoles el Máximo Tribunal de Justicia Argentina dictó una medida cautelar que ordena al gobierno nacional entregar a la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa por la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri.
Se trata de un fallo que perjudica a la mayoría del país, y representa un regreso a los privilegios que Macri le entregó a la capital argentina.
Con esta decisión, la Justicia argentina arremete contra el desarrollo de las provincias y de sus habitantes, a los que deja sin una partida de decenas de miles de pesos. Es un privilegio para unos pocos y un perjuicio para la enorme mayoría de los habitantes del país.
En este marco de conflicto ya se han expresado los vicegobernadores de dieciséis provincias que han firmado un comunicado en el que manifiestan su “absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires, en desmedro de todas las provincias”.
En el comunicado emitido ayer, los vicegobernadores recalcan que la Corte tomó esta decisión a pesar de que ha quedado firmemente demostrado que, por decreto, Mauricio Macri le trasladó al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, “muchos más recursos de la Coparticipación Nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la Policía a la órbita de CABA”
Debido a esto, el Gobierno de Alberto Fernández presentará un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución que sin lugar a dudas afecta a la gran mayoría de los argentinos. Desde el gobierno nacional sostienen que se trata de un fallo “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento".
EL TEXTO DE PRESIDENCIA
“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.
Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis´ de la resolución cautelar dictada.
Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ´in extremis´ de la misma”.
