Colombia cerró el 2021 con cifras que hablan por sí solas: 1.283 líderes y lideresas fueron asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y solo en el año pasado se produjeron 92 masacres que se cobraron 326 víctimas[1]. Indepaz registró que entre el 28 de abril y el 30 de julio- durante el paro nacional - se produjeron 79 homicidios, hubieron 90 víctimas de violencia ocular, 35 víctimas de violencia sexual, y más de 2.000 detenciones arbitrarias.
Naciones Unidas considera que la movilización desarrollada en los meses citados fue mayoritariamente pacífica, con una gran participación de la juventud y que a través de la expresión democrática señaló sobre todo la desigualdad[2]. El mismo organismo ha certificado que se utilizaron armas letales por parte de la policía contra manifestantes pacíficos, e incluso contra transeúntes que no participaban en el paro. Además el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) estipula que hay más de 500 personas presuntamente desaparecidas[3].
A lo largo del año pasado no han dejado de aparecer partes de cuerpos en Bogotá, Cali y el Río Cauca. Por supuesto, la pandemia no ha disminuido la violencia que han padecido líderes y lideresas sociales, asesinados en su mayoría cuando realizaban actividades cotidianas y cumplían con las medidas de aislamiento[4].
Y sin embargo estas sangrías no son más que registros rutinarios en el intento de normalizar las violaciones de Derechos Humanos por parte del Gobierno colombiano, sus élites y las multinacionales que obtienen beneficios a costa de las muertes, o a pesar de los asesinatos. Pues los reconocimientos en el fondo y la forma de este presidente forman parte de dicho proceso. Y en cierta medida a pesar de todo, logran proyectar ante la comunidad internacional que existe una institucionalidad democrática en el país, e incluso que se trata de uno de los territorios del continente con más años de permanencia ‘democrática’ en América Latina[5]. Ya que en los tiempos de las dictaduras militares en los países vecinos, Colombia disfrutaba de un sistema bipartidista que salvó a las instituciones[6].
Lo cierto es que ni el conflicto armado, ni las continuas violaciones de Derechos Humanos variaron la hoja de ruta del relato. Sin duda reforzado con la sucesión de procesos electorales y la Constitución del 91. Texto que aportaba novedosos mecanismos de garantía para la defensa de los Derechos Humanos, la participación, los grupos étnicos y abrió la participación política institucional a los grupos insurgentes. La cláusula del contrato… nada se hará fuera del sistema neoliberal.
Dicho de otra manera, no se alteraría el statu quo. La clase dirigente mantendría sus privilegios, EEUU su influencia, y el modelo desarrollista, extractivista y depredador del que se benefician las multinacionales también permanecería. Por eso quienes alteran dicho equilibrio ponen los muertos. Desde 2016 sigue la sucesión de asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz,y las y los defensores Derechos Humanos y del medio ambiente. Mientras, los administradores de las élites - como es el caso del actual presidente- no dudan en disfrazarse de policías[7] si resulta necesario para expresar su apoyo público a las fuerzas que garantizan dicho orden, aun cuando éstas asesinen días antes a Javier Ordoñez. Por duro que suene: cohabitan la legalidad y la ilegalidad al violarse los Derechos Humanos desde las propias instituciones[8].
Los asesinatos de líderes y lideresas sociales, así como de personas defensoras de Derechos Humanos forman parte de un “genocidio reorganizador”[9]. La continuidad de nefastos episodios en la historia de Colombia como el intento de exterminio de la Unión Patriótica, y la política de “seguridad democrática” del mentor de Duque- la de “los falsos positivos”[10]- tienen el objetivo de romper los vínculos sociales y dificultar la resistencia que se opone al modelo económico que constantemente se quiere imponer[11]. Entre otros aspectos basado en el extractivismo y el mantenimiento del latifundismo, que se mantiene a través del terror si es preciso por parte de quienes forman parte del poder económico y político. Se asesina a personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales porque en ocasiones son tomados como los “últimos vestigios de resistencia” de este modelo contra la vida que las élites tratan de consolidar[12]. Las personas defensoras del medio ambiente conviven en su día a día con las amenazas y ataques contra su integridad física[13], sobre todo los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas[14], y especialmente las mujeres por el hecho de serlo[15]. Pero nada frena a la contestación porque también hay un permanente caldo de cultivo.
