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martes 17/5/22
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La peligrosidad que encierra ser activista defensor por los derechos humanos en Colombia, se traduce en los crímenes de los que son víctimas todos aquellos que se resistan a las imposiciones del Estado, que aboguen por el respeto de los pueblos originarios, que defiendan causas nobles como la protección de medio ambiente, o que informen acerca de la violencia con la que los grupos armados arremeten contra las comunidades indígenas. 

El 17 de junio del pasado año este mismo periódico publicaba un artículo en el cual se informaba respecto del asesinato de líderes sociales en Colombia. Promediando el 2021, las cifras del Estudio para el Desarrollo y la Paz confirmaban un total de 74 activistas indígenas víctimas del terrorismo de Estado. “La persecución y el asesinato contra miembros de la comunidad indígenas y líderes sociales se intensificó al iniciarse el período presidencial de Iván Duque, y no necesariamente desde el levantamiento popular que precedió a la huelga que desató los enfrentamientos entre civiles y militares”.

El balance final arroja un número de crímenes mucho más elevado. Según la Defensoría del Pueblo, de enero a diciembre de 2021 fueron asesinados 145 activistas de los derechos humanos; y en lo que concierne al recién iniciado 2022, un total de tres indígenas -entre ellos un niño de 14 años miembro del Resguardo de Las Delicias y defensor ambiental- fueron brutalmente asesinados.

En marzo de 2020 Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas, informó que el Gobierno de Iván Duque le había negado la autorización de entrada al país al país para finalizar el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos

Según la ONG Global Witness, Colombia es el país más peligroso para los ambientalistas. Sesenta y cinco de ellos murieron acribillados por las balas que el gobierno de Iván Duque atribuye al narcotráfico.


Colombia y la violencia que no cesa


Las diferentes organizaciones sociales que desarrollan estudios y estadísticas en base a las denuncias de las comunidades indígenas, han alertado ya que detrás de estos homicidios hay agentes estatales y guerrilleros que, a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016, continúan la lucha armada.

En 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe sobre la situación de los activistas en Colombia. Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas, sostuvo que las personas defensoras de los derechos humanos son asesinadas y violentadas por implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger a sus comunidades. Las defensoras -agregó- son objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataque”.    

Forst detalló además que los defensores de derechos humanos más expuestos tras el Acuerdo de Paz “son los líderes sociales y comunitarios, los étnicos, y sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra".

El relator especial de la ONU alertó además sobre el incremento de ataques contra la libertad de prensa. "Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que trabajan sobre temas de derechos humanos y corrupción están en mayor riesgo, y quienes trabajan en las regiones de Arauca, Cauca, Antioquia y Nariño están más expuestos. En las zonas rurales se ha denunciado un clima generalizado de temor que ha llevado a la autocensura del sector", apuntó.

En marzo de 2020 Michel Forst informó que el Gobierno de Iván Duque le había negado la autorización de entrada al país al país para finalizar el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.
 

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Colombia y el riesgo de defender los derechos humanos