Tres semanas antes de su toma de posesión, Lula recibió el diploma de presidente electo de Brasil por parte del Tribunal Superior Electoral, pronunciando un discurso de gran calado político y pleno de profunda emoción. Dijo: “El pueblo brasileño escogió el amor en vez del odio, la verdad en vez de la mentira, estuvieron en disputa dos visiones de mundo. Un proyecto de reconstrucción del país con amplia participación popular. Y otro de destrucción anclado en una industria de mentiras y calumnias, que jamás se vio a lo largo de nuestra historia". Defendió la democracia, palabra que la usó en 20 ocasiones. Lloró al recordar que recibía el tercer diploma presidencial. Indicó que en pocas ocasiones en la historia reciente de Brasil la democracia estuvo tan en peligro. Además no solo en Brasil: "En América Latina, Europa y Estados Unidos, los enemigos de la democracia se organizan y se mueven. Usan y abusan de los mecanismos de manipulación y mentira, puestos a disposición por las plataformas digitales, que actúan con avaricia y de manera absolutamente irresponsable. La máquina que ataca la democracia no tiene patria ni fronteras”. Por eso, convocó a luchar en las "trincheras de la gobernanza global, a través de tecnologías avanzadas y una legislación internacional más estricta y eficiente". "Nunca renunciaremos a la defensa intransigente de la libertad de expresión, pero defenderemos hasta el final el libre acceso a la información de calidad, sin mentiras y manipulaciones que conduzcan al odio y la violencia política".
Ninguna autoridad del actual gobierno asistió a la ceremonia. Todo indica, decía Lula, que Bolsonaro el 1 de enero no le pasará la banda presidencial a Lula. Actuará como el último presidente de la dictadura militar, el general João Baptista Figueiredo, que se fue por una puerta lateral del palacio y dejó una frase para la historia: “Me esqueçam” (Olvídenme). Efectivamente huyó Bolsonaro, partiendo hacia Florida en el avión presidencial. Todo un paradigma de comportamiento democrático. En su agenda paralela, Bolsonaro pasó el fin de semana en Orlando, Estados Unidos, donde repartió su tiempo entre su placer por el pollo frito y fotos con seguidores, lejos de Planalto. Se hospedó en una lujosa mansión que pertenecería a José Aldo da Silva, un luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA).
Será difícil olvidar esta pesadilla del gobierno de Bolsonaro (2019-2022), que recuerda a Tierra en transe (1967), un film clásico de Glauber Rocha (1939-1981), que presenta a la clase dominante en una especie de delirio colectivo autoritario y violento, en el período de implantación de la dictadura militar (1964-1985) en Brasil, en el ficticio país de Eldorado. Un Brasil siempre latente, que resurge tras un período de construcción de una sociedad menos desigual y de estructuras institucionales de un Estado democrático de derecho con los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Según cuenta la revista argentina Anfibia, entre 2019 y 2022 volvemos a encontrarnos con un estrato, que ocupa el poder del Estado para destruir los fundamentos democráticos y jurídicos de un Estado de derecho. Se establece una particular base social fundada en el moralismo religioso fundamentalista, en el goce por la violencia, en la misoginia, en los valores militares y en la destrucción de la Amazonia. Esta generación de generales retirados, formados en las escuelas militares durante la Dictadura, ocupó 6.000 puestos centrales del gobierno y de la estructura del Estado brasileño. Bolsonaro dio un conjunto de beneficios a uniformados de alto rango, incluida la posibilidad inconstitucional, a través de una acumulación de remuneraciones, de recibir sueldos mayores que el Presidente de la República y los ministros del Tribunal Supremo Federal. También beneficios más extraños: la compra de millares de frascos de viagra, centenares de prótesis penianas, o incluso centenares de kilos de los mejores cortes de carne. Como muestra de la catadura moral de este personaje sirva el siguiente hecho. Solo puede salir de una mente enferma. La necropolítica de Mbembe tuvo su versión absolutamente más cruda durante la pandemia. En uno de los picos de casos de COVID en Manaos, capital del estado de Amazonas, se produjo una crisis de oferta de oxígeno. No se conocen los números exactos, pero millares murieron por falta de aire. Una crisis anunciada por los hospitales que advertían la dificultad de reponer los stocks de oxígeno. El ministro de Salud, un general retirado, no hizo nada. El presidente fue a la televisión e, interrogado sobre el problema, se burló de las muertes haciendo una imitación caricaturesca de alguien que se asfixia. Más tarde, interrogado sobre su gesto, respondió: “Pô, não pode nem brincá” (Mierda, ni siquiera puedo hacer un chiste).
