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miércoles. 08.02.2023

El ‘caso Nisman’ sigue empantanado dos años después de su muerte

Todavía no se sabe oficialmente si fue asesinado o se suicidó, después de un lamentable trayecto del caso en la Justicia.

nisman

Respecto a los posibles autores materiales del asesinato, nadie duda de que se trata de un crimen de Estado y que tiene que ver con la causa que estaba investigando (atentado de la AMIA) y la acusación contra el gobierno anterior

@jgonzalezok | Se cumplen dos años de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman -que investigaba el atentado de la mutual judía AMIA y que se disponía a acusar a la presidente de entonces, Cristina Fernández, por encubrir a los sospechosos-, sin que la Justicia haya establecido todavía si se trató de un asesinato o un suicidio. El caso fue un gran escándalo que alcanzó dimensiones que sobrepasaron las fronteras del país.

Era el 18 de enero de 2015 cuando se conoció la terrible noticia de la muerte de Nisman, que cuatro días después iba a informar al Congreso sobre su acusación contra la presidente y otros miembros del gobierno. El país enfrentaba el último tramo de la presidencia de Cristina Fernández, que dejaría el poder once meses después. Y el gobierno y todo su poderoso equipo mediático se encerró en desligarse de la muerte del fiscal y, sobre todo, en tratar de desacreditarlo.

El caso fue un escándalo internacional, no solo porque afectaba a la investigación del mayor atentado que había sufrido Argentina en toda su historia, el 18 de junio de 1994 y en el que murieron 85 personas. También por la acusación que había lanzado el fiscal contra el gobierno, en la persona de la presidente y de alguno de sus colaboradores, a los que imputó haber armado un plan para encubrir a los sospechosos, miembros del gobierno iraní.

Dos años después, y cuando parecía que el caso había embarrancado definitivamente, las ruedas de la Justicia se han puesto de nuevo en marcha. El cambio de gobierno, en diciembre de 2015, fue fundamental para destrabar las investigaciones. Hay que recordar que cuando el fiscal Gerardo Pollicita decidió dar curso a la denuncia de Nisman contra la presidente, un mes después de su asesinato, se encontró con que el juez Daniel Rafecas desestimaba la denuncia solo 13 días después, sin tiempo material para estudiar el expediente, que incluía 14.000 hojas y 40.000 audios. Las apelaciones posteriores se encontraron con jueces y fiscales de decidida militancia kirchnerista que cerraron el caso.

El presidente Mauricio Macri se mostró esperanzado en que la Justicia establezca en un plazo razonable tanto las circunstancias de la muerte del fiscal como la denuncia contra la ex presidente, Cristina Fernández. Lo cierto es que hasta que se produjo el cambio de gobierno, hace poco más de un año, no se pudo avanzar en ninguna de las dos cuestiones. Desde entonces, las principales novedades del caso son las siguientes:

  • Se cree que la muerte de Nisman no se produjo el domingo, 18 de enero, cuando se difundió la noticia, sino un día antes.
  • El gobierno de Mauricio Macri ordenó desclasificar todos los archivos de organismos como los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.
  • La Corte Suprema decidió el pasado 20 de septiembre que el caso pasara a la justicia federal, no la ordinaria, como corresponde a un caso de tal envergadura institucional. Esto avala la tesis del homicidio frente a la del suicidio.
  • Se estableció que la denuncia del fiscal contra la presidente, otros funcionarios y aliados políticos, era “plausible, verosímil y coherente”.
  • Se cruzarán más de 56.000 llamadas telefónicas de varios de los acusados por Nisman, incluyendo a la ex presidente, Cristina Fernández, el ex jefe del Ejército, general César Milani, el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández y otros.
  • La primera fiscal del caso, Viviana Fein, y el secretario de Seguridad del gobierno anterior, Sergio Berni, han sido acusados por no haber seguido los protocolos para preservar las pruebas y se investiga si forman parte de un plan para encubrir el móvil del hecho. El fiscal considera que hay “innumerables” muestras de pruebas contaminadas, algunas “con intencionalidad”.
  • Las actas del operativo en la escena del crimen discrepan con el contenido de los vídeos del mismo.
  • Una junta interdisciplinaria de expertos elaborará un informe, que se conocerá en febrero, después de analizar nuevamente los elementos de prueba.
  • Se investiga si hubo una zona liberada alrededor del escenario del crimen, cosa que solo sería posible con la colaboración de la policía federal y la prefectura naval, fuerza que actúa en el barrio de Puerto Madero.
  • Se acaba de saber que uno de los acusados por Nisman, Fernando Esteche, recibió fondos iraníes para pagar una fianza y salir de la cárcel en 2007.
  • El ex vicecanciller del gobierno kirchnerista Roberto García Moritán dijo no tener duda de que el memorándum de entendimiento firmado entre Irán y Argentina el 27 de enero de 2013 en Addis Abeba (Etiopía), perseguía la impunidad de los presuntos responsables del atentado contra la AMIA.

Respecto a los posibles autores materiales del asesinato, nadie duda de que se trata de un crimen de Estado y que tiene que ver con la causa que estaba investigando (atentado de la AMIA) y la acusación contra el gobierno anterior. La ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, declaró al diario Perfil que se trata de un magnicidio “sin precedentes en la historia democrática de nuestro país” y expresó su convencimiento de que Diego Lagomarsino, teóricamente asesor informático del fiscal y que facilitó el arma con la que murió, fue partícipe de la muerte. Se sospecha que Lagomarsino trabajaba también para los servicios secretos.

La ex esposa de Nisman no quiso hacer una acusación directa de asesinato al gobierno de Cristina Fernández, pero sí habló del papel que jugó antes y después de su muerte, al convertir a Nisman “en el ejemplo y muestra viviente de lo que le podía pasar a cualquier otro miembro del Ministerio Público Fiscal o Poder Judicial que intentara cumplir con su deber de investigar penalmente al poder vigente”.

Jaime Stiuso, el ex jefe operativo de dichos servicios, apuntó en su declaración ante la Justicia contra “allegados al gobierno de los Kirchner”, en concreto de un grupo iranivenezolano que habría contado con el apoyo local del líder de Quebracho –una oscura organización violenta infiltrada por los servicios secretos- y del piquetero Luis D´Elía. Ambos están acusados por Nisman en base a las escuchas telefónicas que los deja muy expuestos.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, seriamente cuestionada por su declarada militancia kirchnerista, no solo no está prestando ningún apoyo al actual fiscal de la causa; por el contrario, ascendió a los empleados de la fiscal Fein, la primera que se encargó del caso y que hoy está jubilada.

El ‘caso Nisman’ sigue empantanado dos años después de su muerte
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