Un estudio de la OCDE publicado en 2018 expuso que se necesitan once generaciones en Colombia para que una persona de ‘clase baja’ ascienda a la ‘clase media’[16]. El 25,5% de los jóvenes de la ciudad se encontraban en situación de desempleo en marzo de 2021 - un mes antes del estallido de las protestas - las mujeres superaban el 33 por ciento. En el caso de Cali, el número de hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza pasó de casi un 22 por ciento en 2019 a más de un 36 por ciento en 2020[17]. No ha habido políticas públicas que impidan que las mujeres y las personas afrodescendientes sean las más perjudicadas por la desigualdad. De por sí elevada en Colombia, el 56% de todo el ingreso del país se lo lleva la quinta parte de la población más enriquecida, mientras que apenas el 4 por ciento le corresponde a la población más empobrecida[18]. Las políticas aplicadas por este gobierno han sido grabar los ingresos de los sectores más empobrecidos y aumentar las exenciones tributarias a los más enriquecidos bajo el argumento de crear más empleo a costa de aumentar la competitividad[19] y convertir en estructural la desigualdad. Ello explica que el epicentro de las protestas de la pasada primavera fuera Cali. Donde el índice de Gini pasó en 2017 de un 0,460 a un 0,523 en 2021[20].
A las grandes movilizaciones, se responde con asesinatos como el del estudiante Dilan Cruz, evidencias constantes del uso desmedido de la policía para sofocar la protesta social[21].
Porque ni de los homicidios, ni de la estigmatización se libran ni los niños que son asesinados en un bombardeo[22], calificados por el ministro de Defensa de turno como “máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas”. Pues se trata de una constante para justificar el terror desatado por parte del Gobierno colombiano, y también para desprestigiar toda forma de resistencia o protesta, que en los últimos tiempos ha sido protagonizada por la ciudadanía crítica[23].
En definitiva, la fórmula neoliberal aplicada en Colombia que prometía que el crecimiento económico y las inversiones de las multinacionales resolverían los problemas que ya existían antes de la década de los 90 resulta a todas luces ineficaz. Ha perpetuado la violencia política del Estado, y debilitado la credibilidad en las instituciones[24].
“Matar a un hombre armado es relativamente fácil para quien ya ha asesinado a muchos. Pero incluso al hombre más cobarde le cuesta trabajo justificar el asesinato de uno, de diez o de veinte personas desarmadas. El poder de los paeces reside en su superioridad numérica”, escribió a principios de siglo la periodista Juanita León sobre la resistencia civil en el Valle del Cauca[25]. El mismo poder de la población que en 2022 elegirá a sus representantes y a quien quiere que presida el país. La misma fuerza de aquellas personas víctimas de la desigualdad y luchadoras contra la misma. Aspirantes a desactivar el terror, y activar la esperanza.
[1] Informe Final del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, sobre las cifras de la violencia durante el 2021
https://es.scribd.com/document/549496082/Informe-Final-2021
[2] Documento Lecciones Aprendidas, Paro Nacional Colombia, 2021, Juliette de Rivero, Representante de la Alta Comisionada
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/documentos/10246-documento-lecciones-aprendidas-paro-nacional-colombia-2021-juliette-de-rivero-representante-de-la-alta-comisionada
[3] “Unión Europea-Colombia: ¿quién busca a los desaparecidos?”. Deutsche Welle. 26 de mayo de 2021
https://www.dw.com/ es/uni%C3%B3n-europea-colombia-qui%C3%A9n-busca- a-los-desaparecidos/a-57674213
[4] Somos Defensores (2021). La mala hora: informe anual 2020-mayo de 2021.
https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2021/05/La-mala-hora_informe-anual-2020_esp.pdf
[5] Caruso, L.N; y Beltrán, M.A. (2020). “Estado, violencia y protesta en Colombia en tiempos de pandemia entre la profundización del modelo neoliberal y la disputa de la hegemonía política”. Estados Alterados: reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia. Editores: Carolina Bautista, Anahí Durand, Hernán Darío Ouviña. 1ª ed. - Lanús. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO ; Muchos Mundos Ediciones ; Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe-IEALC.p.63
[6] Giraldo J. (2015). “Política y Guerra sin compasión” en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Ediciones desde Abajo.