Vox no ha condenado el asalto al Congreso Nacional de Brasil. Era previsible. En estos momentos todos los partidos demócratas deben defender la democracia
Lula nos hizo una advertencia muy clara. La democracia no podemos darla por conquistada ni es eterna. La democracia cuesta mucho conseguirla y muy poco perderla. En España tenemos experiencia de ello. Poco ha, se produjo la detención de 25 presuntos terroristas de extrema derecha, a los que se atribuye la planificación de un golpe de Estado en Alemania. Los arrestados, Ciudadanos del Reich, de ideología neonazi, pretendían tomar por las armas el Parlamento, secuestrar a los diputados, formar un Gobierno militar de transición y desmontar las instituciones de la República Federal. Vinculados con el movimiento QAnon, promotor de delirantes teorías conspiratorias, las semejanzas del complot con el asalto al Capitolio de Estados Unidos son claras. Que dos de los países más avanzados del mundo, Estados Unidos y Alemania, se enfrenten a estos hechos es una prueba de los peligros para la democracia. Entre los sospechosos hay antiguos oficiales del Ejército, un expolicía, una juez y exdiputada del partido ultra Alternativa por Alemania (AfD) Birgite Malsack. La infiltración de neonazis en las instituciones del Estado son evidentes. ¿Existe en España infiltración de la extrema derecha en sectores del Ejército, Policía, Justicia, Política y Medios? Si existe, los peligros son claros. Avisados estamos, no vayamos a retornar a periodos tenebrosos de nuestra historia.
¡Ah! Se me olvidaba. Cabe recordar un hecho reciente ocurrido en enero de 2022. Atónitos y sobrecogidos pudimos ver al asalto a otra institución básica de nuestra democracia, un ayuntamiento, el de Lorca. Cuando se iba a celebrar un pleno, que tuvo que ser suspendido. Esparcir bulos sirvió para alentar este ataque a quienes nos representan, lo cual es el inicio de un camino cuesta abajo que nos arrastra irremisiblemente a una ciénaga donde podemos perderemos todos. Según El Plural de 2 de febrero, el concejal de Seguridad de Lorca (Murcia), José Luis Ruiz, en Al rojo vivo dijo que en las imágenes se aprecia que «la intrusión en el edificio fue fruto de una organización» y puede verse «al menos dos personas de Nuevas Generaciones del Partido Popular», y en la reunión del viernes anterior a la concentración «había 6 o 7 concejales del PP».
Concluyo, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Vox no ha condenado el asalto al Congreso Nacional de Brasil. Era previsible. En estos momentos todos los partidos demócratas deben defender la democracia y no utilizar lo ocurrido en Brasil de una manera torticera y perversa, como hace el PP, mas este partido ya supera el límite de lo razonable, siendo un partido que ha gobernado y espera gobernar en España. Mas, para él cualquier ocasión es propicia, para atacar el Gobierno. El poder le pertenece. En su primer tuit tras los sucesos, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondía al tuit de condena de Sánchez diciendo: "Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público…en referencia a las recientes reformas del Código Penal impulsadas por el Gobierno, que no implican un cambio en el delito de rebelión, que sigue vigente en España y que castiga a quienes “se alzaren violentamente y públicamente para cualquiera de los fines siguientes”, como “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “sustituir por otro el Gobierno de la nación”. Para estas acciones se prevén penas de hasta 30 años de prisión.
