En el marco de la celebración del Día Internacional de la Convivencia en Paz, Manos Unidas se suma a las acciones de sensibilización en todo el mundo a través de la denuncia de la grave situación de violencia que soportan las poblaciones indígenas y campesinas de Colombia; una violencia que ha llegado a afectar directamente a las comunidades y socios locales con los que trabaja la organización.
En solo unos meses, la ONG de la Iglesia católica ha sido informada del asesinato de dos miembros y colaboradores de entidades con las que trabaja en Colombia: en los primeros días del año encontraban el cuerpo sin vida de Luz Marina Arteaga, miembro de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello –organización socia en la región del Casanare–, y hace pocos días ocurría lo mismo con Ever Ortega, colaborador del Servicio Jesuita de Refugiados, socio local de Manos Unidas en Colombia y otros países del continente.
La violenta normalidad en América Latina
Estos asesinatos –realizados presumiblemente como «castigo» a Luz Marina y Ever por su labor junto a las comunidades y en defensa de los derechos humanos, tal como informan las organizaciones locales– han venido conformando una violenta normalidad que se extiende a lo largo de toda América Latina y que afecta sobre todo a aquellas regiones disputadas por actores con intereses en el agronegocio, las industrias extractivas y el narcotráfico.
Si durante el pasado año Manos Unidas denunció en varias ocasiones la violencia ejercida contra las poblaciones indígenas en Perú), en esta ocasión la ONG insiste en alertar sobre la crisis humanitaria desatada en Colombia a raíz de una violencia que, según Carmen Santolaya, responsable de Proyectos de Manos Unidas en el país, se relaciona con tres grandes factores: «la falta de compromiso y la débil implementación del proceso de paz ante el conflicto armado interno; la explotación de los territorios por parte de un modelo económico extractivista que se beneficia de la violencia para amedrentar o controlar a los pobladores; y el incremento de la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes», de la que el "paro armado" decretado el 5 de mayo por el "Clan del Golfo" –grupo narcoparamilitar también conocido Autodefensas Gaitanistas de Colombia– sería el último episodio de una "guerra" que sigue cobrándose víctimas en Colombia.
«Que la defensa de los derechos humanos de las comunidades no cueste la vida»
Con este lema arranca el comunicado firmado, entre otras organizaciones, por el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR) en Colombia, tras el reciente asesinato de Ever Ortega en el municipio de Norosí, en el Sur del departamento Bolívar. Ever era colaborador del SJR, líder comunitario y presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santa Elena. Para el SJR, el liderazgo del joven se destacó por «su sencillez, carisma y disposición al servicio dinamizando procesos en favor de su comunidad».
A través de iniciativas apoyadas por Manos Unidas, Ever y otros jóvenes trataban de cumplir su sueño de arraigo y permanencia en el territorio a pesar de todas las dificultades. Se formaron en derechos humanos, en agroecología y economía solidaria, y junto a otros campesinos fortalecieron sus redes y sus medios de vida a través de viveros, cultivos sostenibles y cría de animales.
«Este territorio está en medio del paro armado –explica el SJR– y sus pobladores están padeciendo zozobra y miedo». «Sienten cómo se van quedando solos» y «sin un Estado que les proteja». Por esta razón, el SJR apela al Estado colombiano para «avanzar en la implementación del Acuerdo final de Paz, asumiendo con responsabilidad su obligación de proteger los liderazgos y la integridad de quienes habitan en territorios históricamente golpeados por la violencia».
El «paro armado» golpea al Chocó
La región del Chocó ha sido una de las regiones más afectadas por el «paro armado» impuesto por el Clan del Golfo, como ha denunciado el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, que ha alertado del cierre de los transportes y del obligado confinamiento que, bajo amenazas de muerte, ha sufrido la población.
Tal y como se denuncia en un comunicado firmado por organizaciones colombianas e internacionales como Manos Unidas, el Chocó sufre «una compleja crisis humanitaria y de derechos humanos que, de acuerdo con el informe de las Misiones Humanitarias, se deteriora cada día más». En este sentido, las organizaciones piden «poner límites a la confrontación armada mientras se avanza en una negociación política que ponga fin al conflicto armado interno».