[7] “Duque se viste de policía y visita CAI afectados por protestas”. El Tiempo. 15 de septiembre de 2020.
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-visito-cai-destruidos-por-vandalos-538146
[8] Franco Martínez, M.A. (2021). “El Estado Colombiano: un actor paralegal generador de violaciones a los derechos humanos”. Artículo presentado como requisito de grado para la Maestría en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá).
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/19657/Arti%CC%81culo%20El%20Estado%20colombiano%20Martha%20Franco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[9] Castañeda Durán, J. (2021). El genocidio reorganizador en Colombia: el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos como genocidio contra un grupo nacional. Revista Latinoamericana De Derechos Humanos, 32(1). p.4.
https://doi.org/10.15359/rldh.32-1.3
[10] Ariza, E.D. (2021). “COVID-19, estado de excepción, autoritarismo y recrudecimiento de la violencia en Colombia”. Revista Temas Sociológicos N°28. p.189.
[11] Feierstein, D. (2008). El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina. Primera reimpresión. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
[12] Castañeda Durán, J. (2021). “El genocidio reorganizador en Colombia: el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos como genocidio contra un grupo nacional”. Revista Latinoamericana De Derechos Humanos, 32(1). p.20.
https://doi.org/10.15359/rldh.32-1.3
[13] Muñoz, L.; Sanabria, K.; Turriago, A.; y Villarraga, L. (2021) “La situación de las personas defensoras del ambiente en Colombia”. El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. CEPAL, Universidad del Rosario.p.152
[14] Universal Rights Group América Latina & National Committe of e Netherlands (2017). Reporte de consulta regional. Identificando y superando los riesgos, amenazas y desafíos que enfrentan quienes de enden los derechos humanos ambientales en América Latina un enfoque particular en las defensoras y defensores indígenas y rurales.
https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2018/10/DDHA-Reporte-reunion3.pdf
[15] Somos Defensores (2019). Defensores. ¿El juego final? Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos.
[16] Rodríguez, C.; Ortiz, L.S.; Esquivel, J.P. “Desinformación en contextos de polarización social: el paro nacional en Colombia del 21N”. Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, 19 (38) p. 134.
[17] Díaz, H.H. (2021). “Comentarios para una historia crítica del presente. El Paro Nacional de abril de 2021 en Colombia”. Revista Cambios y Permanencias. Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación. Vol.12, Núm. 1. p.636.
[18] Benavides, C.A. y Atanassova, D. (2020). “Paro, paz y pandemia en Colombia”. Alerta global: políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia. CLACSO. p.291
[19] Ariza, E.D. (2021). “COVID-19, estado de excepción, autoritarismo y recrudecimiento de la violencia en Colombia”. Revista Temas Sociológicos N°28. p.203.
[20] Díaz, H.H. (2021). “Comentarios para una historia crítica del presente. El Paro Nacional de abril de 2021 en Colombia”. Revista Cambios y Permanencias. Grupo de Investigación Historia, Archivística y Redes de Investigación. Vol.12, Núm. 1. p.637
[21] Ariza, E.D. (2021). “COVID-19, estado de excepción, autoritarismo y recrudecimiento de la violencia en Colombia”. Revista Temas Sociológicos N°28. p.195.
[22] “La violencia también se ejerce con el lenguaje”. El Espectador. Editorial de 14 de marzo de 2021.
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-violencia-tambien-se-ejerce-con-el-lenguaje/
[23] Botero, L.D. (2021). “Colombia y su proceso de neoliberalismo democrático autoritario”.
Textos y Contextos, 2021. N. 23. p.38.
[24] Botero, L.D. (2021). “Colombia y su proceso de neoliberalismo democrático autoritario”.
Textos y Contextos, 2021. N. 23. p.38.
[25] Juanita León, País de Plomo. (2005). Editorial Aguilar. Colombia.
