Parece bastante probable que la duración de la legislatura no permita derogar la LOMCE y menos aún realizar propuestas de modificaciones que apuesten por la equidad en los resultados, más allá de los porcentajes del PIB para la financiación
En muchas ocasiones he reiterado que sin eliminar el artículo 2bis de la LOMCE, es muy difícil encarrilar la enseñanza pública y abandonar el camino de la privatización. Si va a derogarse por completo, va a desaparecer este artículo pero hay que advertir y reclamar que no continúe en próximas redacciones. Es fundamental para el cambio de modelo, para mantener como fundante de las leyes educativas el derecho a la educación. No en vano en muchos tratados sobre derechos humanos, el derecho a la educación es primordial porque es el derecho fundamental que garantiza poder ejercer los otros derechos. Es difícil poder disfrutar de los derechos civiles, políticos, económicos o culturales sin un mínimo de educación Cobra un significado especial, implica responsabilidades del Estado más allá de tal o cual política pública, porque es exigible que toda la ciudadanía pueda adquirir las capacidades que permiten ejercer todos los derechos.
El derecho a la educación forma parte de la estructura jurídica internacional y de nuestro país, forma parte de esa interdependencia con los otros derechos humanos, puede garantizar la existencia de la democracia, la cultura de paz o la protección del medio ambiente. Esto se garantiza desde los poderes públicos o se transforma en una mercancía que se compra y se vende, pasando a formar parte de los bienes que generan desigualdades.
LOMCE: Art 2bis 1. A efectos de esta ley orgánica se entiende por Sistema Educativo Español el conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio público de la educación en España, y los titulares del derecho a la educación, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo.
Consagrando la injerencia del mundo privado en funciones de regulación se privatiza un servicio público donde no sólo se ejercen la financiación o la prestación del servicio. En el fondo es una de las mejores demostraciones de las políticas neoliberales de la derecha española. Se modifica el modelo social del Estado del Bienestar, porque aparecen otros agentes que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio.
Es necesario combatir no sólo la visión neoliberal que prioriza la libertad de enseñanza por encima del derecho a la educación sino también la concepción asistencial de la enseñanza pública.
“No se trata sólo de personas con necesidades, que reciben beneficios asistenciales o prestaciones fruto de la discrecionalidad, sino titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir del Estado ciertos comportamientos” [i].
La segunda cuestión es la Formación Profesional Básica, que consagra uno de los itinerarios más segregados del sistema, proponiendo al alumnado una salida “profesional” en falso. Porque se trata de una titulación de 2000 horas, cursada durante dos años, con asignaturas no profesionales (lengua, matemática, sociales, etc.) que sobrecargan justamente con lo que no les interesa. Todo ello para obtener una cualificación de nivel 1, la más baja, con diseños altamente polivalentes, donde se mezclan familias profesionales para formar chico o chica para todo, unas viejas formas de esclavitud. Invento maligno del ministro Wert para conseguir fondos europeos destinados a evitar el abandono escolar temprano. Todo ello sin evaluar con seriedad lo ya realizado, cuando ya existen algunos estudios que muestran un fracaso altísimo (poco acceso y malos resultados).
El modelo anterior era el de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que facilitaban la obtención de un Certificado de Profesionalidad en el primer año, acompañado de un módulo de competencias básicas que indicaba el camino para, de forma voluntaria, el segundo año se pudiera obtener el título de la ESO. No es necesario que se vuelva a un modelo idéntico, se pueden revisar otras opciones. Lo que no se puede es mantener al alumnado en el sistema educativo con opciones ineficaces y segregadas que alimentan las desigualdades. Los fondos europeos tienen que servir para dotar de recursos y acciones efectivas durante toda la etapa de enseñanza secundaria obligatoria, para conseguir la mayor cuota posible de compensación de desigualdades. Los centros educativos han desarrollado y pueden implantar otras medidas de atención a la diversidad, planteando innovaciones viables y comprometidas con la justicia social. Esperemos que el gobierno socialista no mantenga estas vías que corresponden a un modelo nada equitativo y bastante pernicioso socialmente.
No es necesario detallar las consecuencias en las plantillas de profesorado porque este medio no es sólo para docentes, pero advertir sobre la necesidad de reflexionar seriamente sobre los perfiles profesionales necesarios para asumir un cambio de modelo educativo, un sistema educativo pensado para formar una ciudadanía real, para apuntalar un desarrollo humano integral, con miras a una sociedad cohesionada. Han pasado demasiados años desde que el objetivo del aprendizaje a lo largo de la vida existe en Europa sin que se incorpore efectivamente, potenciando las capacidades que favorecen disponer de las herramientas que hacen posible ese futuro. Sin esas capacidades, con los cambios vertiginosos de la ciencia y la tecnología, con las transformaciones del mundo del trabajo, la exclusión social queda sellada como inevitable.
Por desgracia, parece bastante probable que la duración de la legislatura no permita derogar la LOMCE y menos aún realizar propuestas de modificaciones que apuesten por la equidad en los resultados, más allá de los porcentajes del PIB para la financiación, que son el punto de partida prioritario para superar los recortes
[i] Scioscioli, S (2014): El derecho a la educación como derecho fundamental y sus alcances en el derecho internacional de los derechos humanos JOURNAL OF SUPRANATIONAL POLICIES OF EDUCATION, nº2, pp. 6-24 citando a Abramovich (2004)
