Acusan al presidente argentino de inducir al suicidio de un fiscal

@jgonzalezok | Horas después de que un fiscal argentino pidiera 12 años de cárcel para Cristina Kirchner, actual vicepresidente de la República y dos veces presidente, entre 2007 y 2015, Alberto Fernández hizo unas muy polémicas declaraciones en las que afirma que espera que el fiscal Luciani no se suicide, como ocurrió con Alberto Nisman. El presidente hacía referencia al fiscal de la causa AMIA -el atentado de 1994 contra una asociación de la colectividad judía, que causó 22 muertos-, encontrado sin vida y con un tiro en la cabeza horas antes de presentar al Congreso graves acusaciones contra Cristina Kirchner. 

“Ayer (por el miércoles 24), señor Presidente, usted cruzó un límite”, señaló el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial que encabeza las encuestas, añadiendo que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. La coalición opositora Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde afirman que las palabras del presidente son una amenaza velada a la seguridad de Luciani, añadiendo: “No puede haber más impunidad ni más muertos por razones políticas, ideológicas o por querer buscar el legítimo deseo de verdad y justicia”. Y exigió que el gobierno garantice en forma absoluta la integridad física de los jueces y fiscales que están llevando adelante causas que involucran a Cristina Kirchner. 

Coalición Cívica, partido que integra la opositora Juntos por el Cambio dio un paso más, anunciando que denunciará al presidente “por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso” al fiscal y a los jueces del tribunal donde se ventila causa contra la vicepresidenta. 

El jefe de los fiscales Eduardo Casal convocó a Luciani y su adjunto en la causa en la que se acusa a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita, para darles un respaldo institucional. Y la asociación de fiscales, que le recordaron al presidente el artículo 109 de la Constitución, que dice que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Para los fiscales, este artículo debería llevar al presidente a respetar la división de poderes y a entender que, a diferencia del ciudadano común, no debe tener ninguna injerencia “a través de críticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo”. 

Juntos por el Cambio exigió que el gobierno garantice en forma absoluta la integridad física de los jueces y fiscales

Las palabras exactas del presidente en un programa de televisión fueron: “Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… miren, hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”. 

El fiscal le respondió al presidente, recordándole que no debe olvidar que representa a toda la ciudadanía, añadiendo: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad (Aníbal Fernández)”. 

Tras el escándalo por sus declaraciones, la explicación que ensayó el presidente pasó por afirmar que se habían malinterpretado sus palabras. Ciertamente, Fernández respondió a una pregunta de si temía que le pasara a Luciani lo mismo que a Nisman, lo que de alguna manera podía inducir una respuesta. Pero la respuesta correcta hubiera sido un no rotundo. En el mejor de los casos representa una torpeza política inédita en una persona que tantos años de experiencia. Porque, además, aprovechó para insistir en que el fiscal Nisman se había suicidado: “Mi respuesta puso en crisis un relato de sectores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio y hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa”. La portavoz del gobierno, Gabriela Cerrutti, culpó a los periodistas que le hicieron la entrevista donde el presidente habló de Nisman y Luciani.

Pero el presidente tiene un problema de archivo. “Nadie en Argentina piensa que Nisman se ha suicidado”, dijo en una entrevista televisiva hace años, cuando estaba distanciado de Cristina Kirchner, añadiendo que la primera que no cree que se hubiera suicidado era Cristina. En abril de 2015 también publicó una columna de opinión en el diario La Nación, donde señalaba: “La presidenta dijo inicialmente que se trataba de un suicidio. Casi inmediatamente se corrigió y aseguró que estábamos ante un asesinato del que no tenía pruebas, pero sobre el que no tenía dudas. Agregó algo más, la causa de ese asesinato era una disputa entre servicios de inteligencia que, sin duda, dependían de ella. Una sola conclusión debería sacarse de tamañas afirmaciones. Según la presidenta a Nisman lo mataron los servicios de inteligencia que dependían de ella”. 

Luis D´Elía, que integra el oficialismo, instó a sus militantes a un piquete enorme: ‘Se viene un tiempo de confrontación con la oligarquía y el imperio en todo el país’

Un par de meses antes de este artículo Alberto Fernández participó de la impresionante marcha en Buenos Aires conocida como la “marcha del silencio” o “de los paraguas” (se desarrolló bajo una lluvia torrencial, lo que le añadió dramatismo), impulsada por los fiscales como homenaje a Nisman. 

El giro de 180 º en la posición del presidente tiene que ver con su reconciliación política con Cristina Kirchner, que en 2019 le permitió convertirse en candidato y presidente, aunque a estas horas sea meramente decorativo. Sobre su afirmación de que no hay nada en la Justicia que sustente el asesinato de Nisman, no es cierto. La última pericia, efectuada por la Gendarmería y cuyos resultados se conocieron en septiembre de 2017, llegó a la conclusión de que se trató de un homicidio, por el que están procesados cuatro de los custodios del fiscal y un colaborador, Diego Lagomarsino -propietario del arma que le causó la muerte- y que afirma que el fiscal se la había pedido para su protección. El expediente judicial afirma que el fiscal fue sedado con ketamina, un anestésico de uso veterinario, y ejecutado por al menos dos personas: una que lo sostenía con su rodilla derecha en el suelo y la segunda que le habría disparado en la cabeza. Las manos del fiscal, además, no tenían restos de pólvora. 

Las acusaciones por corrupción contra Cristina Kirchner -para la que el fiscal pidió 12 años de cárcel- está provocando una movilización general de la militancia. El Partido Justicialista se declaró en estado de alerta y se descuenta que habrá una gran marcha de apoyo. Luis D´Elía, que integra el oficialismo, instó a sus militantes a un piquete enorme, por tiempo indeterminado: “Se viene un tiempo de confrontación con la oligarquía y el imperio en todo el país. Esto no se resuelve con marchitas espasmódicas. Se resuelve con un plan de lucha racional, en el cual tengamos que tener permanencia en las calles (…) Vamos contra la Corte, el lawfare y por la libertad de Cristina”.

Entretanto, el país sigue hundiéndose económica y socialmente, a pesar del nombramiento de un nuevo superministro de Economía. La perspectiva es que el año termine con una inflación próxima a los tres dígitos y en ningún caso por debajo del 80 %. Lo que significa más pobres y más inestabilidad.